37899 D I R E C C I O N E S P A R A E L D E S A R R O L L O Infraestructura Infraestructura en América Latina y el Caribe Acontecimientos recientes y desafíos principales Marianne Fay y Mary Morrison infra.indd 2 20/03/2007 05:15:10 p.m. infra.indd 10 20/03/2007 05:15:11 p.m. Marianne Fay y Mary Morrison Infraestructura en América Latina y el Caribe Acontecimientos recientes y desafíos principales infra.indd 3 20/03/2007 05:15:10 p.m. The findings, interpretations, and conclusions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the Executive Directors of The World Bank or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this volume do not imply any judg- ment concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. Los hallazgos, interpretaciones y conclusiones expresados aquí son los del (los) autor (es) y no reflejan necesariamente las opiniones de los directores del Banco Mundial, o de los gobiernos que ellos repre- sentan. El Banco Mundial no garantiza la exactitud de los datos incluidos en este trabajo. Las fronteras, los colores, los nombres y otra información expuesta en cualquier mapa de este volumen no denotan, por parte del Banco, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los territorios, ni aprobación o aceptación de tales fronteras. This work was originally published by The World Bank in English as Infraestructure in Latin America and the Caribbean. Recent Developments and Key Challenges in 2007. In case of any discrepancies, the original language will govern. Publicado originalmente en inglés como: Infraestructure in Latin America and the Caribbean. Recent Developments and Key Challenges por el Banco Mundial en 2007. En caso de discrepancias, prima el idioma original. © 2007 The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank © 2007 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial 1818 H Street, NW Washington, DC 20433, USA Todos los derechos reservados Para esta edición: © 2007 Banco Mundial en coedición con Mayol Ediciones S.A. mayolediciones@etb.net.co, Bogotá, Colombia ISBN 978-958-8307-13-8 Traducción al castellano: Banco Mundial Coordinación editorial: María Teresa Barajas S. Edición y diagramación: Mayol Ediciones S.A. Impreso y hecho en Colombia - Printed and made in Colombia infra.indd 4 20/03/2007 05:15:11 p.m. Contenido Agradecimientos xi Siglas xiii Resumen 1 Las mejoras de la infraestructura han sido modestas en América Latina y el Caribe durante el pasado decenio 3 La participación privada no compensó el retroceso público 5 Primer mensaje: La región debe gastar más en infraestructura 8 Segundo mensaje: La región debe también gastar mejor 10 Tercer mensaje: El Estado debe ocupar un lugar central en la prestación de servicios de infraestructura 12 Cuarto mensaje: Es imprescindible la participación del sector privado, pero para atraerlo de nuevo es preciso aprender del pasado 14 Hacer frente a los desafíos y establecer prioridades 15 1 La infraestructura en América Latina y el Caribe progresa, pero no lo suficiente 17 La cobertura y la calidad han mejorado, pero con lentitud 17 El lento progreso de la infraestructura conlleva un deterioro del crecimiento y la competitividad 21 Las deficiencias de la infraestructura son también un obstáculo en la lucha contra la pobreza y la desigualdad 27 2 El problema: Mejora insuficiente en la gestión de unos recursos demasiado escasos 31 La inversión privada no ha compensado los recortes públicos 32 El rechazo de la participación privada no está del todo justificado 38 El gobierno debe desempeñar funciones fundamentales: Reglamentación, recuperación de costos y redistribución 49 infra.indd 5 20/03/2007 05:15:11 p.m. vi Infraestructura en América Latina y el Caribe 3 Principales desafíos de la infraestructura en la región 61 Aumentar la rentabilidad social y económica 61 Gestionar con mayor eficacia la privatización y otras formas de participación privada 69 Establecer nuevas fuentes de financiamiento 78 Apéndice A 97 Cobertura y calidad de la infraestructura en América Latina y el Caribe 97 Transporte 97 Telecomunicaciones 99 Energía 104 Abastecimiento de agua y saneamiento 107 Apéndice B 115 Necesidades de inversión en infraestructura 115 Fijación del objetivo que servirá como orientación para determinar las necesidades de inversión 115 Cálculo del costo necesario para que América Latina y el Caribe alcancen un nivel de cobertura de la infraestructura productiva semejante al de Corea 117 Cobertura universal de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad 119 Atención de la demanda de servicios de infraestructura de empresas y particulares 120 La suma total 121 Apéndice C 125 Cuadro C.1 Inversión en infraestructura en América Latina, 1980-2001 125 Referencias 127 infra.indd 6 20/03/2007 05:15:11 p.m. Contenido vii Cuadros 1.1 Cobertura de la infraestructura en América Latina y el Caribe, China y otros países de ingreso mediano 18 1.2 Disponibilidad de agua corriente en las zonas urbanas y rurales de varios países de América Latina, por quintil de gasto 21 1.3 Aumentos potenciales del crecimiento del PIB per cápita en varios países de América Latina, gracias a las mejoras en la cantidad y calidad de la infraestructura 24 1.4 Reducciones potenciales de la desigualdad (coeficiente de Gini) en varios países de América Latina, como consecuencia de las mejoras en la cantidad y calidad de la infraestructura 29 2.1 Cambios en la inversión pública y el saldo fiscal y contribuciones al ajuste fiscal en varios países de América Latina, 1995-98 en comparación con 1980-84 34 2.2 Tarifas residenciales del agua y niveles de recuperación de costos, por grupo de ingreso y región 54 2.3 Tarifas residenciales de la electricidad y niveles de recuperación de costos, por grupo de ingreso y región 56 3.1 Principales riesgos de los proyectos de infraestructura en los mercados emergentes 74 A.1 La densidad vial en América Latina y el Caribe es mucho menor que en los países de ingreso mediano o en China 98 A.2 Calidad de las carreteras en algunos países de América Latina y el Caribe, según evaluaciones gubernamentales 99 A.3 Abonados al servicio telefónico en América Latina y el Caribe, por 1.000 personas 101 A.4 Hogares con acceso a la electricidad 105 A.5 Fuentes mejoradas de abastecimiento de agua en América Latina y el Caribe 109 A.6 Instalaciones mejoradas de saneamiento en América Latina y el Caribe 111 A.7 PIB per cápita en PPA 112 A.8 Países incluidos en América Latina y el Caribe y en el grupo de países de ingreso mediano 113 B.1 Diferentes planteamientos para estimar las necesidades de gasto en infraestructura: El ejemplo de México 116 B.2 ¿Cuánto se necesitaría para que América Latina y el Caribe alcanzaran niveles de infraestructura por trabajador semejantes a los de Corea? 118 infra.indd 7 20/03/2007 05:15:11 p.m. viii Infraestructura en América Latina y el Caribe B.3 Inversiones necesarias para alcanzar la cobertura universal de los servicios de abastecimiento de agua, electricidad y saneamiento en América Latina para el año 2015 119 B.4 Inversión necesaria en 2005-15 para atender la demanda de las empresas y los particulares 120 B.5 Costo de las inversiones necesarias para que América Latina y el Caribe alcancen niveles de cobertura de la infraestructura por trabajador semejantes a los de Corea 122 B.6 Inversión anual estimada necesaria para alcanzar el acceso universal al abastecimiento de agua, el saneamiento y la electricidad en América Latina y el Caribe para el año 2015 124 C.1 Inversión en infraestructura en América Latina, 1980-2001 125 Gráficos R.1 América Latina ha perdido terreno con respecto a los tigres de Asia oriental, China y los países de ingreso mediano 4 R.2 Déficit primario e inversión pública en infraestructura en América Latina 5 R.3 Entrevistados que opinan que la privatización ha sido beneficiosa 6 1.1 Empresas que consideran que la infraestructura representa un grave problema, desglosadas por región 25 1.2 Aumento de la productividad resultante de una mejora del 20% en determinadas variables del clima para la inversión en varios países de América Latina y en Indonesia 27 2.1 Inversión total, pública y privada en infraestructura en ocho grandes países de América latina, 1980-2001 33 2.2 Formas de participación privada en la infraestructura en América Latina y el Caribe, 1990­2003 35 2.3 Formas de participación privada en la infraestructura en América Latina y el Caribe, 1990-2003 38 2.4 Población que manifestó su descontento con las privatizaciones de la infraestructura en varios países de América Latina, 1998 y 2004 39 3.1 Hogares urbanos con problemas de asequibilidad, con diferentes niveles de costos mensuales, desglosados por país 80 A.1 Líneas de telefonía fija, por 1.000 personas 100 infra.indd 8 20/03/2007 05:15:11 p.m. Contenido ix A.2. Teléfonos móviles, por 1.000 personas 102 A.3 Averías de teléfonos registradas, por 100 líneas 103 A.4 Líneas fijas, por empleado de telecomunicaciones 103 A.5 Usuarios de Internet, por 1.000 personas 104 A.6 Capacidad de generación de electricidad, medianas desglosadas por región 106 A.7 Pérdidas de transmisión y distribución de energía eléctrica 107 A.8 Población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, 2002 108 A.9 Población con acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento, 2002 110 Recuadros 1.1 Infraestructura, productividad y crecimiento: qué dicen las publicaciones 22 2.1 Ritmo desigual de la reforma de la infraestructura en los distintos sectores 36 2.2 Ejemplos de conflictos sobre concesiones inducidos por los gobiernos 44 2.3 Fracasos encubiertos y gestión de la opinión pública: Explicaciones del descontento social con la privatización 47 2.4 Incremento de tarifas de los servicios domiciliarios de abastecimiento de agua en Colombia 60 3.1 Programa piloto de ayuda basada en la producción para ampliar la cobertura del abastecimiento de agua en Paraguay 64 3.2 Proyectos de caminos rurales en Perú 67 3.3 Servicio de liquidez de la OPIC para proteger los bonos de Brasil frente al riesgo cambiario 83 3.4 Garantía parcial de riesgos de la IFC para la emisión de bonos de Triple A, Colombia 84 3.5 Recurrir a los fondos de pensiones para el financiamiento de la infraestructura en Chile 88 3.6 Mejores y peores prácticas con valor significativo de clasificación para la gestión financiera de los gobiernos locales 91 3.7 Paranacidade: Vinculación entre financiamiento municipal y fortalecimiento de la capacidad 95 3.8 Financiamiento en moneda local de las necesidades de infraestructura subnacional de México 96 infra.indd 9 20/03/2007 05:15:11 p.m. infra.indd 10 20/03/2007 05:15:11 p.m. Agradecimientos El presente informe forma parte de una iniciativa conjunta del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo es examinar las cuestiones relacio- nadas con la infraestructura en América Latina y el Caribe. En el contexto de dicha iniciativa, se han encargado documentos de antecedentes sobre temas acerca de los cuales se requería mayor información ­en particular, el espacio fiscal, la recuperación de costos, el financiamiento y el descontento de la opinión pública con la participación privada­, y estudios sobre países concretos. Asimismo, los días 6 y 7 de junio de 2005 se celebró una conferencia sobre el tema "Diagnóstico y desafíos de la infraestructura económica en América Latina", en la que se examinaron las conclusiones provisiona- les del informe. Agradecemos sinceramente el apoyo financiero recibido del gobierno italiano para estas actividades. La publicación de este informe ha sido posible gracias a una donación del Ser- vicio de Asesoramiento para Infraestructura Pública y Privada (Ppiaf), entidad de asistencia financiera promovida por varios donantes con el fin de ayudar a los países en desarrollo a mejorar la calidad de su infraestructura a través de asociaciones entre el sector público y el privado (puede encontrarse más información en http://www. Ppiaf.org). Este informe se dio a conocer públicamente en agosto de 2005. En abril de 2006, antes de su impresión, se introdujeron pequeñas correcciones de estilo, actualizacio- nes y otras modificaciones. Marianne Fay y Mary Morrison (Banco Mundial) son las autoras principales del informe, que ha contado también con la estrecha colaboración de Nicolas Peltier- Thiberge (Banco Mundial) y de Paulina Beato y Juan Benavides (Banco Interameri- cano de Desarrollo). El equipo desea agradecer las observaciones y aportaciones de Luis Alberto An- drés, Antonella Bassani, Susan Goldmark, Abhas Jha, Ellis Juan, Demetrios Papa- thanasiou, Guillermo Perry, Manuel Schiffler, Jordan Schwartz, Adam Schwartzman, infra.indd 11 20/03/2007 05:15:11 p.m. xii Infraestructura en América Latina y el Caribe Tomás Serebrisky, Sophie Sirtaine, Rob Stevens, Carlos Vélez, Eloy Vidal y Tito Ye- pes. Paul Holtz editó el informe y Julieta Abad se encargó de la producción. Las autoras desean también manifestar su agradecimiento a César Calderón, An- tonio Estache, Vivien Foster, Luis Guasch y Luis Servén, cuyos estudios se han utili- zado ampliamente en el presente informe. infra.indd 12 20/03/2007 05:15:11 p.m. Siglas BID Banco Interamericano de Desarrollo BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento FMI Fondo Monetario Internacional GPR Garantía parcial contra riesgos IFC* Corporación Financiera Internacional OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OPIC* Sociedad de Inversiones Privadas Extranjeras PIB Producto interno bruto PIM País de ingreso mediano PPI Participación privada en la infraestructura PPP* Asociación entre el sector público y el privado PRGF* Servicio de garantía parcial frente a riesgos TBC Tarifa por bloques crecientes * Por sus iniciales en inglés. infra.indd 13 20/03/2007 05:15:11 p.m. infra.indd 14 20/03/2007 05:15:11 p.m. Resumen El presente informe tiene como tema la infraestructura en América Latina y el Ca- ribe y las extraordinarias transformaciones que ha conocido en los últimos 15 años. En él se describe una historia de falsas esperanzas y expectativas frustradas sobre la participación del sector privado, así como el progreso conseguido y las enseñanzas aprendidas. Se presenta también el panorama de una región de ingreso mediano-alto donde la cobertura de la infraestructura ha caído por debajo del promedio de los paí- ses de ingreso mediano, a pesar de que atrae más inversión privada hacia ese sector que ninguna otra región en desarrollo. Los problemas de infraestructura están frenando la capacidad de la región de cre- cer, competir y reducir la pobreza. Esta situación se ha producido en una coyuntura en que muchos gobiernos de la región trataron de descargar en el sector privado la responsabilidad del financiamiento y gestión de la infraestructura, o dejar que ésta se deteriorara debido al abandono de las actividades de mantenimiento. Hace más un decenio, una conclusión básica del Informe sobre el desarrollo mundial, 1994: Infra- estructura para el desarrollo, del Banco Mundial, era que la asociación entre el sector público y el privado ofrecía perspectivas prometedoras para el financiamiento, pero que el Estado debía continuar desempeñando un papel importante, aunque diferente, en la infraestructura. En el análisis del presente informe se insiste en ese punto, y se presentan cuatro mensajes principales: · La región de América Latina y el Caribe debe gastar más en infraestructura. En promedio, los países de la región gastan en infraestructura menos del 2% del PIB, cuando se necesitaría entre el 3% y el 6% para ponerse a la altura o seguir el ritmo de otros países que anteriormente iban a la zaga, como China y la República de Corea. Cualquiera que sea la fuente de financiamiento, los gastos de infraestructura recaen en definitiva sobre los usuarios o los contribuyentes. Por ello, para que aumente la inversión en infraestructura, los usuarios deben sufragar una parte mayor de los costos. Ello presupone un cambio en la cultura infra.indd 1 20/03/2007 05:15:11 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe de pago así como la protección de los usuarios que realmente no disponen de los medios para pagar. Por otro lado, los gobiernos deberán también gastar más, tanto en los pobres (aunque pueden ser también de ayuda las subvenciones cruzadas) y en sectores con limitado potencial de recuperación de costos. · La región debe también gastar mejor. Al asignar los recursos, hay que buscar un mejorequilibrioentreinversiónymantenimiento.Lasnuevasinversionesdeben orientarseantetodoaaumentarlaproductividadylacompetitividad,aunqueno necesariamenteaexpensasdelosobjetivossociales,yaquelacoberturauniversal de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad podría conseguirse en los 10 próximos años con menos del 0,25% del PIB anual. Las subvenciones deben orientarse más selectivamente hacia quienes las necesitan. Asimismo, se requiere un mejor diseño de las concesiones para evitar que los gobiernos asuman más riesgos de los necesarios y no carguen con considerables pasivos contingentes. · El Estado debe ocupar un lugar central en la prestación de servicios de infraestruc- tura. La participación privada no reduce la necesidad de intervención pública. El Estado debe regular y supervisar los servicios de infraestructura y pagar una parte considerable de las inversiones. Debe movilizar sus recursos para atraer el mayor financiamiento complementario posible. Debe encargarse también de establecer objetivos de distribución y velar por la disponibilidad de recursos y políticas para ofrecer acceso a los pobres. · Es imprescindible la participación del sector privado, pero para atraerlo de nuevo es preciso aprender del pasado. Los proyectos de infraestructura con participa- ción privada han descendido a menos de una cuarta parte del valor máximo regional en el pasado y no presentan señales de recuperación, dado el descon- tento de los inversionistas con los mercados emergentes. Para poder contar de nuevo con el sector privado habrá que mejorar el equilibrio entre los riesgos y la rentabilidad prevista de los proyectos. Ello supone una reducción del riesgo normativo, la mejora del marco disponible para la participación privada en la infraestructura (PPI)1 y reforzar los mecanismos de mitigación de riesgos. 1. Una concesión otorga a un inversionista privado el derecho a explotar el servicio durante un período definido (normalmente entre 15 y 30 años) con sujeción a algunos requisitos relacio- nados con la inversión y el funcionamiento. Las concesiones suelen adjudicarse mediante lic- itación y pocas veces transfieren la propiedad de los activos utilizados. En los proyectos total- mente nuevos, las concesiones de construcción-operación-transferencia han sido frecuentes en las centrales eléctricas y gasoductos en América Latina y el Caribe, y se han utilizado también para el agua y el saneamiento. Se han concedido también concesiones en carreteras, aeropuertos y puertos. infra.indd 2 20/03/2007 05:15:12 p.m. Resumen Supone también mejorar la opinión pública sobre la PPI, que en algunos casos es tan negativa que obstaculiza gravemente una mayor integración privada. A su vez, ello requiere mayor transparencia, un mejor diseño y supervisión de las transacciones (para reducir las renegociaciones y el desempeño deficiente) y una mayor atención a quienes pueden verse negativamente afectados por la reestructuración. En el presente informe se consideran la cobertura y la calidad de los servicios básicos de infraestructura ­abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, ca- rreteras, telecomunicaciones­ que, según opinión generalizada, son los que tienen mayor repercusión en el crecimiento, la competitividad y el bienestar en las zonas tanto urbanas como rurales. Aunque es difícil hacer justicia a la tremenda diversi- dad de la región, donde se encuentran tanto islas del Caribe con menos de 100.000 habitantes como Brasil, con una población de casi 180 millones, y con ingresos per cápita anuales que oscilan entre US$467 en Haití y más de US$6.000 en México, las recomendaciones principales del informe son válidas para la mayoría de los países, aunque la mejor manera de ponerlas en práctica puede cambiar de unos a otros. Las mejoras de la infraestructura han sido modestas en América Latina y el Caribe durante el pasado decenio La cobertura y la calidad de la infraestructura han aumentado en la mayor parte de los sectores y países de América Latina y el Caribe durante el pasado decenio. Ha habido considerables mejoras en el acceso al agua, el saneamiento, la electricidad, las telecomunicaciones, los puertos y los aeropuertos. El único sector en que la cobertu- ra no ha cambiado considerablemente es el sector vial. No obstante, la región ha perdido terreno con respecto a sus competidores y ho- mólogos. En 1980, tenía mayor cobertura de infraestructura productiva, como carre- teras, electricidad y telecomunicaciones, que los países conocidos posteriormente con el nombre de "los tigres de Asia oriental". Hoy, esas naciones superan a la región de América Latina y el Caribe en una proporción de tres a dos (gráfico R.1). La región está también retrasada con respecto al promedio de los países de ingreso mediano y a China, aun cuando sea más rica en cifras per cápita. El agua y el saneamiento son los únicos sectores (además de los teléfonos móviles) en que la región ha conseguido resultados comparativamente satisfactorios, al menos en cuanto a la cobertura.2 Pero 2. El Cronista, "La mayoría cree que los servicios públicos deben volver al Estado", 18 de abril de 2005. infra.indd 3 20/03/2007 05:15:12 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe ni siquiera en esos sectores está justificada la autocomplacencia: 58 millones de lati- noamericanos carecen de agua potable, y 137 millones no cuentan con saneamiento adecuado. Gráfico R.1 América Latina ha perdido terreno con respecto a los tigres de Asia oriental, China y los países de ingreso mediano 7 América Latina y el Caribe 600 América Latina y el Caribe 6 Tigres de Asia oriental Países de ingreso mediano 500 China 5 400 4 300 3 2 200 1 100 0 0 1980 2000 Acceso a la Carreteras Teléfonos electricidad pavimentadas (por 1.000 de(porcentaje (km/100.000 personas) la población) trabajadores) Fuentes: Calderón y Servén 00a; World Development Indicators Database. Nota: En el índice de infraestructura se incluyen las carreteras pavimentadas, la capacidad de generación de electri- cidad y los teléfonos (de línea fija y móviles) por trabajador. El índice se ha calibrado considerando que 1 es el valor correspondiente a los tigres de Asia oriental en 1980, y representa una mediana regional. Como se ha observado, la insuficiencia de la infraestructura está obstaculizando el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza. Según los estudios realizados, el impacto del crecimiento es notable: si la infraestructura de la región alcanzara un ni- vel semejante al de Corea (que representa la mediana de los tigres de Asia oriental), el crecimiento del PIB per cápita podría incrementarse cerca del 4%. Asimismo, se podría reducir la desigualdad entre el 10% y el 20%, lo que significaría un crecimiento más favorable a los pobres (Calderón y Servén, 2004b). Pero la inversión necesaria sería considerable: al menos entre el 2,4% y el 5% del PIB anual durante 20 años (Apéndice B). La falta de calidad de la infraestructura repercute también en la competitividad. En Asia oriental, sólo el 18% de los empresarios privados consideran que la infraestructu- ra es un problema grave; en América Latina, la proporción es del 55%. infra.indd 4 20/03/2007 05:15:12 p.m. Resumen La participación privada no compensó el retroceso público Dos grandes acontecimientos han configurado las tendencias de la infraestructura en la región durante los últimos 15 años. En primer lugar, muchos países sufrieron crisis macroeconómicas que impusieron un drástico ajuste fiscal. En segundo lugar, las in- novaciones técnicas, financieras y reguladoras dieron lugar a un cambio radical en el paradigma de la infraestructura, que llevó al convencimiento de que el sector privado debía ocupar un lugar fundamental en el financiamiento y prestación de los servicios, mientras que el Estado se limitaría fundamentalmente a la regulación. En la mayor parte de los países de América Latina, la inversión pública ­sobre todo en infraestructura­ fue la más afectada por el ajuste fiscal. En el conjunto de la región, la inversión pública en infraestructura bajó de más del 3% del PIB en 1988 a aproximadamente el 1,6% en 1998 (gráfico R.2). En términos políticos, resultó mu- cho más fácil recortar esta inversión que los gastos corrientes, como salarios y pen- siones. Brasil, el caso más extremo, aumentó de hecho los gastos corrientes al mismo tiempo que recortó la inversión, sobre todo en infraestructura. Gráfico R.2 Déficit primario e inversión pública en infraestructura en América Latina Fuente: Servén 00. Nota: Promedio de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. De todas formas, los esfuerzos de la región por atraer PPI consiguieron resulta- dos verdaderamente espectaculares. Entre 1990 y 2003, captó casi la mitad de los US$786.000 millones dedicados a la PPI en el mundo en desarrollo. Al mismo tiempo, infra.indd 5 20/03/2007 05:15:12 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe la participación privada transformó la infraestructura de la región. En 1990, las com- pañías privadas sólo representaban el 3% de las conexiones telefónicas y eléctricas, y casi ninguna de las compañías de abastecimiento de agua eran de gestión privada. En 2003, los servicios públicos gestionados por el sector privado representaban el 86% de los abonados telefónicos, el 60% de las conexiones eléctricas y el 11% de las cuentas de agua (Andrés, Foster y Guasch 2005). No obstante, los flujos privados no consiguieron nunca compensar plenamente el hundimiento de la inversión pública, aunque estuvieron a punto de lograrlo cuando alcanzaron su nivel más alto: en 1998, los proyectos de infraestructura con participa- ción privada representaban el 1,7% del PIB regional. Además, la inversión privada se centró en un pequeño número de países (6 atrajeron el 93% de los flujos privados) y sectores (las telecomunicaciones absorbieron casi la mitad). La opinión pública se ha vuelto contra la PPI, hasta el punto de que ese rechazo representa un grave obstáculo al funcionamiento de la infraestructura privada en muchos países (gráfico R.3). Por otro lado, ha disminuido el interés de los inversio- nistas por los mercados emergentes y la infraestructura. Las inversiones con partici- pación privada en América Latina y el Caribe cayeron en forma vertiginosa, pasando de US$71.000 millones en 1998 a US$16.000 millones en 2003. Además, el número medio de licitantes en las transacciones sobre la distribución de la energía eléctrica bajó de 4 en 1998 a menos de 2 en 2000-01 (Harris 2003). Gráfico R.3 Entrevistados que opinan que la privatización ha sido beneficiosa Año Fuente: Encuestas de Latinobarómetro. Este rechazo de la opinión pública contrasta con la valoración generalmente po- sitiva de los resultados de la privatización. En la mayor parte de los casos, la inter- infra.indd 6 20/03/2007 05:15:13 p.m. Resumen vención privada ha aumentado la eficiencia, cobertura y calidad de los servicios. La productividad de la mano de obra ha mejorado también, si bien, al menos inicial- mente, ello se ha debido sobre todo a los despidos. Además, la mayor parte de la reestructuración asociada con la privatización ­incluidas las pérdidas de empleo y las subidas de precios­ ocurrieron de hecho en la transición hacia la privatización, y los cambios en los cinco años precedentes fueron en general mucho mayores que en los cinco años siguientes (Andrés, Foster y Guasch 2005). La privatización ha teni- do en general un efecto positivo en los pobres, sobre todo porque ellos han sido los principales beneficiarios del aumento de la cobertura conseguido por las empresas privadas, en muchos casos porque así se les ha exigido. En contra de la opinión más extendida, parece que los concesionarios no han conseguido beneficios excesivos. De hecho, las concesiones no han estado exentas de riesgos: aproximadamente el 40% quizá no llegue nunca a ser rentable, al menos si se mantienen las condiciones originales (Sirtaine y otros 2005). Al parecer, las únicas que han sido casi siempre rentables son las del sector de las telecomunicaciones. Estas conclusiones deben valorarse con cautela, ya que están basadas en estimaciones del costo de capital, poco precisas, y los resultados reales dependen de la capacidad de renegociación de los concesionarios. Pero la pérdida de interés del sector privado por la PPI en la región demuestra la ausencia de rendimientos extraordinarios. El rechazo popular de la PPI quizá se deba, en buena medida, a una gestión in- adecuada de las opiniones y a algunas expectativas poco razonables. Además, varios investigadores sostienen que las crisis macroeconómicas dan lugar al rechazo general de los mecanismos de mercado y que las personas no distinguen entre las pérdidas de empleo debidas a la recesión y las asociadas con las privatizaciones. En términos más generales, la transparencia y la equidad percibidas de una transacción influyen enormemente en la opinión pública. La oposición a la PPI puede también deberse al excesivo número de renegociacio- nes y a algunos fracasos muy notorios. Guasch (2004) observa que el 30% de las con- cesiones de infraestructura de la región se han renegociado, y la incidencia aumentó hasta un asombroso 74% en el sector del abastecimiento de agua y el saneamiento. Cualquiera que sea la motivación (comportamiento oportunista de los gobiernos o los concesionarios, contratos mal diseñados, conmociones exógenas), las renegocia- ciones frecuentes son costosas, perturbadoras y anticompetitivas, y refuerzan la im- presión de falta de transparencia. Muchas dificultades de la PPI han sido consecuencia de la falta de madurez de las instituciones y marcos reguladores. La introducción de la PPI impuso cambios radicales en los reglamentos, leyes e instituciones, que muchas veces no se aplicaron plenamente cuando comenzó la participación privada. Además, los analistas y re- infra.indd 7 20/03/2007 05:15:13 p.m. 8 Infraestructura en América Latina y el Caribe formadores valoraron con excesivo optimismo la capacidad de las reformas y regla- mentos para proteger las transacciones frente a la influencia política y la posibilidad de aplicar a la región modelos elaborados en los países industriales para redes de infraestructura maduras y con plena cobertura. Además, la recuperación de costos ha sido muchas veces un objetivo inalcanza- ble. Aunque ha mejorado en los sectores del abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad, sólo se ha alcanzado plenamente (en la mayoría de los casos) en las tele- comunicaciones. No obstante, con excepción de los países más pobres de la región, la asequibilidad es un problema sólo para una minoría de la población. Para complicar las cosas, muchos gobiernos no quieren o no pueden exigir el pago de los servicios, lo que constituye una queja frecuente de los concesionarios. Las tarifas sociales mal orientadas obstaculizan la recuperación de costos y sirven de poco para los pobres. En la mayor parte de los países, las tarifas sociales en los ser- vicios de abastecimiento de agua y electricidad llegan a un número demasiado elevado de personas que no son pobres: el 95% de la población de Guatemala y el 85% de la de Honduras se benefician de la tarifa social de electricidad. En México, las bajas tarifas de la electricidad requieren una subvención pública que equivale casi al 1% del PIB. Con estos antecedentes, América Latina y el Caribe deben hacer frente a los desa- fíos planteados por los cuatro mensajes principales de este informe. Primer mensaje: La región debe gastar más en infraestructura La cifra necesaria para la inversión en infraestructura depende, naturalmente, del objetivo establecido. La cobertura universal de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad podría conseguirse en 10 años con sólo el 0,25% del PIB regional. El mantenimiento de los activos en la infraestructura de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, carreteras, ferrocarriles y telecomunicaciones re- queriría aproximadamente el 1% del PIB. En un supuesto de "continuidad sin grandes cambios", con tasas de crecimiento modestas, se necesitaría otro 1,3% del PIB para que las nuevas inversiones pudieran satisfacer la demanda de los consumidores y las empresas (véase información más detallada en el Apéndice B). La agregación de esas estimaciones permite concluir que bastaría aproximada- mente el 2,5% del PIB para responder al crecimiento previsto de la demanda, mante- ner la infraestructura existente y alcanzar la cobertura universal en el abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad. Se trata de una estimación a la baja, ya que no se incluyen ni el costo de la rehabilitación (que, probablemente, será elevado) ni las inversiones necesarias en transporte urbano, puertos y aeropuertos. infra.indd 8 20/03/2007 05:15:13 p.m. Resumen 9 Pero se necesitaría mucho más, aproximadamente entre el 4% y el 6% del PIB, para que América Latina y el Caribe pudieran alcanzar, en 20 años, el nivel de cobertura de Corea o sencillamente para mantenerse a la altura de China. Obviamente, el gasto en infraestructura no bastará para que la región consiga el tipo de crecimiento que han experimentado en los últimos decenios los países utilizados como puntos de re- ferencia. La relación es de doble sentido, ya que un fuerte crecimiento incrementa la demanda de infraestructura (y el financiamiento disponible). No obstante, la incapa- cidad de equipararse a otros países en lo que respecta a la infraestructura sólo puede tener consecuencias negativas para la competitividad de la región. Si se tiene también en cuenta el mantenimiento, un escenario que permita aumentar el crecimiento y la competitividad requeriría un gasto anual equivalente al 5%-7% del PIB. Este objetivo es ambicioso pero no imposible. Entre los últimos años setenta y noventa, varios paí- ses como China, Indonesia, Corea y Malasia consiguieron aumentos situados dentro de ese intervalo. Este aumento significativo del gasto no podría ser financiado exclusivamente por el sector público, sin una reasignación masiva de los recursos. Los gastos públicos en América Latina y el Caribe representaron, en promedio, el 22% del PIB en 2000-01, y las inversiones públicas en torno al 3%. Por otro lado, la PPI constituye sólo el 0,9% del PIB regional, y la mayor parte de ella se sitúa en los sectores de la energía y las telecomunicaciones.3 De todo ello se desprende que el Estado debe conseguir movilizar mejor sus re- cursos para atraer más PPI. Otra conclusión es la necesidad de una mayor recupera- ción de costos; lo que los contribuyentes pueden o deben financiar tiene un límite. La recuperación de costos se ha conseguido en buena parte en las telecomunicaciones y es técnicamente inviable en la mayor parte del sector vial, por lo que no es previsible un gran cambio en ninguno de esos dos sectores.4 En cambio, podría recuperarse una parte considerablemente mayor de los costos a través de las tarifas en los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad ­aun cuando la recuperación de costos en esos sectores es ya más elevada en América Latina y el Caribe que en ninguna de las otras regiones en desarrollo­ y, probablemente, en los puertos y el transporte urbano. 3. Del 0,9% del PIB, el 0,43% se destinó al sector de la energía, el 0,41% a las telecomunicaciones, el 0,05% al transporte y el 0,01 al abastecimiento de agua y el saneamiento. 4. Las carreteras de peaje requieren un volumen mínimo de tráfico para que resulten comercial- mente viables. En consecuencia, incluso en los países industriales las carreteras de peaje rep- resentan sólo entre el 5% y el 10% de la red primaria, que a su vez constituye sólo el 10%-20% de la red total (Heggie y Vickers 1998). En los Estados Unidos, por ejemplo, las carreteras de peaje son el 0,08% de las carreteras pavimentadas. infra.indd 9 20/03/2007 05:15:13 p.m. 10 Infraestructura en América Latina y el Caribe La subida de las tarifas es un objetivo normativo razonable únicamente cuando se trata de cifras asequibles. Las simulaciones revelan que la asequibilidad es un pro- blema únicamente para una pequeña parte de la población, si se exceptúan algunos de los países más pobres de la región (Bolivia, Honduras, Nicaragua y Paraguay), donde una factura de US$10 mensuales por concepto de servicios públicos represen- taría una carga considerable para el 30%-50% de los hogares urbanos. El compromiso gubernamental es decisivo para una mayor recuperación de los costos (de hecho, muchas compañías privadas se quejan de la falta de apoyo y medidas de observancia en la recuperación de costos), lo mismo que una mejor selectividad de las subven- ciones. Este primer mensaje, "gastar más", debe matizarse en algunos de los pequeños Estados insulares del Caribe. En los últimos años, muchos de éstos han realizado gastos cuantiosos, aunque no siempre acertados, en el sector de la infraestructura, lo que ha contribuido a la fuerte carga de la deuda pública. Ello significa que no podrá conseguirse un considerable nuevo endeudamiento para la infraestructura en países como Saint Kitts y Nevis, Jamaica y Antigua. El siguiente mensaje quizá pueda ser más significativo para estos países. Segundo mensaje: La región debe también gastar mejor Una orientación más acertada de las subvenciones contribuiría notablemente a liberar recursos para inversiones y mantenimiento, y haría más viable, desde el punto de vista social, la subida de las tarifas. Además, la modificación de la estructura de tarifas, en particular la reducción del tramo subvencionado de las tarifas por bloques crecientes (TBC), recortaría el costo de las subvenciones, aunque no siempre mejoraría su selec- tividad. El consumo de electricidad aumenta cuando suben los ingresos, pero la rela- ción es menos sólida en el caso del abastecimiento de agua. Los países que tienen ya un sistema de asistencia social basado en la comprobación de los medios de vida dis- ponibles, pueden utilizar las bases de datos ya existentes para localizar a los pobres y determinar sus necesidades. La selectividad geográfica es otra posible opción, aunque menos precisa. De todas formas, la reestructuración o el abandono de las subvencio- nes al consumo pueden presentar problemas políticos. Han transcurrido ya 11 años desde que Colombia aprobó una ley que pretendía introducir en los servicios públicos básicos tarifas que permitieran la recuperación de costos, y sin embargo el sector del abastecimiento de agua continúa presentando considerables cargas fiscales. Asimismo, el gasto debe asignarse mejor. En particular, no se gasta suficientemen- te en mantenimiento. Muchos países carecen de una fuente fiable de financiamiento para garantizar el mantenimiento periódico, en particular de las carreteras, la mayo- infra.indd 10 20/03/2007 05:15:13 p.m. Resumen 11 ría de las cuales se financian con fondos públicos y, por lo tanto, están expuestas a las fluctuaciones de la situación fiscal. Las nuevas inversiones deberían centrarse en objetivos estratégicos, como la terminación de las redes. De todas formas, la elimina- ción de los obstáculos no debería hacerse a expensas de la prestación de servicios a los pobres, que puede conseguirse con un costo relativamente bajo. La descentraliza- ción y la planificación participativa pueden servir de ayuda, aunque a veces pueden complicar la situación. Hay otros medios para aumentar la eficiencia de los gastos. La fiabilidad de los flujos financieros reduciría el costo de los programas de inversión y permitiría un mantenimiento periódico. En Brasil, por ejemplo, los pagos a los contratistas del sec- tor vial muchas veces se ven perturbados por problemas de escasez presupuestaria, y en algunos casos los contratistas utilizan esas perturbaciones como argumento para exigir cláusulas de revisión de los precios. De la misma manera, las instituciones públicas suelen pagar mucho más por los bienes y servicios que el sector privado, debido a la connivencia entre los vendedores y a otros factores. Un organismo eficaz encargado de las adquisiciones (o de la competencia) puede reducir significativa- mente los costos. En los países pequeños, una posible solución sería la creación de organismos de adquisición de alcance regional. Finalmente, si se instaura un marco más adecuado para la PPI, podrían reducirse los costos necesarios para atraer esa inversión y aumentar sus beneficios. El riesgo normativo eleva el costo del capital para la inversión en infraestructura entre el 2% y el 6% (Guasch y Spiller 1999). Andrés, Foster y Guasch (2005) consideran que la privatización contribuye mucho más a la calidad y eficiencia de los servicios, cuando las concesiones se adjudican en forma competitiva y las instituciones reguladoras tienen mayor autonomía. Los criterios de adjudicación y el régimen normativo son importantes, ya que in- fluyen en los incentivos que se ofrecen a los concesionarios. La reglamentación de los precios máximos, por ejemplo, ha sido una característica común en la región y se ha comprobado que ha sido el factor más determinante en las mejoras de la eficiencia. Pero representa mayor riesgo para los concesionarios, ya que no garantiza los benefi- cios, por lo que incrementaría el costo del capital. Está también mucho más expuesta a la renegociación que otros regímenes. Las renegociaciones son costosas: presentan desventajas financieras, perturban los servicios y merman la credibilidad del modelo de la PPI. Además de la atenta selección de los regímenes reguladores, el fortalecimiento del marco de la PPI presupone mejoras en los procesos de adjudicación para garantizar la transparencia y la competitividad. Requiere también un mejor diseño de las con- cesiones, para indicar claramente los acontecimientos que podrían dar lugar a una infra.indd 11 20/03/2007 05:15:13 p.m. 1 Infraestructura en América Latina y el Caribe renegociación así como orientaciones para el proceso correspondiente. Los contratos deben especificar también la información que se debe dar a conocer. Estos requisitos, así como la existencia de un marco adecuado de contabilidad normativa, son im- prescindibles para que los organismos encargados de la reglamentación resuelvan el problema de la asimetría de la información, inevitable en toda concesión. También es posible mejorar la gestión y asignación de los riesgos. En particular, los contratos deberían identificar y asignar mejor los riesgos implicados. Los gobier- nos deben mejorar el coeficiente riesgo-rentabilidad de los proyectos de inversión para los inversionistas externos, pero deben tener también en cuenta los riesgos que asumen. Muchos gobiernos de América Latina cargan con un enorme pasivo contin- gente resultante de los excesivos compromisos contraídos en el pasado. Las garantías de terceros son cada vez más necesarias. Con frecuencia, las conce- siones de infraestructura utilizan el financiamiento mediante proyectos, para lo cual pueden ser necesarios instrumentos de protección de riesgos (en particular contra los riesgos asociados con la reglamentación y el tipo de cambio) para atraer a los inversio- nistas externos. Pero cuando un gobierno acepta ese riesgo mediante garantías u otras estructuras, los prestamistas e inversionistas están expuestos a su riesgo soberano y a la clasificación crediticia que implica. Eso puede ser inaceptable para los inversionistas internacionales e incluso nacionales, quizá ya muy expuestos al riesgo soberano, como ocurre con muchas compañías de seguros y fondos de pensiones de América Latina, que con frecuencia invierten fundamentalmente en valores públicos. Otra dificultad decisiva está relacionada con la reforma institucional. Si bien mu- chas de los mejoras técnicas examinadas anteriormente son bastante sencillas, su aplicación depende de la disponibilidad de las instituciones y capacidades adecuadas, condición que resulta mucho más difícil de cumplir. No es realista esperar un con- junto completo de instituciones eficientes como prerrequisito para la PPI. El ritmo de los avances institucionales en el sector de la infraestructura depende de la economía política de la reforma, del contexto cultural y de los procedimientos específicos del país para garantizar los derechos de propiedad. Tercer mensaje: El Estado debe ocupar un lugar central en la prestación de servicios de infraestructura Con o sin participación privada, el Estado continúa siendo el responsable de la re- forma de la infraestructura, del establecimiento y aplicación de las reglas básicas del juego y de la reglamentación. Eso supone, entre otras cosas, la gestión de la economía política de la reforma. Las reformas de infraestructura son procesos políticos y, por lo tanto, pueden sufrir retrocesos. Los perjudicados por la reforma pueden tratar de infra.indd 12 20/03/2007 05:15:13 p.m. Resumen 1 recuperar los beneficios que disfrutaban en el pasado, mientras que los beneficiarios quizá consideren que no se han visto suficientemente favorecidos, que los sacrificios impuestos no van a ir acompañados de beneficios en el futuro, o que las empresas privadas acabarán acaparando la mayor parte de las ganancias. Para impulsar las re- formas, los gobiernos y las instituciones reguladoras deben encontrar medios para eludir "las trampas de la redistribución", en que los progresos de un grupo significan (o se interpretan como) pérdidas para otro. Si quienes pueden salir perjudicados tienen medios para imponer el veto, la reforma no avanzará nunca. Los gobiernos son también responsables de los objetivos sociales. Con o sin PPI, el diseño, seguimiento y financiamiento de las políticas sociales son responsabilidades públicas (aunque las subvenciones cruzadas pueden ayudar a pagarlas, sobre todo cuando se trata del abastecimiento de agua y la electricidad). Pero el sector privado puede ayudar, por ejemplo con ayuda condicionada a los resultados. Además, los proveedores en pequeña escala pueden ofrecer soluciones de bajo costo para prestar servicios a los pobres. Los gobiernos son responsables de gran parte del financiamiento de la infraes- tructura, sea en forma directa o indirecta, ayudando a estructurar los marcos de fi- nanciamiento. Una cuestión fundamental es cómo generar el espacio fiscal para au- mentar las inversiones públicas. Varios países de América Latina y, en particular, del Caribe deben soportar una gran carga de la deuda. Muchos (Brasil, Colombia, Perú) sufren el problema de la rigidez de los pagos: más del 90% del presupuesto corres- ponde a partidas no discrecionales (pensiones, seguridad social, servicio de la deuda, salarios, transferencias a gobiernos subnacionales). Algunos tienen cierto margen para aumentar la recaudación de impuestos (Honduras), pero otros no. En Brasil, donde los impuestos representan aproximadamente el 35% del PIB, el efecto negativo de un nuevo aumento de los impuestos contrarrestaría con creces el crecimiento y las prestaciones sociales resultantes de un aumento de las inversiones en infraestructura (Ferreira y Nascimento 2005). Con el fin de aumentar el espacio fiscal se han propuesto varias opciones, basadas en el argumento de que las normas actuales refuerzan la tendencia de los políticos a recortar las inversiones más que otros gastos corrientes, mucho más delicados desde el punto de vista político. Un planteamiento podría ser adoptar normas alternativas, como la "regla de oro", que permiten el endeudamiento para financiar capital pero no los gastos corrientes. Otro podía ser la exención de determinadas inversiones del cál- culo fiscal, habida cuenta de su rentabilidad social o económica. El primer plantea- miento ha sido rechazado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el segundo ofrece pocas probabilidades de crear un espacio fiscal significativo. La solución cam- biará, probablemente según el país, y estará basada en la combinación de medidas infra.indd 13 20/03/2007 05:15:13 p.m. 1 Infraestructura en América Latina y el Caribe con la reasignación de los gastos, la mejora de la eficiencia del gasto y el aumento de los ingresos resultante de un mayor crecimiento. Los gobiernos pueden ayudar también estableciendo un marco de financiamiento para las inversiones en infraestructura a largo plazo. Por ejemplo, es probable que los inversionistas favorezcan proyectos con considerable financiamiento en moneda local. Eso puede conseguirse desarrollando los mercados de capital o de deuda loca- les o utilizando préstamos en moneda nacional, productos de cobertura de riesgos o estructuras de financiamiento creativas ofrecidas por instituciones financieras priva- das, bilaterales o multilaterales. Las garantías parciales contra riesgos (GPR) ofrecidas por instituciones multilaterales pueden proteger a los prestamistas o tenedores de bonos frente a otros riesgos percibidos, lo que ofrecería las mejoras crediticias que las compañías de los proyectos requieren para recaudar financiamiento suficiente. Los gobiernos pueden desempeñar un papel fundamental en la estructuración de esas garantías o incluso en la instauración de servicios generales con ese fin, como el Servicio de garantía parcial de riesgos establecido recientemente en el Perú por el Banco Mundial. Finalmente, las entidades subnacionales deben poder endeudarse para financiar la infraestructura de la que son responsables. Eso debe llevarse a cabo en el contexto de un prudente marco intergubernamental, y en muchos países deberán adoptarse reformas considerables. A plazo más corto, las instituciones multilaterales como el Banco Mundial cuentan con instrumentos que permiten a los países endeudarse y represtar en monedas nacionales a los gobiernos subnacionales. Cuarto mensaje: Es imprescindible la participación del sector privado, pero para atraerlo de nuevo es preciso aprender del pasado El sector privado es imprescindible para mejorar la infraestructura en América La- tina y el Caribe, tanto por lo que se refiere a los recursos financieros como a los co- nocimientos técnicos y la capacidad de gestión. Un marco mejorado para la PPI, con inclusión de mejoras en el diseño de las concesiones y los instrumentos de gestión de riesgos, es fundamental para recuperar la confianza del sector privado. Se necesita también una mejor gestión de la economía política de la reforma. De hecho, uno de los problemas más acuciantes de la PPI en la región es el de reconquistar una actitud favorable de la opinión pública. Para mejorar las opiniones sobre la participación privada deberán conseguirse varios cambios. Las concesiones deben otorgarse de manera transparente. Las rene- gociaciones deben ser menos frecuentes. Finalmente, los gobiernos deben asumir sus propias responsabilidades en materias como la imposición de reformas dolorosas y la infra.indd 14 20/03/2007 05:15:13 p.m. Resumen 1 creación de sistemas adecuados de protección social, para quienes van a salir perju- dicados del proceso de reforma y para los pobres. Hacer frente a los desafíos y establecer prioridades En el decenio de 1990, la comunidad internacional del desarrollo hizo hincapié en la lucha contra la pobreza, que se equiparó en términos bastante rigurosos con la necesidad de ampliar los servicios sociales. Ese proceso culminó en la formulación de los objetivos de desarrollo del milenio, centrados en la lucha contra la pobreza y en la mejora de la salud y la educación. Hoy, los países de América Latina y el Caribe gastan aproximadamente el 8% del PIB en salud y educación ­un poco más que Asia oriental, los países de ingreso mediano o China­ y una cifra semejante en bienestar y seguridad social.5 En cuanto a la infraestructura, se tenía la idea de que el sector privado podría financiar gran parte de los servicios necesarios, ya que la mayor efi- ciencia y la recuperación de costos terminarían generando rendimientos suficientes. En la actualidad, el péndulo ha retrocedido algo. En el reciente Examen anual de la eficacia en términos de desarrollo (elaborado por el Departamento de Evaluación de Operaciones, del Banco Mundial) se pide de nuevo una mayor atención a la in- fraestructura. En él se argumenta que debería tenerse más en cuenta el crecimiento en toda su amplitud, y que la atención exclusiva a los sectores sociales no basta para reducir la pobreza. De la misma manera, la Oficina de Evaluación Independiente del FMI ha observado que es necesario prestar más atención a la calidad del ajuste fiscal y que la consolidación fiscal se ha producido muchas veces a expensas de la inversión pública. El sector privado muestra menos entusiasmo por los proyectos de infraes- tructura, en particular en los mercados emergentes. Por otro lado, la población de América Latina ha rechazado masivamente el modelo de privatización tradicional. En este informe no se propone que los gobiernos recorten los gastos sociales para aumentar la inversión en la infraestructura, sino más bien que, al establecer los pre- supuestos, tengan en cuenta todo el considerable conjunto de posibles rendimientos de la inversión en infraestructura, no sólo los financieros, sino también los económi- cos y sociales. Este argumento no está basado en la opinión simplista de que al re- ducir la brecha de la infraestructura que separa a América Latina y el Caribe de Asia oriental, la región se transformará en una colección de "tigres". El sentido común y las pruebas empíricas demuestran que la infraestructura es necesaria para el crecimiento y la mitigación de la pobreza, pero no suficiente. Y la rentabilidad de los proyectos de 5. El gasto en salud y educación tiende a subir al mismo tiempo que el ingreso, y los países de América Latina y el Caribe son más ricos que esos otros países. infra.indd 15 20/03/2007 05:15:14 p.m. 1 Infraestructura en América Latina y el Caribe infraestructura varía de acuerdo con el nivel de la infraestructura ya existente y con la calidad y eficiencia de los proyectos individuales, como ocurre con cualquier otra inversión. Los recursos financieros y humanos disponibles para mejorar la infraestructura continuarán siendo limitados. ¿Cómo deberán establecerse las prioridades entre to- das las necesidades encontradas de inversión y reforma? Nuestra sugerencia, a corto plazo, es recoger la fruta que está al alcance de la mano ­es decir, adoptar medidas que no sean demasiado costosas desde el punto de vista financiero ni difíciles desde una perspectiva política. En lo que se refiere a la infraestructura de gestión pública, ello supone la mejora de las actividades de adquisición y mantenimiento y la estabili- dad de los flujos financieros para la inversión y el mantenimiento. En cuanto a la PPI, significa la renuncia a garantías inadecuadas, la elaboración de productos financieros de mayor calidad (en particular, basados en los mercados financieros locales) y la aplicación de las enseñanzas aprendidas sobre el diseño de los contratos. En lo que se refiere a las inversiones, un argumento clave del presente informe es que la región tiene medios para conseguir la cobertura universal en los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad si se utilizan tecnologías y nor- mas adecuadas. Además, la escasez de recursos significa que las inversiones deben centrarse en los obstáculos existentes en los sistemas actuales, antes de la expansión general. infra.indd 16 20/03/2007 05:15:14 p.m. 1 La infraestructura en América Latina y el Caribe progresa, pero no lo suficiente La cobertura y calidad han mejorado en la mayor parte de los servicios de infraes- tructura de la región, pero continúa habiendo lagunas y se ha perdido terreno en rela- ción con los competidores. Los progresos de los últimos decenios han sido constantes pero irregulares dentro de cada sector y país y entre los distintos sectores y países. La cobertura se ha rezagado en las zonas rurales y entre los pobres, tanto de las zonas ru- rales como urbanas. Los pobres sufren también más cuando la calidad de los servicios es baja. Asimismo, la región no ha mantenido el mismo ritmo que los competidores, es decir, otros países de ingreso mediano, con inclusión de China y las economías del "milagro" de Asia oriental. Las deficiencias de la infraestructura representan un peligro para el crecimiento y competitividad de la región y dificultan la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Los servicios de infraestructura representan una parte significativa de los costos de producción: en Colombia, por ejemplo, equivalen al 16%. Aunque no se dispone de estimaciones semejantes para toda la región, es claro que una infraestruc- tura mejorada tendría enorme repercusión en la competitividad y el crecimiento. La infraestructura es también necesaria para ayudar a los pobres a mejorar su salud, la calidad de vida y la capacidad de realizar actividades productivas. En consecuencia, las mejoras de la infraestructura contribuyen de forma significativa a reducir la des- igualdad (Calderón y Servén 2004b). La cobertura y la calidad han mejorado, pero con lentitud La cobertura de la mayor parte de los servicios ha mejorado de forma constante a lo largo de los dos últimos decenios. Desde 1985, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe ha ampliado considerablemente el acceso a las líneas de teléfonos fijos, la electricidad, el agua potable y los servicios mejorados de saneamiento. En los últimos 10 años se ha multiplicado espectacularmente el uso de los teléfonos celula- infra.indd 17 20/03/2007 05:15:14 p.m. 18 Infraestructura en América Latina y el Caribe res y de Internet. Ha crecido también la capacidad de generación de electricidad, y numerosas concesiones portuarias han dado lugar a una modernización notable. En cambio, la cobertura de los servicios viales no ha cambiado mucho, y los servicios ferroviarios se han reducido de hecho, ya que algunas compañías ferroviarias se han privatizado y se han cerrado las rutas improductivas (en el Apéndice A se facilita información más detallada sobre la evolución sectorial de la cobertura). No obstante, los progresos han sido en general más lentos que en otros países de ingreso mediano, en particular China. El ingreso per cápita de la región es superior al promedio de los países de ingreso mediano y muy superior al de China. En cambio, la cobertura de sus servicios de electricidad, carreteras y teléfonos ha caído por debajo de ambos (cuadro 1.1). Sólo ha conseguido resultados comparativamente satisfacto- rios, sobre todo durante el decenio de 1990, en lo que respecta a la telefonía celular y el acceso al agua potable y los servicios mejorados de saneamiento. Cuadro 1.1 Cobertura de la infraestructura en América Latina y el Caribe, China y otros países de ingreso mediano, varios años Carreteras pavimentadas Fuente Instalaciones mejorada de mejoradas Teléfonos (km/100.000 Acceso a la abastecimien- de sanea- (por 1.000 (km/1.000 trabajado- electricidad to de agua miento personas) km2) res) (%) (%) (%) 2002 2001 2001 2003 2002 00 América Latina y el Caribe 98 81 91 8 China 1 1 99 Países de ingre- so mediano 0 8 0 89 90 80 Fuente: World Development Indicators. Nota: En los teléfonos se incluyen tanto los celulares como los de línea fija. La densidad demográfica de la región de América Latina y el Caribe es de personas por km, frente a en los países de ingreso mediano y 1 en China, lo que explica por qué la clasificación de la densidad vial varía según que se utilice como factor de deflación la mano de obra o la superficie. En 00, el PIB per cápita (expresado en forma de paridad del poder adquisitivo) era de US$.9 en China, US$.0 en los países de ingreso mediano y US$.90 en América Latina y el Caribe (dólares internacionales corrientes). La brecha entre el sector de la infraestructura de la región y el de los siete "tigres" de Asia oriental se ha ampliado.1 Esa distancia ­calculada en función del total de in- 1. Los siete tigres son Hong Kong (China), Indonesia, Malasia, la República de Corea, Singapur, Taiwán (China) y Tailandia. infra.indd 18 20/03/2007 05:15:14 p.m. La infraestructura en América Latina y el Caribe progresa, pero no lo suficiente 19 fraestructura por trabajador­ creció enormemente entre 1980 y 1997. Si se comparan los promedios aritméticos de cada región, la ventaja de Asia oriental con respecto a América Latina y el Caribe creció un 48% en lo que respecta a las líneas de teléfonos fijos, el 91% en la capacidad de generación de electricidad y el 53% en la longitud del sistema vial (Calderón y Servén 2003). La calidad ha mejorado en general, pero todavía no ha alcanzado el nivel de sus competidores. Aunque los datos sobre la calidad de la infraestructura de la región son menos abundantes, en general revelan la misma tendencia ascendente que la cober- tura. La privatización de la distribución de la electricidad determinó que las pérdidas asociadas con la distribución bajaran del 17% en los tres años anteriores al cambio de propiedad al 15% en los tres años posteriores (Andrés, Foster y Guasch 2005). Se trata de un nivel relativamente elevado con respecto al de los países de ingreso mediano (12%), China (7%) y países de la OCDE (6%), aunque parte de la diferencia quizá pueda atribuirse a la divergencia en el diseño de los sistemas. De la misma manera, un estudio reciente de siete países de América Latina revelaba que, debido a la mala calidad, la infraestructura pública (con inclusión de los servicios públicos de propiedad privada) tiene un nivel de eficacia que es sólo el 74% del de los países industrializados (Rioja 2003b). Los datos de encuestas (que se examinan con mayor detalle más adelante) revelan que las empresas de la región consideran que la falta de calidad de la infraestructura representa un problema. El desempeño varía enormemente de unos países otros. Algunos sectores de infra- estructura de América Latina y el Caribe, en particular en los países en mejor situa- ción económica de la región, tienen una calidad y cobertura comparable a los niveles de la OCDE, mientras que en otros la situación es más semejante a la de África. Menos de una cuarta parte de las carreteras nacionales se han calificado oficialmente como en buen estado en Brasil, Perú, México y Nicaragua, mientras que en Argentina la proporción es de 4/5. En Costa Rica, el 98% de los hogares tienen conexión con los servicios de electricidad, frente al 69% de Perú. Uruguay tiene 16 veces más líneas de teléfono fijo per cápita que Haití. Las pautas de la cobertura reflejan las enormes diferencias de ingresos entre los países y la gran diversidad geográfica de la región. Por ejemplo, la cobertura de lo servicios viales suele ser más elevada en los Estados insulares pequeños y densamente poblados del Caribe que en los países más extensos y con mayores problemas geográficos de Suramérica. Hay también un claro contraste entre la cobertura rural y urbana dentro de los países. Las zonas rurales suelen tener una cobertura mucho menor en los servicios de abastecimiento de agua, electricidad, carreteras y telecomunicaciones. En 2002, más del 90% de la población urbana tenía acceso a una fuente mejorada de abastecimien- to de agua en la mayor parte de los países de la región. No obstante, el acceso rural en infra.indd 19 20/03/2007 05:15:14 p.m. 0 Infraestructura en América Latina y el Caribe Brasil (58%) y Chile (59%) era peor que en varios países africanos más pobres, como Burundi (78%) y Zimbabue (74%) (World Development Indicators).2 En Colombia, un tercio de la población rural no tiene fácil acceso a la red vial, y el hogar medio rural vive a 2,5 km de una carretera utilizable durante todo el año (Banco Mundial 2004a). Dado que la pobreza es normalmente mucho mayor en el campo, las tasas más bajas de acceso rural explican una gran parte (aunque, evidentemente, no la totalidad) de las inmensas divergencias en la cobertura de la infraestructura entre la América Latina rica y la pobre. La rápida urbanización ha aumentado la presión sobre la infraestructura, y en muchos casos el acceso y la calidad son inadecuados en los barrios pobres. Den- tro de las regiones en desarrollo, América Latina y el Caribe es la más urbanizada: aproximadamente el 77% de su población vive en ciudades y grandes urbes. El rápido crecimiento urbano ha sometido la infraestructura a dura prueba. Aun cuando la tasa de pobreza urbana es mucho más baja que la rural, aproximadamente la mitad de los pobres de la región ­113 millones de personas, según estimaciones del Banco Mundial­ viven en zonas urbanas, muchas veces en tierras ocupadas recientemente o de manera informal, que carecen de servicios básicos. Los teléfonos (con inclusión de los celulares), el alcantarillado y el drenaje suelen ser los servicios más desigualmente distribuidos en las ciudades (Banco Mundial 2004b). El acceso a la infraestructura refleja y confirma el perfil de pobreza de la región y la extrema desigualdad de los ingresos. La cobertura suele ser mucho mayor en los grupos más adinerados, sobre todo en las zonas rurales (cuadro 1.2). En las zonas rurales de Paraguay sólo el 3% del quinto más pobre de la población tenía agua co- rriente en los últimos años noventa, frente al 32% de la población más rica. Aunque la cobertura urbana es mucho más amplia ­el quintil urbano más pobre tiene mayor acceso que el quintil rural más rico en todos los países de los que se dispone de infor- mación, con excepción de uno solo­, continúa habiendo fuertes diferencias. En 1998, sólo el 35% de los residentes urbanos más pobres de El Salvador tenía agua corriente, frente al 87% de los más ricos. 2. De acuerdo con la definición del Banco Mundial (2004c), en las fuentes mejoradas de abas- tecimiento de agua se incluyen las conexiones en los hogares, las tomas de agua públicas, los pozos perforados, los pozos o fuentes protegidos o la recogida del agua de lluvia. Entre las fuentes no mejoradas figuran los vendedores, los camiones cisterna y los pozos y fuentes no protegidos. infra.indd 20 20/03/2007 05:15:14 p.m. La infraestructura en América Latina y el Caribe progresa, pero no lo suficiente 1 Cuadro 1.2 Disponibilidad de agua corriente en las zonas urbanas y rurales de varios países de América Latina, por quintil de gasto (% quintil) Quintiles urbanos Quintiles rurales País Año 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bolivia 1999 8 8 9 9 1 0 Brasil 199/9 8 90 9 98 0 8 Chile 1998 9 98 99 99 100 0 9 1 0 Colombia 199 9 9 98 98 99 0 8 0 Ecuador 1998 0 9 0 El Salvador 1998 8 19 0 1 Nicaragua 1998 8 89 9 1 Paraguay 199/98 0 0 1 8 1 0 Fuente: PAHO 00. El lento progreso de la infraestructura conlleva un deterioro del crecimiento y la competitividad La infraestructura es imprescindible para el crecimiento económico y la producti- vidad. Entre los investigadores hay amplio consenso en esta observación de sentido común. En un examen de 62 estudios recientes, Calderón y Servén (2006) confirman que la gran mayoría de ellos coinciden en que la infraestructura contribuye a aumen- tar la producción y/o a disminuir los costos de producción. Además, los pocos estu- dios que llegan a conclusiones diferentes están centrados en los países desarrollados. Eso coincide con un estudio de 102 documentos examinados en Briceño-Garmendia, Estache y Shafik (2004). La relación entre inversiones en infraestructura y activos de infraestructura se ve afectada por la eficiencia del gasto (que a su vez depende de fac- tores como la eficiencia en la adquisición, la corrupción y la selección de proyectos). Ello explica la relación mucho menos sólida existente entre inversión en infraestruc- tura pública y crecimiento. En términos generales, los rendimientos de las inversiones en infraestructura son más altos cuando la cantidad y calidad de la infraestructura existente son más bajas, por lo que su contribución al crecimiento es mayor en los países en desarrollo (re- cuadro 1.1). La infraestructura tiene una importante repercusión en el crecimiento en Amé- rica Latina. Calderón y Servén (2003) observan que la infraestructura contribuye de manera positiva y significativa a la producción y al crecimiento en esta región. Estiman que la productividad marginal de la infraestructura de telecomunicaciones, infra.indd 21 20/03/2007 05:15:14 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe Recuadro 1.1 Infraestructura, productividad y crecimiento: qué dicen las publicaciones Varios estudios empíricos han puesto de manifiesto que la infraestructura tiene efectos positivos en la producción, sobre todo en los países en desarrollo. La rentabilidad de las inversioneseninfraestructuraesengeneralmáselevadaenlasfasesinicialesdedesarrollo, durante las cuales la infraestructura es escasa y no se ha terminado la construcción de las redes básicas. Los rendimientos tienden a disminuir ­algunas veces en forma pronun- ciada­ a medida que las economías llegan a su estado de madurez. De hecho, algunos estudios sobre los Estados Unidos han revelado que la inversión en infraestructura tiene efectos negativos en la producción total (Briceño-Garmendia, Estache y Shafik 2004). En un estudio de gran influencia, Aschauer (1989) comprobó que el conjunto de la infraestructura pública es un determinante significativo de la productividad total de los factores (PTF) agregada. Por otro lado, la importancia económica de esos resultados resultó ser inaceptablemente poco sólida cuando se utilizaban técnicas econométricas más avanzadas (Holtz-Eakin, 1994; Cashin 1995; Baltagi y Pinnoi 1995). Gramlich (1994) presenta un panorama general de esas obras. Los estudios empíricos más recientes, basados sobre todo en la utilización de datos de panel referidos a varios países, confirman que la infraestructura contribuye en forma sig- nificativa a la producción. Estos análisis están basados en técnicas econométricas cada vez máscomplejasquepermitentenerencuentalacausalidadinversa(lainfraestructurapuede generar crecimiento, pero el crecimiento hace también que las empresas y personas pidan más infraestructura; si no se tiene esto en cuenta, el resultado sería una sobrevaloración de la contribución de la infraestructura al crecimiento). En este sentido son importantes los estudiosdeCanning(1999),queestudiadatosdepanelparaungrannúmerodepaíses,yde DemetriadesyMamuneas(2000),queutilizandatoscorrespondientesalospaísesdelaOCDE. Röller y Waverman (2001), que utilizan un marco que controla la posible endogeneidad de la acumulación de infraestructura, comprueban que la infraestructura de telecomuni- caciones tiene gran influencia en la producción. Se observan datos semejantes relativos a las carreteras en Fernald (1999), que utiliza datos sobre la industria de los Estados Unidos. Calderón y Servén (2003) presentan un análisis empírico semejante centrado en América Latina. Observan aportaciones positivas y significativas a la producción procedente de tres tipos de infraestructura: telecomunicaciones, transporte y electricidad. Algunosestudiosnoseconformanconmedirlosgastosyelvolumentotaldelainfrae- structura y consideran su eficiencia o calidad. Hulten (1996) observa que las diferencias en el uso eficaz de la infraestructura explican el 25% de la diferencia de crecimiento entre África y Asia oriental, y más del 40% de la diferencia entre los países de bajo y alto cre- cimiento. Utilizando un conjunto amplio de datos de panel, Esfahani y Ramírez (2002) observan que la infraestructura tiene considerables efectos en el crecimiento, pero que su contribución se ve afectada por factores institucionales. Finalmente, Calderón y Servén (2004b) señalan que la cantidad y calidad de la infraestructura tienen considerables re- percusiones en el crecimiento económico y la distribución de los ingresos. Los autores (Continúa en la página siguiente) infra.indd 22 20/03/2007 05:15:14 p.m. La infraestructura en América Latina y el Caribe progresa, pero no lo suficiente (Continuación recuadro 1.1) utilizan un amplio conjunto de datos de panel que abarca más de 100 países y comprende el período que va desde 1960 hasta 2000, y realizan distintas pruebas de especificación para comprobar que los resultados captan la relación de causalidad entre la cantidad y calidad de la infraestructura y el crecimiento y la desigualdad. Fuente: Adaptado de Calderón y Servén 00b, con aportes de Briceño-Garmendia, Estache y Shafik 00. transporte y electricidad es significativamente más alta que la del capital no invertido en infraestructura. Observan también que la mayor lentitud de la acumulación de infraestructura en la región explica en gran parte por qué ésta ha permanecido por detrás de Asia oriental en términos económicos: la diferente evolución de los activos de infraestructura explica el 30% de la brecha interregional del PIB durante 1980-97. La mejora del nivel y calidad de la infraestructura podría tener considerables be- neficios en el crecimiento. Calderón y Servén (2004b) estiman los posibles beneficios en el crecimiento resultantes de una mejora en la cantidad y calidad de la infraestruc- tura. Si otros países de América Latina llegaran a ponerse a la altura de Costa Rica, primer país de la región en ambos sentidos, las tasas de crecimiento per cápita del PIB serían entre un 1,3% y un 4,8% más altas, según el país en cuestión (cuadro 1.3). Si se llegara a alcanzar el nivel de Corea, que representa la mediana de la economía de los tigres de Asia oriental, los beneficios serían todavía mayores. El volumen de la inversión necesaria sería cuantioso, pero no inalcanzable. Para conseguir el nivel de infraestructura productiva de Corea, América Latina y el Cari- be tendrían que invertir entre el 4% y el 6% del PIB al año durante 20 años, es decir, entre dos y cuatro veces más de lo que la mayoría de los países están invirtiendo en la actualidad.3 Este objetivo es ambicioso pero realista4. Corea, lo mismo que China, Indonesia y Malasia, alcanzó niveles semejantes de inversión durante los 20 años 3. Se supone un crecimiento anual del PIB del 2,7%, un aumento anual de la población del 1,24% y un objetivo alternativo de un tercio de la densidad vial de Corea (debido a la menor densidad demográfica de la región de América Latina y el Caribe). En este caso, por infrae- structura se entiende la telefonía (fija y celular), la capacidad de generación de electricidad y la densidad vial. Cuando se utiliza como objetivo el total de las carreteras, la inversión anual estimada durante 20 años es el 4% del PIB; para las carreteras pavimentadas, la inversión sería el 6%. Véase información más detallada en el Apéndice B. 4. Esta inversión no podría financiarse exclusivamente con recursos públicos (o requeriría una reasignación masiva de recursos). En 2000-01, el gasto público total en América Latina y el Caribe representó un promedio del 22% del PIB, y el total de la inversión pública una cifra próxima al 3% del PIB. infra.indd 23 20/03/2007 05:15:14 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe comprendidos entre los decenios de 1970 y 1990. De hecho, la dotación de infraes- tructura de Corea hace 25 años era considerablemente inferior a la de Argentina, Bra- sil y México en la actualidad. Si Calderón y Servén están en lo cierto, el aumento de las inversiones en infraestructura en la región generaría enormes dividendos en forma de mayor crecimiento y menor desigualdad. Cuadro 1.3 Aumentos potenciales del crecimiento del PIB per cápita en varios países de América Latina, gracias a las mejoras en la cantidad y calidad de la infraestructura (puntos porcentuales) Mejora hasta alcanzar los niveles del Mejora hasta alcanzar la mediana primer país de América Latina y el de los tigres de Asia oriental Caribe (Costa Rica) (República de Corea) País Cantidad Calidad Total Cantidad Calidad Total Argentina 1, 0, 1, , 0,9 , Bolivia ,8 0, , ,8 1,0 ,8 Brasil 1, 1, ,9 , 1,9 , Chile 1, 0,0 1, , 0, ,8 Colombia 1,9 1, ,1 ,9 1, , Costa Rica 1,0 0, 1, Ecuador ,0 1,0 ,0 ,0 1, , El Salvador 1, 0, ,1 , 1,0 , Guatemala , 0, , , 0,9 , Honduras ,1 1,1 , ,1 1, , México 1, 0, 1, , 0,8 , Nicaragua , 1, ,8 , 1,9 , Panamá 1, 0, 1, , 0, ,1 Perú ,0 0, , ,0 1,1 ,0 República Dominicana 1, 0,1 1, , 0, ,9 Uruguay 0, 0, 1,1 1, 0,9 , Venezuela, R.B. de 1,1 0, 1, ,0 0,9 ,9 Fuente: Calderón y Servén 00b. La infraestructura es un determinante importante de la productividad. En los países en desarrollo, los hogares utilizan casi a partes iguales la infraestructura, en cuanto artículo de consumo final, y las empresas, en cuanto artículo de consumo in- termedio (Prud'homme 2004). Una infraestructura adecuada hace que las empresas sean más productivas y, por lo tanto, más competitivas en el plano internacional. Es también fundamental la capacidad de los países de beneficiarse de la liberalización del comercio, ya que la infraestructura es decisiva para las reformas "intrafronterizas". Este aspecto es importante en América Latina y el Caribe, donde la liberalización del comercio continúa avanzando en muchos países. infra.indd 24 20/03/2007 05:15:15 p.m. La infraestructura en América Latina y el Caribe progresa, pero no lo suficiente Las deficiencias de infraestructura contribuyen a la baja posición de la región en los índices de competitividad. Se han elaborado varios de estos índices, en que se agre- gan las variables de infraestructura. Entre ellos se incluyen los índices de crecimiento y de competitividad de las empresas, del Foro Económico Mundial, y el anuario sobre la competitividad en el mundo (World Competitiveness Yearbook), del Instituto Inter- nacional para el Desarrollo de la Gestión.5 Estos índices utilizan datos y encuestas de empresas para calificar la capacidad de los países de crear y mantener un entorno que sustente la competitividad empresarial. Las evaluaciones del Banco Mundial sobre el clima para la inversión realizan también encuestas entre las empresas para conocer el entorno en donde deben funcionar, incluida la infraestructura. Más de la mitad de las respuestas recibidas de la región consideraban que la situación de la infraestructura constituía un obstáculo importante o grave al funcionamiento y crecimiento de sus empresas (gráfico 1.1). Este nivel, compartido por el Medio Oriente y África septen- trional, es el más elevado entre las regiones en desarrollo. Gráfico 1.1 Empresas que consideran que la infraestructura representa un grave problema, desglosadas por región Fuente: Banco Mundial 00d, basado en encuestas sobre el clima para la inversión aplicadas entre 001 y 00. Nota: Indica el porcentaje de empresas que consideran que la insuficiencia de la infraestructura de electricidad, tele- comunicaciones o transporte representa un obstáculo importante o grave para su funcionamiento y crecimiento. 5. Los índices del Foro Económico Mundial pueden verse en http://www.weforum.org/ y el World Competitiveness Yearbook en http://www02.imd.ch/wcc/yearbook/. infra.indd 25 20/03/2007 05:15:15 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe La falta de infraestructura en América Latina representa una amenaza para la productividad y la integración. Las encuestas sobre el clima para la inversión en Bra- sil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua confirman que la mayor parte de los empresarios consideran que las deficiencias de la infraestructura repre- sentan un problema grave. Esa es también la conclusión de un análisis de las encues- tas sobre esos seis países, más Indonesia, realizado para el presente informe. Según Escribano y otros (2005), las variables relacionadas con la infraestructura explican, en promedio, el 55% de la productividad total de los factores (PTF) en los países de América Latina. Las variables de la infraestructura con mayores repercusiones en la productividad son las deficiencias en el sector eléctrico y, en medida mucho menor, los servicios de transporte (gráfico 1.2). En Escribano y otros (2005) se observa tam- bién que los problemas de infraestructura repercuten en la integración de América Latina con los mercados mundiales. En particular, esos problemas merman la capa- cidad de las empresas para exportar y la de los países para atraer inversión extranjera, con lo que se reducen las oportunidades de aumentar la integración internacional y reforzar la competitividad, la tecnología y la innovación. Asimismo, las deficiencias de la infraestructura elevan los costos logísticos y obli- gan a mantener amplios inventarios en la región. Los costos logísticos oscilan entre el 15% del valor del producto en Chile y el 34% en Perú.6 El promedio en los países de la OCDE es el 10% (Guasch 2002). Si bien parte de esta diferencia se debe al mayor valor con respecto al peso de los productos de la OCDE, buena parte se puede atribuir a las diferencias en la calidad y fiabilidad de la infraestructura. La baja calidad y fiabilidad exigen niveles elevados de inventarios. Mientras que las empresas de los Estados Uni- dos tienen inventarios que equivalen aproximadamente al 15% del PIB, en América Latina y el Caribe y otras regiones en desarrollo la proporción es muchas veces el doble (Guasch 2004). El mantenimiento de estos niveles es costoso ya que supone la inmovilización de capital, lo que tiene un elevado costo en la mayor parte de la región. El resultado es un aumento significativo de los costos unitarios, con lo que se merman la competitividad y la productividad. Guasch estima que, suponiendo una tasa de interés del 15%-20%, los inventarios adicionales exigidos por las deficiencias logísticas cuestan a las economías de América Latina y el Caribe más de 2% del PIB. 6. Los costos de logística ­costos contraídos para situar los productos de las fábricas en los mer- cados­ son muy sensibles a la calidad de la infraestructura, en particular el transporte. Una infraestructura poco fiable o inexistente genera mayores pérdidas durante el tránsito, obliga a tener grandes inventarios (en vez de pedidos "justo a tiempo") y supone costos de transporte más elevados. infra.indd 26 20/03/2007 05:15:15 p.m. La infraestructura en América Latina y el Caribe progresa, pero no lo suficiente Gráfico 1.2 Aumento de la productividad resultante de una mejora del 20% en determinadas variables del clima para la inversión en varios países de América Latina y en Indonesia 7 6 5 4 centaje3 Por 2 1 0 Brasil Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Indonesia Nicaragua Fuente: Escribano y otros 00. Las deficiencias de la infraestructura son también un obstáculo en la lucha contra la pobreza y la desigualdad La expansión reciente de cobertura de la infraestructura ha beneficiado habitualmen- te, pero no siempre, a los pobres. Como las personas pobres, en particular las que vi- ven en las zonas rurales remotas, normalmente las últimas son las que llegan a conec- tarse, es de prever que la reciente expansión gradual de los servicios en América Latina haya sido para ellas más beneficiosa que para quienes se encuentran en situación más desahogada. Por otro lado, los datos del país presentan rasgos de signo contrario. Por ejemplo, entre 1989 y 1996 el acceso al agua del décimo más pobre de la población urbana de Brasil pasó del 53% al 74%, mientras que en el caso del séptimo decil el aumento fue del 92% al 97%. En cambio, en las zonas rurales los aumentos absolutos beneficiaron más al séptimo decil, cuya cobertura subió del 64% al 77%, mientras que en el decil más bajo sólo subió del 12% al 21%. Durante el mismo período, en México, la cobertura de la electricidad bajó ligeramente en el decil urbano más pobre, y en el séptimo decil rural apenas registró cambios en el séptimo decil urbano y subió nota- blemente en el caso del decil rural más bajo (Estache, Foster y Wodon 2002). El acceso a la infraestructura es fundamental para mejorar las oportunidades eco- nómicas de los pobres. Cuando éstos y las zonas subdesarrolladas consiguen vincu- larse con las actividades económicas básicas, pueden tener acceso a oportunidades económicas adicionales (Estache 2004). El desarrollo de la infraestructura en las re- giones pobres reduce también los costos de producción y de transacción (Gannon y infra.indd 27 20/03/2007 05:15:15 p.m. 8 Infraestructura en América Latina y el Caribe Liu 1997). Por ejemplo, la infraestructura multiplica las oportunidades de empleo en las zonas rurales pobres ya que reduce los costos de acceso a los mercados de pro- ductos y factores (Smith y otros 2001). Además, el acceso a la infraestructura puede elevar el valor de los activos de la población pobre. Investigaciones recientes relacio- nan el valor de los activos de las zonas agrícolas pobres ­determinado en función del valor neto actualizado de los beneficios generados por los cultivos­ con su distancia de los mercados agrícolas. Las mejoras en los servicios viales y de comunicaciones implican aumentos de capital para estos agricultores pobres (Jacoby 2002). Las complementariedades entre los servicios de infraestructura revelan la necesidad de promover el acceso a una serie de servicios. Chong, Hentshel y Saavedra (2004) observan que los hogares urbanos con acceso a más de un servicio (abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad o teléfono) disfrutan de una situación económica mu- cho mejor que los que sólo cuentan con un servicio, de donde se deduce que la multipli- cidad de servicios tiene efectos multiplicadores más que de simple agregación. Escobal y Torero (2005) observan efectos semejantes en el Perú rural, donde los servicios múlti- ples aumentaron significativamente la productividad agrícola y la diversificación fuera de la agricultura. Ambos estudios tienen en cuenta la causalidad invertida (las personas más ricas compran más servicios de infraestructura), por lo que los efectos netos esti- mados son una prueba más en favor de la agregación de los servicios de infraestructura como medio de multiplicar su impacto en los ingresos de los hogares. Una infraestructura de mayor calidad influye también en la salud y educación de las personas pobres. El acceso a agua potable y saneamiento es crucial para la buena salud. Las enfermedades contraídas al beber agua contaminada, o por falta de agua potable y saneamiento para la higiene doméstica, se encuentran entre las principales causas de la mortalidad infantil (OMS 2002). Según Galiani, Gertler y Schargrodsky (2005), en Argentina la mortalidad infantil bajó un 8% en las zonas donde los servi- cios públicos de abastecimiento de agua estaban privatizados (y, por tanto, contaban con mayor cobertura y calidad de servicio), y la mayor parte de la reducción tuvo lugar en zonas de ingreso bajo donde la red de abastecimiento de agua registró la mayor expansión. En términos más generales, Fay y otros (2005) observan que, si se ofreciera al quintil más pobre de los países en desarrollo el mismo acceso a los servi- cios básicos de que disfrutan los más ricos, la mortalidad infantil se reduciría un 8% y el retraso del crecimiento un 14%. Las mejoras de la infraestructura generan también otros beneficios, menos evidentes (véase Brenneman 2002). Las conseguidas en el transporte facilitan el acceso a la atención de salud y mejoran la dotación de personal y el funcionamiento de los dispensarios. La matrícula de las niñas aumenta cuando se incrementa el acceso al agua corriente, que de lo contrario habría que transportarla hasta el hogar. La electricidad permite a los alumnos disponer de más tiempo para el infra.indd 28 20/03/2007 05:15:16 p.m. La infraestructura en América Latina y el Caribe progresa, pero no lo suficiente 9 estudio, al mismo tiempo que la contribución del agua potable a mejorar la salud les permite pasar más tiempo en clase. Quizá debido a ello, las mejoras de la infraestructura reducen la desigualdad de los ingresos. Calderón y Servén (2004) observan que el acceso a la infraestructura y la calidad de ésta reducen significativamente la desigualdad. Esto reviste especial importancia en América Latina, ya que es la región del mundo con mayores desigual- dades ­el coeficiente de Gini se ha mantenido en torno al 0,5 al menos durante 25 años (De Ferranti y otros 2004)­ y la reducción de la desigualdad resulta sumamente difícil. Los estudios de Calderón y Servén revelan que, si los países de América Lati- na aumentaran la cantidad y calidad de la infraestructura hasta alcanzar los niveles del primer país de la región, Costa Rica, sus coeficientes de Gini bajarían entre 0,02 y 0,10 (cuadro 1.4). Si se alcanzara el nivel de la economía mediana de los tigres de Asia oriental, Corea, el descenso sería de 0,03-0,13. Se trata sin duda de cambios significativos. Cuadro 1.4 Reducciones potenciales de la desigualdad (coeficiente de Gini) en varios países de América Latina, como consecuencia de las mejoras en la cantidad y calidad de la infraestructura Mejora hasta alcanzar los niveles del Mejora hasta alcanzar la mediana primer país de América Latina y el de los tigres de Asia oriental (Repú- Caribe (Costa Rica) blica de Corea) País Cantidad Calidad Total Cantidad Calidad Total Argentina ­0,0 ­0,01 ­0,0 ­0,0 ­0,0 ­0,0 Bolivia ­0,08 ­0,01 ­0,09 ­0,10 ­0,0 ­0,1 Brasil ­0,0 ­0,0 ­0,0 ­0,0 ­0,0 ­0,09 Chile ­0,0 0,00 ­0,0 ­0,0 ­0,01 ­0,0 Colombia ­0,0 ­0,0 ­0,0 ­0,0 ­0,0 ­0,09 Costa Rica ­ ­ ­ ­0,0 ­0,01 ­0,0 Ecuador ­0,0 ­0,0 ­0,0 ­0,0 ­0,0 ­0,09 El Salvador ­0,0 ­0,01 ­0,0 ­0,0 ­0,0 ­0,0 Guatemala ­0,0 ­0,01 ­0,08 ­0,09 ­0,0 ­0,11 Honduras ­0,0 ­0,0 ­0,09 ­0,09 ­0,0 ­0,1 México ­0,0 0,00 ­0,0 ­0,0 ­0,01 ­0,0 Nicaragua ­0,0 ­0,0 ­0,10 ­0,09 ­0,0 ­0,1 Panamá ­0,0 0,00 ­0,0 ­0,0 ­0,01 ­0,10 Perú ­0,0 ­0,01 ­0,0 ­0,08 ­0,0 ­0,10 República Dominicana ­0,0 0,00 ­0,0 ­0,0 ­0,01 ­0,0 Uruguay ­0,0 ­0,01 ­0,0 ­0,0 ­0,0 ­0,0 Venezuela, R. B. de ­0,0 ­0,01 ­0,0 ­0,0 ­0,0 ­0,0 Fuente: Calderón y Servén 00b. infra.indd 29 20/03/2007 05:15:16 p.m. 0 Infraestructura en América Latina y el Caribe En resumen, la región de América Latina y el Caribe debe acelerar sus progresos en la cobertura y calidad de la infraestructura. La región ha perdido terreno con respecto a sus homólogas y a países cuyos éxitos económicos podrían emularse, y es ahora menos competitiva. Las limitadas mejoras en infraestructura han implicado también menos progreso en la reducción de la pobreza y en la mejora de los niveles de vida y las oportunidades económicas de los más pobres. En el capítulo siguiente se presentan algunas explicaciones del desempeño algo decepcionante de la región. infra.indd 30 20/03/2007 05:15:16 p.m. 2 El problema: Mejora insuficiente en la gestión de unos recursos demasiado escasos Los gobiernos de América Latina redujeron drásticamente la inversión en infraes- tructura a lo largo del decenio de 1990. Eso se debió a los programas de austeridad fiscal adoptados en muchos países y a la aparición de un nuevo paradigma para la prestación de servicios de infraestructura, ya que la innovación en el ámbito regula- dor y financiero hacía cada vez más posible delegar el financiamiento y la gestión al sector privado. Éste, según las previsiones, compensaría el déficit de financiamiento y mejoraría el desempeño, pero los resultados no han estado a la altura de las expectativas. Al- gunos países y sectores han sido mucho más atractivos para el sector privado, y los países han elegido diferentes sectores y planteamientos para la participación privada. No obstante, la recuperación de costos, esencial para la participación privada sin subvenciones, ha resultado ser un objetivo inalcanzable. Asimismo, las trabas relacio- nadas con la reglamentación y el buen gobierno han sido mayores de lo previsto. Todo eso ha dado lugar a una decepción, quizá excesiva, con respecto a la partici- pación privada. En general, la participación privada en la infraestructura de la región ha mejorado la calidad y la cobertura. Aunque los precios muchas veces subieron a raíz de la privatización o la concesión, los beneficios de los concesionarios no fue- ron en general excesivos. Por otro lado, los resultados de la participación privada se ven afectados por la forma como está estructurada y supervisada por los gobiernos. Las mejoras del desempeño dependen de la eficacia del marco regulador, mientras que las repercusiones en la distribución dependen en buena medida de la decisión gubernamental de optar o no por la redistribución. Así, el sector público continúa desempeñando un papel fundamental, en cuanto regulador y en cuanto proveedor directo de infraestructura. infra.indd 31 20/03/2007 05:15:16 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe La inversión privada no ha compensado los recortes públicos En los últimos decenios, la inversión en infraestructura ha caído fuertemente en la mayor parte de América Latina y el Caribe. La inversión pública en este sector bajó del 3,1% del PIB en 1980-85 al 0,8% en 1996-2001 en seis grandes países latinoame- ricanos, mientras que la inversión privada subió del 0,6% a sólo el 1,4% (gráfico 2.1). Así pues, la inversión total en estos países descendió de una media ponderada del 3,7% del PIB en 1980-85 al 2,2% en 1996-2001. Las únicas excepciones en este grupo fueron Chile y Colombia, que registraron una notable expansión desde los primeros años noventa (no se dispone de datos completos para el Caribe, pero parece que en muchas islas mantuvieron también altos niveles de inversión total, procedentes sobre todo del sector público). La inversión pública ha soportado gran parte del ajuste fiscal. El descenso del gas- to estatal en infraestructura ha sido consecuencia de la austeridad fiscal impuesta por las crisis macroeconómicas. Los cambios registrados en las inversiones públicas en infraestructura y en los saldos fiscales siguieron caminos notablemente semejantes durante los decenios de 1980 y 1990, en que la contracción de las inversiones explicó la mitad o más de los ajustes fiscales en cinco de las nueve economías consideradas (cuadro 2.1). La reducción de la inversión en infraestructura pública fue especial- mente pronunciada en Brasil, donde su descenso fue mucho mayor que la mejora del saldo fiscal, y los gastos corrientes de hecho aumentaron. Al mismo tiempo, la región atrajo casi la mitad de la PPI del mundo en desarrollo. Entre 1990 y 2003, casi la mitad de los US$786.000 millones de PPI en los países en desarrollo tuvo como destino América Latina y el Caribe. Ello puede explicarse por varios factores: la región fue la primera en abrir su infraestructura a la participación privada, el crecimiento previsto era razonablemente elevado, el entorno macroeco- nómico parecía estable y la región estaba evolucionando hacia una mayor apertura económica (Sirtaine 2005). El promedio anual de la inversión privada en infraestruc- tura subió significativamente en el decenio de 1990 en todas las grandes economías de la región, con excepción de Brasil, donde continuó manteniéndose en torno al 1% del PIB (véase el gráfico 2.1). El aumento fue especialmente notable en Chile, donde la inversión privada alcanzó un promedio del 3,9% del PIB en 1996-2001. Bolivia (no incluida en el gráfico) tuvo también un nivel particularmente elevado de inversión privada, con un promedio del 4,4% del PIB anual durante ese período. infra.indd 32 20/03/2007 05:15:16 p.m. El problema: Mejora insuficiente en la gestión de unos recursos demasiado escasos Gráfico 2.1 Inversión total, pública y privada en infraestructura en ocho grandes países de América Latina, 1980-2001 a. Inversión total 8 7 6 IBP 5 4 % 3 2 1 0 b. Inversión pública IBP % IBP % Fuente: Calderón y Servén 00a. infra.indd 33 20/03/2007 05:15:16 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe Cuadro 2.1 Cambios en la inversión pública y el saldo fiscal y contribuciones al ajuste fiscal en varios países de América Latina, 1995-98 en comparación con 1980-84 (porcentajes) Cambio en la inversión Contribución de la reducción pública/PIB de la inversión al ajuste fiscal Cambio en el País Total Infraestructura saldo fiscal/PIB Total Infraestructura Argentina ­,9 ­,8 ,1 , ,8 Bolivia 0,91 ­,10 ,1 n.d. 0, Brasil ­,80 ­,08 1, 18,1 1, Chile ­0,9 ­1,1 ,9 9, 8,8 Colombia ­0, 0,0 ,9 9, n.d. Ecuador ­1, 0,8 1,81 8,0 n.d. México ­,09 ­1,98 ,8 9,0 1, Perú ­,10 ­1,1 ,11 1,0 8, Venezuela, R.B. de ­,9 ­0,1 ­1,88 n.d. n.d. Fuente: Calderón, Easterly y Servén 00. Nota: El saldo fiscal se mide aquí en forma de superávit primario. Las concesiones han sido el vehículo de PPI más utilizado en la región, pero las privatizaciones completas han atraído más fondos.1 En 1990-2003, la región contó con 999 proyectos relacionados con la PPI. Las concesiones representaron el 75% (el 44% fueron proyectos de nueva planta y el 31% estaba relacionado con activos exis- tentes), las privatizaciones (es decir, la enajenación de los activos existentes) el 22%, y los contratos de gestión y arrendamiento sólo el 3% (gráfico 2.2). Por otro lado, las privatizaciones generaron más de la mitad de los US$374.000 millones en PPI, mien- tras que los proyectos totalmente nuevos representaron poco menos de un tercio y las concesiones de activos existentes algo menos de la quinta parte. La PPI ha transformado el sector de la infraestructura. En 1990, sólo el 3% de las conexiones telefónicas y eléctricas de la región estaban en manos de compañías pri- vadas, y casi ningún servicio de abastecimiento de agua era de propiedad privada. En 1. Una concesión otorga a un inversionista privado el derecho a explotar el servicio durante un período definido (normalmente entre 15 y 30 años) con sujeción a algunos requisitos rela- cionados con la inversión y el funcionamiento. Las concesiones suelen adjudicarse mediante licitación y pocas veces transfieren la propiedad de los activos utilizados. En los proyectos totalmente nuevos, las concesiones de construcción-operación-transferencia han sido fre- cuentes en las centrales eléctricas y gasoductos en América Latina y el Caribe, y se han utili- zado también para el agua y el saneamiento. Se han hecho también concesiones en carreteras, aeropuertos y puertos. infra.indd 34 20/03/2007 05:15:17 p.m. El problema: Mejora insuficiente en la gestión de unos recursos demasiado escasos 2003, los servicios públicos gestionados por empresas privadas representaban el 86% de los abonos de servicios de telecomunicación, el 60% de las conexiones eléctricas y el 11% de las conexiones al servicio de abastecimiento de agua (Andrés, Foster y Guasch 2005). Gráfico 2.2 Formas de participación privada en la infraestructura en América Latina y el Caribe, 1990­2003 a. Por número de proyectos b. Por flujos financieros Enajenación Proyecto 22% Enajenación totalmente 54% nuevo Proyecto 29% totalmente nuevo 44% Contrato de gestión y arrendamiento 0% Concesión (activos Concesión existentes) Contrato de gestión (activos 31% y arrendamiento existentes) 3% 17% Fuente: World Bank Private Participation in Infrastructure Database. Pero la PPI no ha sido igual en los diferentes países y sectores. En 1990-2003, seis países ­Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú­ recibieron el 93% de la PPI de la región. La mayor parte de esta inversión correspondió a las telecomunicaciones (46%), seguidas de la energía (32%), el transporte (17%) y el abastecimiento de agua y el saneamiento (5%) (base de datos del Banco Mundial sobre la PPI). Esta pauta co- incide con la observada en Calderón y Servén (2004a): el total de las inversiones en telecomunicaciones aumentó en los seis países de su muestra, mientras que la inversión en electricidad y transporte bajó en la mayoría de ellos. Esa evolución se corresponde también al desigual ritmo y profundidad de la reforma en esos sectores (recuadro 2.1). No toda la PPI se ha orientado hacia nuevas inversiones. Un tercio de la PPI recien- te de la región ha consistido en pagos efectuados a los gobiernos (licencias, cánones, ingresos resultantes de la privatización). Así, las nuevas inversiones en instalaciones sumaron sólo US$255.000 millones (que representan el 45% del total del mercado emergente para dichas inversiones). Además, estos datos representan el valor total de los proyectos con participación privada y, por tanto, incluyen algunas inversiones pú- blicas. En definitiva, estas cifras sobrevaloran la inversión privada en infraestructura dentro de la región. Incluso cuando alcanzó su nivel más elevado, la PPI no consiguió infra.indd 35 20/03/2007 05:15:17 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe Recuadro 2.1 Ritmo desigual de la reforma de la infraestructura en los distintos sectores La privatización ha alcanzado su máximo nivel en las telecomunicaciones. Durante el decenio de 1980 los servicios de telefonía fija eran ofrecidos por monopolios estatales en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. La privatización comenzó en Chile (1986), Jamaica (1989), Argentina (1990) y México (1990), y posteriormente se extendió por toda la región. Los servicios de larga distancia se liberalizaron en una segunda oleada de reformas que comenzó en Chile en 1994. Sólo seis países de América Latina tienen todavía empresas públicas de telecomunicaciones: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay y Uruguay. En el conjunto de la región, el 86% de los abo- nados de teléfonos fijos recibían sus servicios a través del sector privado en 2003, mientras que en 1990 ese tipo de servicio era prácticamente inexistente. La mayor parte de los países vendieron participaciones mayoritarias en las compañías estatales y obligaron a los nuevos propietarios a comprometerse a ampliar las redes y cumplir normas de calidad. A cambio, se garantizaba a los inversionistas un período de monopolio ­que duraría un promedio de cinco años­, después del cual los mercados se abrirían a la competencia. Los servicios celulares han supuesto una notable participación privada desde el comienzo, y la competencia ha aumentado gradualmente. Todos los grandes países de la región cuentan al menos con tres empresas de teléfonos móviles. Las reformas de la electricidad se encuentran en diferentes fases. También en este caso, Chile fue el país pionero y privatizó sus principales empresas eléctricas en 1986-89. Siguieron Argentina en 1992, y luego Bolivia, Colombia y Perú. En los últimos años noventa, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá introdujeron reformas en las que se incluía el establecimiento de juntas reguladoras para fijar normas de calidad, supervisar las tarifas y vigilar la observancia de las empresas privadas. No obstante, algunos países, entre ellos Paraguay y Uruguay, han introducido pocas refor- mas en esta esfera. Aproximadamente el 60% de las conexiones eléctricas de la región eran gestionadas por distribuidores privados en 2003, frente al 3% de 1990. La reforma reciente se ha centrado en la desagregación de las actividades de generación, transmisión y distribución, la privatización de los activos (en el caso de la generación) o la gestión de dichos activos (en la transmisión y distribución), la promoción de la competencia en el mercado de servicios de generación, el fomento de la competencia en otros mercados (normalmente mediante la licitación de los monopolios de transmisión o distribución) y el fortalecimiento de los incentivos normativos para mejorar el desempeño. La privatización del transporte ha adoptado numerosas formas, pero la más frecuente son las concesiones. Las reformas han presentado diferencias en los distintos subsectores del transporte. En los puertos, las actividades de carga y descarga se han subcontratado en Colombia y Ecuador, mientras que en Argentina, Chile y Panamá se han establecido con- cesiones para el arrendamiento de puertos y en Colombia se han establecido autoridades portuarias en régimen de concesión. En Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua (Continúa en la página siguiente) infra.indd 36 20/03/2007 05:15:17 p.m. El problema: Mejora insuficiente en la gestión de unos recursos demasiado escasos (Continuación recuadro 2.1) no se han introducido todavía reformas portuarias y la participación privada continúa siendo limitada. Por su parte, la participación privada en los servicios de transporte urbano (Chile, Colombia) y las instalaciones correspondientes (Chile) ha adoptado numerosas formas. Se han establecido concesiones para los servicios ferroviarios de carga en Argentina, Chile y México. La competencia en los servicios de transporte por carretera continúa siendo baja en muchos países de América Latina y el Caribe, debido al comportamiento oligopolístico y la resistencia a la integración regional. Las reformas y la participación privada están menos extendidas en el abastecimiento de agua y el saneamiento. Los gobiernos locales se han ido encargando cada vez más de la gestión de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en la región, por lo que ha habido poco margen para la reestructuración sectorial de alcance nacional. Dado que el abastecimiento de agua y el alcantarillado en gran escala son servicios que implican una red con costos fijos elevados, la competencia es inevitablemente limitada. Además, la importancia trascendental del agua para la vida y la salud justifica una fuerte inter- vención estatal para promover su disponibilidad y asequibilidad, mientras que el posible impacto en el bienestar social hace que los cambios en la prestación de servicios resulten políticamente delicados. Se han registrado algunas ventas de capital social dentro de este sectorenlaregión,empezandoporEMOSdeChile(posteriormente,AguasAndinasSA)en 1990. Pero la participación privada se ha hecho normalmente en forma de concesiones o contratos de gestión. Sólo el 11% de las conexiones de agua de la región eran gestionadas por operadores privados en 2003, mientras que en 1990 la cifra era prácticamente nula. Además de Chile, otros países donde se ha dado cabida a la participación privada son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Trinidad y Tobago. No hay participación privada en Ecuador, Perú ni Venezuela. Fuente: Andrés, Foster y Guasch 00; Estache y Rossi 00. nunca ni mucho menos satisfacer las necesidades de infraestructura de la región (Fay 2001). Desde 1998, la PPI ha caído de forma espectacular, y no presenta señales de re- cuperación. Se ha puesto fin a los grandes programas de privatización y el interés de los inversionistas ha decaído. En consecuencia, la PPI bajó de US$71.000 millones en 1998 a US$16.000 millones en 2003. Además, algunas formas de PPI han cambiado notablemente. En 2003, no hubo ninguna enajenación; los proyectos totalmente nue- vos representaban el 72% de las transacciones, y las concesiones de activos existentes el 13% (gráfico 2.3). Además, los contratos de gestión y arrendamiento han aumenta- do de forma considerable, y los seis firmados en 2003 representaban el 15% de todos los acuerdos. infra.indd 37 20/03/2007 05:15:17 p.m. 8 Infraestructura en América Latina y el Caribe Gráfico 2.3 Formas de participación privada en la infraestructura en América Latina y el Caribe, 1990-2003 160 140 120 100 rpoyectos ed 80 o Númer 60 40 20 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Año Fuente: World Bank Private Participation in Infrastructure Database. El rechazo de la participación privada no está del todo justificado La opinión pública se ha vuelto contra la PPI, y el interés de los inversionistas ha disminuido. A finales de 2000, más de un tercio de los argentinos creía que los servi- cios de infraestructura deberían situarse de nuevo bajo control gubernamental. Hoy, más de las tres cuartas partes opinan así.2 Este salto refleja una tendencia general: en la mayor parte de los países de América Latina, aproximadamente el 40% de la población estaba descontenta con la privatización en 1998; en 2004, el promedio era más próximo al 75% (gráfico 2.4). Esta oposición pública ha llegado a representar 2. El Cronista, "La mayoría cree que los servicios públicos deben volver al Estado", 18 de abril de 2005. infra.indd 38 20/03/2007 05:15:18 p.m. El problema: Mejora insuficiente en la gestión de unos recursos demasiado escasos 9 un grave obstáculo a la PPI en algunos países, desde el punto de vista tanto político como operacional. Al mismo tiempo, parece que muchos inversionistas privados han perdido interés por la infraestructura. El número medio de licitantes en las privati- zaciones de distribución de electricidad en América Latina bajó de más de cuatro en 1998 a menos de dos en 2000-01 (Harris 2003). Gráfico 2.4 Población que manifestó su descontento con las privatizaciones de la infraestructura en varios países de América Latina, 1998 y 2004 Fuente: Encuestas de Latinobarómetro. Nota: Los resultados de 1988 reflejan la opinión de quienes, en su respuesta a las encuestas, manifestaron su desacuer- do o fuerte desacuerdo con la afirmación "Las privatizaciones de las compañías estatales han sido beneficiosas para el país". Los datos de 00 indican quiénes estaban menos satisfechos o mucho menos satisfechos con los servicios públicos después de la privatización, tanto en relación con los precios como con la calidad. No obstante, la PPI ha conseguido muchos resultados positivos. En general, ha mejorado la cobertura y calidad de los servicios, y la mayor parte de los concesiona- rios han conseguido resultados razonablemente ­pero no demasiado­ satisfactorios. Aunque las concesiones son arriesgadas, pueden generar rendimientos suficientes a largo plazo (Sirtaine y otros 2005). Entonces, ¿por qué este fenómeno general de des- contento popular y desencuentro con el sector privado? La explicación puede estar en el número excesivo de renegociaciones y en algunos fracasos poco numerosos pero muy notorios, así como en la mala gestión de la economía política de la reforma. infra.indd 39 20/03/2007 05:15:18 p.m. 0 Infraestructura en América Latina y el Caribe El impacto de la participación privada ha conseguido resultados heterogéneos pero positivos, en general La participación privada ha mejorado la cobertura y calidad de los servicios ofrecidos por las empresas. El sector privado suele ser tan eficaz como el sector público (y más, en algunos casos), cuando el objetivo es ampliar los servicios y mejorar la calidad. La expansión muchas veces es consecuencia de un aumento de la inversión, que permite a los proveedores atender una demanda creciente y servir a nuevos consumidores y áreas (Harris 2003). En La Paz-El Alto (Bolivia), la tasa de nuevas conexiones con los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento aumentó dos tercios después de que el sector privado ingresara en el mercado. En El Alto la cobertura de los servicios de alcantarillado no había cambiado en un decenio con régimen de propiedad públi- ca, pero aumentó el 30% en los tres primeros años de participación privada (Foster e Irusta 2001, citado en Harris 2003). De la misma manera, un estudio de 181 empresas privatizadas de servicios públicos en la región revela que la entrada del sector priva- do aceleró significativamente la expansión de los servicios de telecomunicaciones y, en menor grado, la distribución de electricidad (Andrés, Foster y Guasch 2005). El ingreso del sector privado mejoró considerablemente la calidad de los servicios de telefonía fija, electricidad y abastecimiento de agua. Se han registrado mejoras en diferentes sectores. Andrés, Foster y Guasch (2005) observan que, en lo que se refiere a la distribución de electricidad, la producción y la cobertura aumentaron después del ingreso del sector privado, pero que estos cam- bios se vieron impulsados por las tendencias subyacentes. Además, los indicadores de calidad y la reducción de las pérdidas de distribución mejoraron significativamente, sobre todo durante el período de transición (cuando las empresas privatizadas se reestructuraron para la venta). En las telecomunicaciones fijas, la cobertura aumentó tanto durante la transición como después de ella, alcanzando niveles superiores a los de las tendencias existentes. La calidad, determinada en función del porcentaje de llamadas que consiguieron comunicación, subió un 42% durante el período conside- rado, y la mayor parte del cambio tuvo lugar después de la transición. En la distribu- ción de agua, hubo aumentos significativos de cobertura y en el número de abonados, pero la evolución estuvo generalmente en consonancia con las tendencias. La calidad, reflejada tanto en la continuidad del servicio como en la potabilidad, acusó también fuertes mejoras. La mayor parte del cambio de la potabilidad tuvo lugar durante la transición, mientras que las mejoras de la continuidad se registraron después. La productividad de la mano de obra ha aumentado gracias a la reforma y a la participación privada, y el cambio más importante se registró durante la transición hacia la propiedad privada ­en un contexto de fuertes pérdidas de empleo. Estache y infra.indd 40 20/03/2007 05:15:18 p.m. El problema: Mejora insuficiente en la gestión de unos recursos demasiado escasos 1 Rossi (2004), refiriéndose a América Latina durante el período posterior a la reforma (1994-2000), observan que la productividad de la mano de obra aumentó aproxima- damente el 6% al año entre las empresas privatizadas de distribución de electricidad y que las empresas privadas utilizaron entre el 30% y el 45% menos de mano de obra que las empresas públicas para conseguir un determinado volumen de productos. Ros- si (2004) sostiene que estos resultados pueden estar deformados como consecuencia de la tercerización, ya que los costos de operación y mantenimiento de las empresas no cambiaron significativamente después de las reformas. Andrés, Foster y Guasch (2005) señalan que la productividad de la mano de obra aumentó en forma apreciable en los servicios privatizados de telefonía fija, electricidad y abastecimiento de agua. La mayor parte de las mejoras tuvieron lugar durante la transición hacia los servicios privados, y se debieron sobre todo a la considerable reducción de la fuerza de trabajo. La PPI y las reformas recientes han sido beneficiosas para los pobres.3 En Argenti- na, como se observa en Chisari, Estache y Romero (1999) y en Navajas (2000), la pri- vatización de la infraestructura quizá haya beneficiado a los pobres más que a otras personas, ya que mejoró su acceso a los servicios. Además, Estache, Gómez-Lobo y Leipziger (2000) afirman que, antes de la privatización, los grupos más pobres no tenían acceso a muchos servicios y no se beneficiaron de su expansión. Más reciente- mente, McKenzie y Mookherjee (2003) han examinado los estudios en profundidad sobre la privatización en Argentina, Bolivia, México y Nicaragua y han llegado a la conclusión de que la privatización tuvo efectos positivos generales en el bienestar de todos los consumidores, y que la desigualdad disminuyó después de la privatización en todos los casos menos en uno (la electricidad en Nicaragua). Los datos sobre el empleo son heterogéneos. Ha habido numerosos despidos en las empresas privatizadas, con recortes que van desde el 30% al 75% en los casos examinados por McKenzie y Mookherjee (2003). No obstante, los despidos fueron pequeños en relación con el total de la mano de obra (si se exceptúa el caso de Ni- caragua, donde representaron el 7%-9%).4 Además, los despidos se invirtieron en general a mediano plazo. No se ha observado una pauta clara sobre la forma como la privatización y la posterior reestructuración laboral repercuten en la desigualdad de los salarios. McKenzie y Mookherjee concluyen que el efecto de la privatización es probablemente pequeño y está dominado por otros cambios en la economía, afirma- ción respaldada por otros investigadores (Martimort y Straub 2005). 3. Véase un examen más detallado en Estache, Foster y Wodon (2002). 4. Según McKenzie y Mookherjee (2003), las pérdidas de empleo han representado el 0,13% de la fuerza de trabajo en Bolivia, el 1% en México y el 2% en Argentina. Se trata de pérdidas de empleo resultantes de la privatización en general, no sólo en la infraestructura. infra.indd 41 20/03/2007 05:15:18 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe En contra de la opinión popular, los concesionarios no han conseguido beneficios excesivos. En su análisis de una muestra representativa de 34 concesiones de infra- estructura en América Latina y el Caribe, Sirtaine y otros (2005) observan que los rendimientos financieros han sido moderados. Se necesitan 10 años para que una concesión media llegue a ser rentable, probablemente debido a las grandes inver- siones necesarias en los primeros años. Además, el 40% de las concesiones parecen ser demasiado arriesgadas para llegar a generar rendimientos atractivos ­proporción que sube al 50% en las concesiones de energía y de transporte, y todavía más en las de abastecimiento de agua. De hecho, sólo parecen ser invariablemente rentables las concesiones de telecomunicaciones. Todos estos resultados deben valorarse con cautela. Los rendimientos estimados dependen mucho de las estimaciones de los costos de capital y de las inversiones (Sirtaine y otros (2005) tratan de abordar ambas cuestiones; por ejemplo, utilizan las inversiones realizadas más que los compromisos). Además, la renegociación puede aumentar significativamente la rentabilidad de las concesiones, lo que puede explicar por qué son más rentables a largo plazo. Por su parte, los sistemas reguladores muchas veces ofrecen a las empresas incentivos para que no notifiquen todos los beneficios y carecen de salvaguardias suficientes para evitar ese peligro (véase más adelante, en el examen de la contabilidad en el área normativa). No obstante, el limitado entusiasmo del sector privado por las concesiones de infraestructura confirma las conclusiones de Sirtaine y otros (2005). Las sucesivas renegociaciones y algunos fracasos muy notorios han generado nuevos desafíos Se han renegociado demasiadas concesiones. Cierto grado de renegociación es inevi- table y hasta deseable, con el fin de mejorar el diseño de las concesiones, promover la eficiencia y corregir los contratos incompletos. No obstante, Guasch (2004) observa que durante 1985-2000 se registraron renegociaciones en el 30% de las más de 1.000 concesiones de infraestructura otorgadas en la región.5 Si se excluyen las concesiones en el sector de las telecomunicaciones (relativamente poco numerosas), el promedio asciende al 42%, con una proporción del 10% en los proyectos de electricidad, el 55% en los de transporte y un asombroso 74% en el abastecimiento de agua y saneamiento. El período entre la adjudicación de la concesión y la renegociación fue, en promedio, 5. Los datos y la exposición de los siguientes párrafos sobre la renegociación están tomados también de esa fuente. infra.indd 42 20/03/2007 05:15:18 p.m. El problema: Mejora insuficiente en la gestión de unos recursos demasiado escasos de 2,2 años, y osciló entre 1,6 años en los proyectos de abastecimiento de agua y sanea- miento y 3,1 años en los de transporte. Las revisiones frecuentes pueden deberse al comportamiento oportunista de las empresas o gobiernos. Los concesionarios tomaron la iniciativa en el 61% de las re- negociaciones, muchas veces para elevar ofertas inviablemente bajas (el 60% de los contratos adjudicados a licitantes que proponían las tarifas más bajas se renegocia- ron, mientras que los adjudicados a la tarifa más alta sólo se renegociaron en el 11% de los casos). Casi dos tercios de estas renegociaciones dieron lugar a tarifas más al- tas, con repercusiones negativas para los consumidores. Además, los elevados costos no recuperables de las inversiones pueden tentar a los gobiernos para expropiar más rentas, convencidos de que los inversionistas no pueden retirarse fácilmente (Guasch, Laffont y Straub 2005). La resistencia de los gobiernos a elevar las tarifas puede pro- vocar también conflictos en torno a las concesiones. Un ejemplo fue la cancelación de las concesiones de abastecimiento de agua de La Paz y El Alto en enero de 2005, pero hay muchas otras (recuadro 2.2). Las renegociaciones pueden ser también consecuencia de contratos mal concebi- dos, de la debilidad de los reglamentos o de ambos factores. Una institución regula- dora sólida es un contrapeso frente al oportunismo político ­sobre todo si la gestión de gobierno es débil­ y reduce las negociaciones impulsadas tanto por los gobiernos como por los concesionarios. Guasch, Laffont y Straub (2003) estiman que la tasa de renegociación de concesiones es del 61% si no existe un organismo regulador, y de sólo el 17% si existe tal organismo. También influye la modalidad de reglamentación adoptada. Por ejemplo, los precios máximos ­que han sido práctica frecuente en las concesiones latinoamericanas­ son vulnerables a las crisis y con frecuencia dan lugar a renegociaciones. Cualquiera que sea la causa, las renegociaciones frecuentes son costosas. Generan incertidumbre y reducen la transparencia, ya que las nuevas condiciones se determi- nan mediante procesos que no son competitivos y dependen más bien de la capacidad negociadora de los concesionarios y los gobiernos. En consecuencia, tienen costos. En particular, las renegociaciones frecuentes elevan el costo del capital debido a que los inversionistas exigen una prima de riesgo en compensación del peligro de que se cambien las normas. Guasch y Spiller (1999) estiman que dicha prima oscila entre el 2% y el 6%, según el país y el sector. Otros costos son la perturbación generalizada de los servicios o la incapacidad de conseguir los objetivos de expansión. Las garantías han expuesto a los gobiernos a enormes pasivos contingentes. Mu- chos de ellos ofrecieron garantías sobre los niveles de demanda de servicio o de tipo de cambio en los primeros contratos de PPI para centrales eléctricas, carreteras de peaje y otros proyectos. En varios casos ha habido que efectuar los pagos previstos infra.indd 43 20/03/2007 05:15:18 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe Recuadro 2.2 Ejemplos de conflictos sobre concesiones inducidos por los gobiernos En 2005, la mayor parte de las concesiones adjudicadas en Argentina antes de su crisis de 2001 están todavía inmersas en un prolongado proceso de renegociación. Los conflictos se produjeron cuando el gobierno convirtió las tasas denominadas en dólares en pesos devaluados ­a pesar de que las cláusulas de los contratos preveían la indización con el dólar y la inflación de los Estados Unidos­ y rechazó posteriormente la adopción de ajustes significativos de las tarifas. A pesar de los recursos planteados por las empresas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, el gobierno ha tardado en responder, aduciendo su necesidad de proteger los intereses de los ciudadanos. Ha argumentado también que las decisiones del arbitraje internacional deberían ser revisadas por tribunales locales, a pesar del acuerdo del país de someterse a arbitraje internacional, concertado en los años noventa. De la misma manera, la concesión de abastecimiento de agua Limeira, en Brasil, no pudo aplicar el ajuste automático de tarifas previsto en su contrato. El alcalde de la ciudad argumentó que el contrato, firmado por una administración anterior, era injusto y ponía en peligro los intereses municipales a largo plazo. Algo semejante ocurrió con el contrato de abastecimiento y agua y saneamiento de Tucumán en Argentina. En 1995, un nuevo gobierno local trató de limitar los aumentos de las tarifas previamente convenidos. En consecuencia, el concesionario abandonó el proyecto en 1996. En la concesión de car- reteras de peaje de Pernambuco (Brasil), el gobierno regional decidió unilateralmente recortar las tarifas poco antes de las elecciones. Algunas veces, la falta de compromiso se pone de manifiesto incluso antes, como ocurrió con la concesión del puerto de Matarani de 1999 en Perú, en que las normas de licitación se cambiaron unilateralmente para modificar el plazo de la concesión, que bajó de 30 a 15 años. Fuente: Guasch, Laffont y Straub 00. en dichas garantías, basados muchas veces en proyecciones demasiado optimistas de la demanda de servicio. En Colombia, las posibles obligaciones de pago durante la vigencia de los contratos de PPI representan, según las estimaciones, el 4% del PIB anual. Las obligaciones de pago a las nuevas centrales de generación de electricidad de Termopaipa y Termobarranquilla sumaban un total de US$1.500 millones en 2003 y, según las proyecciones, ascenderían a US$3.000 millones cuando el contrato llega- ra a su vencimiento en 2014 (Banco Mundial 2004a). El rescate en 1997 del programa de carreteras viales de México costó US$7.000-US$12.000 millones, es decir, el 1%- 1,7% del PIB (Guasch, Laffont y Straub 2005). Aunque algunas privatizaciones han sido un fracaso total, esa no ha sido la nor- ma. Un ejemplo fallido es la privatización del sector de la electrificación en la Re- pública Dominicana, donde la incapacidad de los concesionarios para resolver los infra.indd 44 20/03/2007 05:15:19 p.m. El problema: Mejora insuficiente en la gestión de unos recursos demasiado escasos problemas de distribución contrarrestó con creces las ganancias conseguidas con el aumento de la inversión privada en generación. El resultado fue una crisis en el sector de la electricidad: en septiembre de 2002, más de la mitad de los principales circuitos de la compañía de distribución estaban fuera de servicio. Se produjeron incidentes, con 15 víctimas mortales (Banco Mundial 2005). El sector continúa dependiendo de las considerables subvenciones públicas. En algunos casos, la culpabilidad recae en buena parte en la mala gestión de las autoridades, como ocurrió con el hundimiento financiero de las concesiones de carreteras de peaje en México. El proceso ha sufrido los efectos de las crisis económicas y de la mala gestión de la economía política de la reforma El malestar con los mercados emergentes y los reveses sufridos por los grandes in- versionistas ha enfriado el interés del sector privado. Además de las preocupaciones sobre la renegociación, el interés de los inversionistas se ha visto mermado por el descontento general con los mercados emergentes a raíz de las crisis de Asia oriental, Rusia, Brasil y Argentina en los últimos años del decenio de 1990 y primeros del si- guiente. Esta mayor impresión de riesgo ha hecho que las compañías de infraestruc- tura y los inversionistas den muestras de mayor cautela. En particular, las deprecia- ciones monetarias de Argentina y Brasil han hecho que los inversionistas desconfíen de los proyectos cuyos ingresos se perciben en la moneda nacional mientras que el financiamiento se realiza en divisas ­como suele ocurrir en los proyectos de PPI. Ade- más, algunos grandes inversionistas en infraestructura (Enron, AES, Suez, Vivendi) han sufrido pérdidas comerciales o han registrado una fuerte caída de sus precios.6 Aunque han aparecido nuevos participantes, sobre todo de países en desarrollo, no es posible que puedan cubrir ese hueco (Harris 2003). La PPI es también muy vulnerable al deterioro de la coyuntura económica. Los riesgos para las empresas privadas aumentan durante las crisis económicas debido a que la reducción de la demanda y de la capacidad de pagar puede impedir que los inversionistas transmitan los costos del proyecto a los consumidores y hace que los gobiernos se muestren menos dispuestos a autorizar esas prácticas (lo que significaría un mayor riesgo normativo). De la misma manera, resulta imposible la transferen- cia del riesgo cambiario cuando la depreciación de la moneda es considerable. El 6. AES, uno de los mayores inversionistas en infraestructura de América Latina, vio cómo el precio de sus acciones bajaba de más de US$70 en octubre de 2000 a poco más de US$1 a finales del 2001 (Harris 2003). (Posteriormente el precio ha subido algo, situándose por en- cima de US$16 en abril de 2006). Durante el mismo período, las acciones de Vivendi y Suez bajaron a la mitad con respecto de sus niveles más altos. infra.indd 45 20/03/2007 05:15:19 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe trato reciente de los contratos privados, por ejemplo durante la crisis argentina, ha reducido también la confianza de los inversionistas en las cláusulas de los contratos cuyo objetivo es establecer una protección frente a determinados riesgos (como las cláusulas de progresividad de las tarifas vinculadas al tipo de cambio y las cláusulas de compensación por los cambios normativos; Sirtaine 2005). Por otro lado, las crisis económicas no explican todos los retrocesos sufridos por la PPI. De hecho, esas crisis revelaron las deficiencias de la reglamentación y pusieron en peligro el objetivo ya difícil de la recuperación de costos (véase infra). El deterioro de la coyuntura económica influye también negativamente en la ac- titud pública frente a la privatización. Boix (2005) observa que muchos latinoameri- canos asocian las privatizaciones con el mal desempeño macroeconómico. Mantiene que la opinión pública tiene limitada información sobre los mecanismos que generan crecimiento y, por tanto, atribuye los resultados económicos a las decisiones clara- mente simbólicas que sirven de base a las políticas económicas de los gobiernos. En consecuencia, cuando el desempeño económico se deteriora, la opinión pública so- bre la privatización y otros mecanismos de mercados emergentes es más negativa. La opinión pública sobre la privatización se ve también matizada por su percep- ción del mayor o menor grado de equidad de los contratos (Boix 2003; Martimort y Straub 2005). Estas opiniones pueden estar basadas en evaluaciones racionales del proceso o verse afectadas por los puntos de vista acerca de su transparencia y sobre la corrupción en los asuntos públicos. Las percepciones negativas pueden deberse al hecho de que muchos gobiernos han utilizado los recursos generados por la privati- zación para procesos presupuestarios de carácter general, y no para compensar a los que se han visto perjudicados (por ejemplo, los trabajadores que pierden su empleo) o para financiar subvenciones bien orientadas con el fin de compensar los incremen- tos necesarios de las tarifas.7 En el recuadro 2.3 se examinan las posibles razones del descontento social con la privatización. 7. Aunque la privatización puede ser beneficiosa en términos generales, las opiniones dependen de las ganancias y pérdidas individuales, que probablemente son diferentes en los distintos grupos. Además, es también probable que las ganancias se dispersen (entre los distintos in- dividuos y a lo largo del tiempo), mientras que las pérdidas podrían estar concentradas (en determinados individuos y en la actualidad, como ocurre con las pérdidas de empleo). infra.indd 46 20/03/2007 05:15:19 p.m. El problema: Mejora insuficiente en la gestión de unos recursos demasiado escasos Recuadro 2.3 Fracasos encubiertos y gestión de la opinión pública: Explicaciones del descontento social con la privatización En América Latina y el Caribe existe un claro contraste entre las evaluaciones general- mente positivas de la privatización realizadas por los economistas y su rechazo rotundo por la opinión pública. Martimort y Straub (2005), en un documento encargado para el presente informe, examinan los estudios publicados para buscar posibles explicaciones de esta paradoja. Concluyen que algunos fracasos importantes no han recibido gran notoriedad (aunque obviamente no han pasado desapercibidos para quienes los han sufrido), o ha habido un problema importante con la opinión pública (y, por tanto, un grave error de falta de comunicación). Fracasos encubiertos Aunque las evaluaciones del impacto de la privatización en la redistribución y la cober- tura y calidad de los servicios son en general positivas, es posible que algunos aspectos negativos no se hayan señalado suficientemente. En primer lugar, los testimonios sobre las mejoras de la calidad son parciales, y puede ocurrir que la calidad se haya deteriorado en algunos casos ­o al menos no haya conseguido mejorar en la medida de lo previsto. Algunos consumidores han manifestado su descontento con la calidad (telecomunica- ciones en México, electricidad en Brasil y Chile). Además, las mejoras de la calidad no siempre han bastado para compensar las subidas de los precios. En segundo lugar, el efecto redistributivo de las subidas de precios quizá no se haya visto suficientemente mitigado por las subvenciones (que en muchos casos se adminis- tran de manera ineficiente). La modalidad y ritmo de los ajustes de precios han generado también críticas. En tercer lugar, la privatización ha provocado claramente pérdidas de empleo, aunque se argumenta que éstas se han invertido en general a mediano plazo. Por otro lado, es posible que, en el conjunto de los trabajadores con la única excepción de los mejor preparados, esa transición haya dado lugar a un empleo de menor calidad. Asimismo, existen pruebas de que los salarios se mantuvieron constantes o aumentaron debido al aumento de las horas de trabajo. Opiniones y economía política de la privatización Las opiniones negativas sobre la privatización pueden ser consecuencia del deterioro de la situación económica (Boix 2005). En particular, no es claro si el público llega a distinguir, y cómo lo hace, entre pérdidas de empleo debidas a la recesión y las que son consecuencia de la privatización. En segundo lugar, el descontento público puede estar asociado con la decepción ante unos resultados que no corresponden a las expectativas. En tercer lugar, no está claro qué opina el público sobre las renegociaciones frecuentes y las (poco numerosas pero muy notorias) cancelaciones, pero indudablemente el efecto en la opinión pública tiene que ser considerable. (Continúa en la página siguiente) infra.indd 47 20/03/2007 05:15:19 p.m. 8 Infraestructura en América Latina y el Caribe (Continuación recuadro 2.3) En cuarto lugar, la transparencia percibida del proceso de privatización es uno de los factores que más influyen en la opinión pública. Boix (2005) confirma la conclusión de Lora y Panizza (2002) de que las opiniones negativas sobre la privatización son más firmes cuando se considera que la corrupción es un fenómeno generalizado. La corrupción tiene un efecto destructivo en la privatización, ya que repercute en el proceso de licitación y asigna rentas a un grupo específico. La corrupción es también un instrumento utilizado para mantener el monopolio e impedir la introducción de la competencia en los sectores privatizados, en cuyo caso los beneficios posteriores a la privatización podrían ser re- sultadodelasrentasmonopolísticasmásquedelaumentodelaeficiencia.Manzetti(2000) sostiene que eso fue lo que ocurrió en el caso de las telecomunicaciones en Argentina y de la electricidad en Chile. En términos generales, no está claro si la corrupción ha aumentado o disminuido como consecuencia de la privatización. A veces se argumenta que la corrupción en pequeña escala es más fácil en las empresas públicas, pero que la privatización ofrece oportunidades de corrupción en gran escala. En quinto lugar, las privatizaciones se han considerado frecuentemente, con razón o sin ella, como injustas. Según la teoría del juego, las personas preferirían no ganar nada antes que aceptar un trato que, desde su punto de vista, signifique que van a ganar menos de lo que les correspondería en justicia. Este resultado aparentemente irracional, combi- nado con la opinión frecuente de que los concesionarios o los gobiernos quizá se hayan beneficiado de forma desproporcionada, puede constituir un elemento fundamental de la paradoja de la privatización (Shirley 2004). En términos más generales, es sumamente difícil determinar las ganancias y pérdidas resultantes de una privatización determinada, ya que ni el público ni los investigadores disponen de una contrahipótesis adecuada que se pueda utilizar como punto de referen- cia para juzgar los resultados. Una consecuencia es que los gobiernos deben hacer todo lo posible por dar impresión de equidad. Ello significa no sólo que las transacciones deben ser transparentes y fuera de toda sospecha, sino también que los beneficios de la privatización deben utilizarse de tal manera que contrarresten la posible sensación de injusticia. En muchos casos, cuando las transacciones fueron de hecho transparentes, los gobiernos orientaron los beneficios de la privatización a la cuenta fiscal general, con lo que las hicieron "desaparecer", en vez de utilizarlas para una redistribución directa y visible. Fuente: Adaptado de Martimort y Straub 00, con información adicional de Boix 00. Algunas veces, la decepción se ve fomentada por unas expectativas poco realis- tas o por mecanismos poco racionales8. Algunos gobiernos han utilizado la partici- pación privada para ayudar a financiar las inversiones necesarias en servicios con precios excesivamente bajos o para descargar la responsabilidad de la reforma en 8. Véase un examen más detallado en Harris (2003), que sirve de base a este párrafo. infra.indd 48 20/03/2007 05:15:19 p.m. El problema: Mejora insuficiente en la gestión de unos recursos demasiado escasos 9 el sector privado. La privatización de la electricidad en la República Dominicana antes mencionada es un ejemplo elocuente: las compañías de distribución deberían recortar las pérdidas y mejorar la recaudación de las tarifas sin apoyo suficiente de las autoridades. La participación privada no cambia el hecho de que alguien ­los contribuyentes o los consumidores­ debe pagar los servicios; de lo contrario, se agotarán los activos. Algunos gobiernos han supuesto que el aumento de la eficiencia resultante de la par- ticipación privada evitaría la necesidad de subir los precios. Otros han supervalorado su capacidad de capear las repercusiones políticas de las subidas de precios. Además, algunos inversionistas han supervalorado la capacidad o determinación de los go- biernos de cumplir sus compromisos. El gobierno debe desempeñar funciones fundamentales: Reglamentación, recuperación de costos y redistribución Una PPI eficaz requiere medidas de reglamentación y de recuperación de costos ­o, si ésta es imposible o desaconsejable, subvenciones bien concebidas. Muchos de los resultados decepcionantes de la infraestructura en América Latina y el Caribe se de- ben a los fracasos gubernamentales en el terreno de la reglamentación y la redistri- bución, ya que los problemas resultantes son semejantes independientemente de que el servicio sea ofrecido por el sector público o el privado. Si los costos de los servicios no se recuperan a través de los usuarios, los contribuyentes tendrán que pagar o se agotarán los activos.9 Los monopolios naturales, sean públicos o privados, deberán regularse o supervisarse y controlarse de alguna manera. Los gobiernos deberán esta- blecer objetivos de redistribución, independientemente de cómo se pongan en prác- tica y se financien (es decir, a través de los contribuyentes o de los usuarios, mediante subvenciones cruzadas). La PPI ha coexistido en algunos casos con reformas incompletas y marcos normativos inmaduros La introducción de la participación privada exigió cambios radicales en los marcos institucionales, jurídicos y normativos de la región. Hubo que introducir enmiendas 9. Las donaciones de instituciones internacionales son otra fuente de financiamiento, que es significativa en un par de países de la región, sobre todo en Haití. Aun cuando un proyecto re- ciba financiamiento de los donantes a corto plazo, la sostenibilidad a más largo plazo requiere en general la aportación de los usuarios o los contribuyentes. infra.indd 49 20/03/2007 05:15:19 p.m. 0 Infraestructura en América Latina y el Caribe para hacer posible y encajar la inversión privada y para transformar en muchos sec- tores la función del Estado, que dejaría de ser propietario y gestor para convertirse en moderador, supervisor y regulador. Los servicios de infraestructura normalmente están relacionados con las necesidades básicas de la población y constituyen mo- nopolios naturales. Debido a estas características ­justificación original del carácter estatal de esos servicios­, se requiere una u otra forma de regulación eficaz para pro- teger a los consumidores y disciplinar a los participantes privados. La reglamentación es también imprescindible para proteger a los inversionistas frente a intervenciones gubernamentales arbitrarias o basadas en motivos políticos, cuyo riesgo aumenta de- bido a los elevados costos no recuperables de muchos proyectos de infraestructura (ya que estos costos hacen improbable la retirada de los inversionistas, aun cuando las condiciones se deterioren). Las reformas han tratado normalmente de separar claramente las funciones del responsable de las políticas, la entidad reguladora y el proveedor de servicios. Las funciones de formulación de políticas normalmente continúan siendo competencia del ministerio en cuestión, pero se han creado nuevos sistemas de supervisión regu- ladora. Las compañías estatales han adoptado normalmente criterios más indepen- dientes y comerciales, y muchos servicios públicos se han constituido como empresas públicas ("corporatización") antes de la participación privada. En muchos sectores, se ha registrado un proceso de desagregación horizontal o vertical, con el fin de deslin- dar las actividades que se prestaban mejor a la participación privada y de promover la competencia, en su caso. (En los sectores interconectados, quizá la única posibilidad de competencia gire en torno al derecho de ejercer un monopolio). La mayor parte de los programas de reforma han tratado de aumentar la eficiencia y la calidad y reducir los costos, además de atraer la inversión privada. Por otro lado, las modalidades del cambio han sido bastante heterogéneas en los diferentes sectores y países. Los analistas y reformadores valoraron con excesivo optimismo su capacidad de reestructurar los sectores, establecer la reglamentación y diseñar las concesiones. Además, no comprendieron que la reglamentación no podía garantizar el aislamien- to total de la influencia política. Para ser eficaz, la reglamentación debe formar parte de un conjunto global de medidas en que se incluyan también la estructura adecuada del sector, el apoyo técnico, los incentivos y una participación comunitaria bien con- cebida. Se observó una tendencia a adoptar modelos concebidos para situaciones distin- tas. Muchos de los modelos de reglamentación y fijación de precios estaban basados en el entorno de Europa o Norteamérica, donde el objetivo era reducir los costos y los precios, más que ampliar la cobertura. Así, el modelo independiente de regulación infra.indd 50 20/03/2007 05:15:19 p.m. El problema: Mejora insuficiente en la gestión de unos recursos demasiado escasos 1 del agua en Argentina estaba basado en un concepto surgido en el Reino Unido, que cuenta con redes de infraestructura maduras y con cobertura total para los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, lo cual no ocurre en Argentina. La primera generación de reformas no siempre crea los marcos institucionales y normativos necesarios. Las instituciones encargadas de la regulación muchas veces carecen de autonomía financiera, operacional y política; es más, muchos países no tienen ni siquiera organismos reguladores independientes. Por su parte, muchos mi- nisterios encargados de la infraestructura carecen de capacidad de formulación de políticas. Las leyes sectoriales y las estrategias generales, si bien no son imprescindi- bles, pueden ayudar a establecer políticas coherentes y a determinar las responsabili- dades y funciones. Más importante es su marco normativo nacional sobre las tarifas y subvenciones. Resulta ilustrativo el caso de México: las tarifas de infraestructura son determinadas por un conjunto de partes interesadas de alcance federal, estatal y municipal. En ausencia de un marco normativo nacional para las tarifas y la recupe- ración de costos, hay una gran divergencia en los niveles de las tarifas y en sus estruc- turas, así como en la recuperación de costos en los diferentes sectores y regiones. Lainsuficienciadelaspolíticasdecompetenciaydelosorganismosantimonopolio puede atribuirse en parte a los decepcionantes resultados de las reformas de la infra- estructura. Aunque algunos segmentos de estos sectores son monopolios naturales, la mayoría de los sectores tienen segmentos que toleran la competencia. No obstante, las compañías privatizadas disfrutan muchas veces de una posición dominante, y no se han realizado demasiados esfuerzos por establecer condiciones de igualdad para los recién llegados. Asimismo, los conflictos entre los reguladores sectoriales y los organismos de competencia han llegado a constituir un grave problema. En muchos casos en que las empresas privadas han tratado de fusionarse, la institución regula- dora del sector y el organismo de competencia no han estado de acuerdo en quién debería aprobar o prohibir esas funciones. La falta de diálogo y de presión política ha hecho posible la reagrupación de muchos servicios, lo que ha puesto en peligro la competencia efectiva y potencial (este tema es examinado, en el contexto del sector de los transportes, por Estache y Serebrisky 2004 y, en el de las telecomunicaciones, por Andrés, Foster y Guasch 2005).10 La descentralización fiscal y política ha creado desafíos para la reforma y la PPI, en particular en el abastecimiento de agua y el saneamiento. En la mayor parte de 10. Al analizar la interacción entre cambio de propiedad y competencia por el mercado de las telecomunicaciones fijas, Andrés, Foster y Guasch (2005) observan que la privatización es un factor determinante que explica la mayor parte de las mejoras de desempeño. Por otro lado, la competencia repercute significativamente en los precios. infra.indd 51 20/03/2007 05:15:19 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe los países, estos servicios son competencia de los gobiernos subnacionales (que son también responsables de la iluminación pública, la gestión de desechos y, en menor medida, el transporte público y las carreteras regionales). La descentralización puede conseguir programas de infraestructura más eficaces, mediante una mejor planifica- ción y una mayor rendición de cuentas, pero ha creado dificultades para la inversión privada. La atomización del sector puede impedir la formulación de políticas nacio- nales coherentes, como ha ocurrido con el abastecimiento de agua y el saneamiento. Las autoridades municipales carecen a veces del personal técnico y jurídico debida- mente especializado que se requiere para gestionar la participación privada. Muchas veces tienen también acceso limitado a los mercados de capital, lo que dificulta el fi- nanciamiento de la infraestructura. La superposición y los conflictos de competencia entre diferentes niveles de gobierno pueden exacerbar la falta de reglamentos claros y coherentes en muchos países, incluso en el plano nacional. Aun cuando exista una institución centralizada de reglamentación, no es probable que ésta cuente con una fuerte capacidad de supervisión de las decenas de empresas descentralizadas disper- sas por todo el país. Además, es posible que los pagos de las empresas privadas corran mayor riesgo si (como suele ocurrir) sus ingresos dependen de los gobiernos locales. Es también probable que los riesgos políticos y normativos sean más elevados (Beato y Vives 2003). Los inversionistas se lamentan también de la escasa capacidad de imponer la ob- servancia de la ley y de la falta de pago de sus servicios. Grandes inversionistas es- pañoles en el sector de la infraestructura de América Latina califican como grave el problema de los clientes que no pagan, sobre todo en el caso del abastecimiento de agua y electricidad (Analistas Financieros Internacionales 2004). Muchos países tie- nen una cultura de impago de los servicios, y los distribuidores a veces tropiezan con dificultades jurídicas y políticas cuando exigen el pago de los servicios adeudados o cortan el suministro. Además, son frecuentes las conexiones ilícitas ­muchas veces ofrecidas por intermediarios conocidos­, y la policía local poco puede hacer para impedirlo. En el pasado, las empresas públicas estatales toleraron con frecuencia altos niveles de impago, por lo que la mayor intransigencia de las nuevas empresas puede ser otra de las razones de la oposición pública a la PPI. No obstante, la recuperación de costos es un problema crónico de los servicios públicos (con excepción de las te- lecomunicaciones), como se examina a continuación. infra.indd 52 20/03/2007 05:15:19 p.m. El problema: Mejora insuficiente en la gestión de unos recursos demasiado escasos La recuperación de costos ha resultado ser un objetivo inalcanzable La transición hacia la recuperación de costos en los servicios de abastecimiento de agua y electricidad ha presentado muchos más problemas de los previstos.11 Durante el decenio de 1990, para reducir la carga fiscal de los servicios públicos y atraer la par- ticipación privada, la mayor parte de los países de América Latina aprobaron medi- das legislativas que se comprometían a elevar las tarifas del agua y la electricidad con el fin de conseguir niveles que permitieran la recuperación de costos. No obstante, ese objetivo no se ha podido alcanzar todavía. La inflación y la devaluación moneta- ria han mermado las ganancias reales conseguidas con las subidas de las tarifas (véase infra), mientras que la impresión general de que las tarifas son demasiado elevadas ha contribuido al descontento social. En un estudio reciente se llegaba a la conclusión de que las tarifas residenciales promedio de los servicios de abastecimiento de agua en 10 grandes ciudades de América Latina eran aproximadamente un 30% inferiores a los costos, mientras en el sector industrial son un 20% superiores (Aderasa 2005). Aunque las tarifas del agua y la electricidad han aumentado de forma significati- va, sobre todo en los servicios residenciales, la inflación y la depreciación monetaria han contrarrestado esas ganancias. Entre 1997 y 2003, las tarifas nominales de los servicios de abastecimiento de agua en 15 de las mayores ciudades de América Latina (o a escala nacional, en Costa Rica y Uruguay) subieron un 8% anual en el caso de los hogares y un 4% en el de la industria. En términos reales, las tarifas residenciales aumentaron menos del 1% al año, y las industriales tuvieron un descenso del 3% anual. Los resultados fueron semejantes en 13 empresas de electricidad de la región: en 1990-2002, las tarifas promedio anuales del servicio residencial subieron un 22% en cifras nominales pero un 2% en cifras reales, y en el caso del servicio industrial los cambios fueron del 18% y -1%, respectivamente. Dado el reciente estancamiento de las tarifas residenciales de abastecimiento de agua, la mitad de la muestra no llega a cubrir los gastos de operación y mantenimien- to, y mucho menos de capital. Los datos disponibles no permiten estimar el costo de prestación de cada uno de los servicios. Foster y Yepes (2005) realizan estimaciones de los costos (en US$) para determinar el alcance de la recuperación de costos; se trata sin duda sólo de una aproximación remota, pero que al menos permite hacerse una idea de las tendencias de la recuperación de costos. Observan que en 2003 todos los servicios públicos pudieron recuperar al menos parte de los gastos de operación 11. Esta sección está tomada en gran parte de Foster y Yepes (2005). La recuperación de costos se ha conseguido en buena medida en el caso de las telecomunicaciones. Por eso, centraremos nuestro examen en los otros servicios públicos: abastecimiento de agua y saneamiento y elec- tricidad. infra.indd 53 20/03/2007 05:15:20 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe y mantenimiento. No obstante, debido a un descenso real de las tarifas, el número de las empresas que podrían sufragar el costo de capital había bajado de 8 a 6, sobre un total de 13, entre 1997 y 2003. Estos resultados son semejantes a los correspondientes a la muestra más numerosa presentada en el cuadro 2.2 (aunque para eso se dispone sólo de datos correspondientes a 2003). Cuadro 2.2 Tarifas residenciales del agua y niveles de recuperación de costos, por grupo de ingreso y región Grado de recuperación de costos (% de los servicios públicos) Totalidad de operación y Media Mediana Al menos parte mantenimiento de operación y y al menos parte Grupo de ingreso/región (US$/m3) (US$/m3) Nulo mantenimiento del capital Todo el mundo 0, 0, 9 0 0 Grupo de ingreso Ingreso alto 1,00 0,9 8 0 Ingreso mediano-alto 0, 0, 9 9 Ingreso mediano-bajo 0,1 0, 1 Ingreso bajo 0,11 0,09 89 9 Región Asia oriental y el Pacífico 0, 0,0 1 Europa oriental y Asia central 0,1 0,1 100 0 0 América Latina y el Caribe 0,41 0,39 13 39 48 Medio Oriente y África septentrional 0, 0,1 8 1 OCDE 1,0 1,00 1 Asia meridional 0,09 0,0 100 0 0 Fuente: Foster y Yepes 00. Nota: Las tarifas medias y medianas están basadas en un consumo mensual de 1 m. Los datos corresponden a empresas de servicios públicos de 11 grandes ciudades de todo el mundo: se encuentran en países de la OCDE, en Asia meridional, en América Latina y el Caribe, 19 en Asia oriental y el Pacífico, 1 en Medio Oriente y África septentrional y en Europa oriental y Asia central. No obstante, las tarifas del agua y la electricidad en América Latina son las más altas del mundo en desarrollo, y superiores a la media de los países de ingreso me- diano-alto. La tarifa residencial mediana del agua en la región es dos veces más alta infra.indd 54 20/03/2007 05:15:20 p.m. El problema: Mejora insuficiente en la gestión de unos recursos demasiado escasos que la de Asia oriental y el Pacífico, Europa oriental y Asia central y Medio Oriente y África septentrional ­y seis veces superior a la de Asia meridional (cuadro 2.2). Asi- mismo, la tarifa residencial mediana de la electricidad es dos veces más alta que la de la mayoría de las demás regiones en desarrollo (cuadro 2.2). No obstante, las tarifas de ambos sectores continúan siendo muy inferiores a las de la OCDE. América Latina recupera más costos mediante las tarifas del consumo residencial del agua que ninguna otra región en desarrollo. Sus resultados son también mucho mejores que los de los países de ingreso mediano-alto en conjunto, y próximo al de los países de la OCDE (véase el cuadro 2.2). Aunque la recuperación de costos aumenta conforme sube el nivel de ingresos de un país, incluso en los países de la OCDE sólo la mitad de los servicios públicos de abastecimiento de agua tienen tarifas lo bastante altas como para poder efectuar una contribución sustancial a los costos de capital. La parte de las tarifas de consumo residencial de electricidad que cubren todos los costos de operación y mantenimiento casi se ha duplicado desde los primeros años noventa, hasta alcanzar prácticamente las dos terceras partes. La tarifa media de con- sumo residencial de electricidad en 19 países de América Latina subió de US$0,07 por kW/hora en 1990 a US$0,10 en 1996, y descendió a US$0,09 en 2002. En otras palabras, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de la metodología, entre 1990 y 2002 la parte de los países que recuperaron la totalidad de los gastos de operación y mantenimiento y parte de los costos de capital subió de un tercio a aproximadamente dos tercios, mientras que la proporción de países con tarifas de consumo residencial de electricidad por debajo de los costos de operación y mantenimiento descendió del 16% a cero. Las tarifas industriales acusaron mejoras semejantes. Las tarifas eléctricas se encuentran también en niveles más próximos a los de re- cuperación de costos en América Latina que en los países homólogos en desarrollo y de ingreso mediano-alto. No obstante, la región se encuentra por debajo de los países de la OCDE, donde más del 80% de las tarifas residenciales de la electricidad cubren al menos parte de los costos de capital (véase el cuadro 2.3). Lo mismo que en el caso del agua, hay una estrecha relación entre recuperación de costos y nivel de ingresos, aunque el intervalo de las tarifas es mucho más reducido y el alcance de la recupera- ción de costos es mucho mayor en los servicios de electricidad. infra.indd 55 20/03/2007 05:15:20 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe Cuadro 2.3 Tarifas residenciales de la electricidad y niveles de recuperación de costos, por grupo de ingreso y región Grado de recuperación de costos (% de los servicios públicos) Totalidad de Media Mediana operación y Al menos parte mantenimiento (US$/ de operación y y al menos Grupo de ingreso/región (US$/KwH) KwH) Nulo mantenimiento parte del capital Todo el mundo 0,08 0,0 1 1 Grupo de ingreso Ingreso alto 0,1 0,11 0 1 8 Ingreso mediano-alto 0,0 0,0 0 1 9 Ingreso mediano-bajo 0,0 0,0 0 Ingreso bajo 0,0 0,0 1 Región Asia oriental y el Pacífico 0,0 0,0 9 Europa oriental y Asia central 0,0 0,0 1 8 1 América Latina y el Caribe 0,09 0,09 0 47 53 OCDE 0,1 0,11 0 1 8 Asia meridional 0,0 0,0 0 África subsahariana 0,0 0,0 9 1 0 Fuente: Foster y Yepes 00. Nota: Los datos corresponden a 8 países: de la OCDE, 19 de América Latina y el Caribe, 18 de Europa oriental y Asia central, 1 de África Subsahariana, 8 de Asia oriental y el Pacífico y de Asia meridional. El diseño erróneo de las tarifas sociales obstaculiza la recuperación de costos y limita su posibilidad de ayudar a los pobres Una condición de la recuperación de costos es un sistema acertado de tarifas socia- les.12 La aceptabilidad y la viabilidad de una subida de las tarifas que permita aproxi- marse a la recuperación de costos presuponen la existencia de tarifas sociales que protejan a los consumidores pobres. Estas tarifas, que se han generalizado en el caso del agua y de la electricidad en América Latina y el Caribe, no representan una so- 12. Esta sección se tomó en gran parte de Foster y Yepes (2005). infra.indd 56 20/03/2007 05:15:20 p.m. El problema: Mejora insuficiente en la gestión de unos recursos demasiado escasos lución infalible, aunque estén bien concebidas. Por un lado, no llegan a los hogares pobres privados de conexión. Por el otro, las nuevas tarifas de conexión son mucho más bajas para los hogares pobres aun cuando las conexiones estén subvencionadas. Las tarifas por bloques crecientes (TBC), que constituyen el tipo más frecuente de tarifa social, sólo son eficaces cuando el ingreso y el consumo están estrechamente relacionados. Con ese mecanismo, los consumidores pagan una tasa reducida por el primer bloque de consumo, y tasas ascendentes por cada bloque adicional. En teoría, esta estructura representa un sistema implícito de protección social, ya que el primer bloque debería ofrecer a todos los hogares un nivel de servicio de subsistencia por una cifra inferior al coste económico total. Debería también permitir a las empresas de servicios públicos recuperar los costos de la prestación del servicio, ya que, en los bloques de consumo más elevados, impondría precios superiores a los costos. Pero para que puedan llegar efectivamente a los pobres, las TBC requieren una correlación estrecha y positiva entre ingreso y consumo. Ciertamente, los hogares de ingreso bajo suelen consumir menos electricidad que los que se encuentran en mejor posición económica, pero esta pauta es menos clara en el caso del consumo de agua (Komives y otros 2005). Además, las TBC correspondientes a los servicios de abastecimiento de agua están con frecuencia mal concebidas. Son prácticamente universales en las 17 compañías de abastecimiento de agua de ocho países de América Latina estudiados por Aderasa (2005), y la mayoría de ellas presentan las mismas deficiencias. En primer lugar, los bloques de subsistencia son en general demasiado amplios, con un promedio de 25 m³ al mes. El consumo de la mayoría de los clientes residenciales es inferior al previsto en ese tramo "de subsistencia", que se ofrece en condiciones concesionarias.13 En segun- do lugar, las estructuras de las tarifas son en general bastante planas, lo que significa que cubren los costos sólo con unos niveles de consumo sumamente elevados. De hecho, en más de la mitad de las compañías, las tarifas nunca alcanzan el nivel de recuperación de costos, por lo que las TBC subvencionan de hecho a todos los consu- midores residenciales de agua. En tercer lugar, las elevadas cargas fijas y los umbrales mínimos de consumo elevan las tarifas medias de quienes menos consumen. Casi to- das las empresas estudiadas tienen cargas fijas, con un promedio de US$2,66 al mes, y el 40% aplican umbrales mínimos de consumo. 13. El consumo residencial representa, en término medio, aproximadamente 25 m³ al mes en la mayor parte de estas ciudades, mientras que el consumo de subsistencia es de 8-16 m³ al mes. Robles (2001) observa que la estructura de TBC de Paraguay basada en un umbral de 15 m³ representa sólo el 20% de los recursos de las subvenciones a los pobres, pero que este porcen- taje ascendería al 60% si el umbral de subsistencia se redujera a 5 m³. infra.indd 57 20/03/2007 05:15:20 p.m. 8 Infraestructura en América Latina y el Caribe Las tarifas sociales para el consumo de agua basadas en los datos socioeconómi- cos consiguen resultados algo mejores. Tres cuartas partes de las empresas estudiadas ofrecen también planes de tarifas sociales independientes para los clientes que cum- plen determinados criterios de pobreza basados en características de la vecindad o individuales. La mayoría de sus planes son sencillamente estructuras de TBC paralelas que ofrecen condiciones más favorables y se financian mediante subvenciones cruza- das internas. Estos planes ofrecen un descuento promedio del 67% con respecto a lo que se pagaría con una tarifa normal, pero muchas veces no son lo bastante selecti- vos. Aunque Argentina, Chile, Colombia y Paraguay han elaborado planes de tarifas sociales más avanzados, el error de inclusión se estima entre el 26% en Paraguay y el 51% en Colombia ­mientras que el error de exclusión va desde el 13% en Colombia hasta el 96% en Chile.14 En el caso de la electricidad se utiliza una variedad mucho mayor de estructuras de tarifas. Mientras que ocho de los países estudiados utilizan TBC, otros seis aplican sobre todo planes de tarifas lineales para los consumidores residenciales de electri- cidad.15 Las tres compañías que ofrecen servicios en Buenos Aires son las únicas que tienen una estructura por bloques decrecientes. Las estructuras de las tarifas resi- denciales están casi siempre basadas en el volumen. Chile y Uruguay son los únicos países de América Latina que aplican a los clientes residenciales recargos basados en el horario y en la carga. Las tarifas de la electricidad suelen estar mejor concebidas. Las TBC tienen blo- ques de subsistencia menores en el caso de la electricidad que en el del agua, con un promedio aproximado de 90 kW/hora al mes (normalmente el nivel de subsistencia se sitúa en unos 40 kW/hora en las zonas rurales y 120 kW/hora en las zonas urba- nas). Suelen tener también gradientes más pronunciados: en casi la mitad, las tarifas alcanzan los niveles de recuperación de costos dentro del intervalo típico de consu- mo residencial. Finalmente, las TBC de la electricidad tienen recargos fijos más bajos y menos numerosos y umbrales de consumo mínimo. Aproximadamente dos tercios de las compañías estudiadas tienen cargos fijos, que representan un promedio de sólo US$0,66 al mes, mientras que sólo el 11% aplican umbrales mínimos de consumo. No obstante, la selectividad no es siempre eficaz en el sector de la electricidad, ni siquiera cuando existen tarifas sociales paralelas. Nueve de los países de la muestra 14. O bien un 1% en Colombia y un 89% en Chile si se consideran únicamente los hogares pobres con conexión. Se producen errores de inclusión cuando se incluye erróneamente a personas que no son pobres, mientras que en los errores de exclusión se excluye erróneamente a los pobres. 15. En estos 14 países se consideró un total de 14 empresas eléctricas. infra.indd 58 20/03/2007 05:15:20 p.m. El problema: Mejora insuficiente en la gestión de unos recursos demasiado escasos 9 ofrecen planes de tarifas sociales paralelas, basadas en su mayor parte en estructuras de TBC, aun cuando la tarifa residencial principal sea lineal (entre los ejemplos se incluyen Brasil y Colombia). En general, sólo pueden acogerse a las tarifas sociales los hogares con un consumo inferior a un determinado nivel, que es de aproximada- mente 200 kW/hora al mes, en promedio.16 Algunos de estos umbrales son demasia- do altos, lo que significa que los programas de subvenciones son muy regresivos. Por ejemplo, los planes de Guatemala y Honduras tienen un umbral de consumo mensual de 300 kW/hora, es decir, casi tres veces el consumo promedio de los hogares.17 Así, el 95% de los hogares de Guatemala y el 85% de los de Honduras pueden disfrutar de la tarifa social. En consecuencia, el 60%-65% de quienes reciben subvenciones no son pobres, y el 80%-90% de los recursos de las subvenciones van a personas que no se encuentran en situación de pobreza. Además, como sólo aproximadamente el 50% de los hogares pobres de ambos países están conectados con los servicios eléctricos, el 55%-60% de los pobres no llegan a beneficiarse de la tarifa social. Se observan errores menores de inclusión y un impacto distributivo menos regresivo en los programas de tarifas sociales que utilizan criterios adicionales de admisibilidad, como las carac- terísticas socioeconómicas del hogar (por ejemplo, en los planes de tarifas sociales provinciales de Argentina) o de su vecindad (por ejemplo, el plan de subvenciones cruzadas de Colombia). En términos generales, las subvenciones cruzadas mal concebidas y otras tarifas sociales que llegan a demasiadas personas implican mayor apoyo gubernamental a las empresas de servicios públicos. Así ocurre en Colombia, donde el 80% de los consumidores residenciales de agua pueden recibir subvenciones cruzadas (recuadro 2.4). En términos más generales, una base estrecha de clientes sobrecargados con las subvenciones cruzadas (en general grandes usuarios o clientes industriales) puede provocar una erosión de la base de ingresos, ya que aquéllos terminan buscando me- canismos de autoabastecimiento, mediante el uso de generadores o pozos. 16. En algunos casos, se aplican criterios adicionales de admisibilidad basados en las característi- cas de los hogares (algunas provincias argentinas), las características de la vecindad (Colom- bia), o el hecho de que la familia sea o no beneficiaría de otros programas de bienestar social (Brasil). 17. El consumo mensual promedio de los hogares es de 102 kW/hora en Guatemala y 108 kW/ hora en Honduras. infra.indd 59 20/03/2007 05:15:20 p.m. 0 Infraestructura en América Latina y el Caribe Recuadro 2.4 Incremento de tarifas de los servicios domiciliarios de abastecimiento de agua en Colombia En 1994, Colombia aprobó una ley de servicios públicos en la que se exigía la elevación de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios hasta situarlas en un nivel que permi- tiera la total recuperación de costos. La ley limitaba también las subvenciones cruzadas entre consumidores, lo que significaba que los hogares pobres debían pagar al menos la mitad del costo total de los servicios y los hogares en mejor situación económica deberían pagar no más del 20% por encima del costo total. Se estableció un plazo de dos años para terminar esa reestructuración. El incremento de las tarifas necesario para alcanzar esos objetivos era sumamente grande y se distribuía en forma regresiva. Para recuperar plenamente los costos, la tarifa de referencia debería aumentar un 50%. Además, como las subvenciones cruzadas habían sido tradicionalmente considerables, las tarifas de los hogares más pobres tendrían que haber aumentado un 400% en cifras reales. Dadas las dificultades sociales y políticas, el plazo se prorrogó dos veces, en primer lugar por cinco años (hasta 2001) y luego otros cuatro más (hasta 2005). Además, la parte de los costos de los servicios exigida a los hogares pobres se redujo del 50% al 30%. Las tarifas de referencia han alcanzado ahora niveles de recuperación de costos. Los consumidores de ingresos altos continúan pagando una sobrecarga del 30% al 60% para sufragar las subvenciones cruzadas. Además, el 80% de los clientes particulares puede acogerse a esas subvenciones. Así pues, a pesar de los progresos hacia los objetivos fijados en la ley de 1994, el sector del abastecimiento de agua continúa necesitando considerable apoyo fiscal. Entre 1998 y 2001, el gobierno colombiano destinó a las compañías públicas municipales de abastecimiento de agua US$240 millones al año, que representaban un 80% de la inversión en el sector. Fuente: Adaptado de Foster y Yepes 00. infra.indd 60 20/03/2007 05:15:20 p.m. 3 Principales desafíos de la infraestructura en la región Los principales desafíos para la infraestructura en América Latina y el Caribe son, entre otros, los siguientes: Aumentar la rentabilidad social y económica, gestionar con mayor eficacia la privatización y otras formas de participación privada, y estable- cer nuevas fuentes de financiamiento. Aumentar la rentabilidad social y económica Los esfuerzos por elevar la rentabilidad social de la infraestructura deberán centrar- se en el establecimiento de procedimientos nuevos y más adecuados que permitan incrementar el acceso, en condiciones asequibles, de la población pobre. Para multi- plicar la rentabilidad económica, deberá promoverse una mayor eficiencia del gasto público en infraestructura. Encontrar medios más adecuados para ofrecer servicios asequibles a la población pobre La mayor parte de los países de América Latina y el Caribe utilizan subvenciones de carácter amplio y otros programas para promover la expansión de los servicios, pero a pesar de eso son todavía demasiadas las personas que carecen de los servicios básicos.1 Las tasas de acceso han mejorado en el último decenio, sobre todo entre los pobres. Pero el crecimiento ha sido lento, y con el ritmo actual es posible que tengan que transcurrir entre 15 y 20 años antes de que más del 90% de la población regional tenga acceso a agua potable. Para acelerar la prestación de servicios a los pobres no se requieren necesariamente recursos públicos adicionales. Lo que hace falta, más 1. Esta sección está basada en gran parte en Estache, Foster y Wodon (2002), así como en otras fuentes, cuando así se indica. infra.indd 61 20/03/2007 05:15:20 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe bien, es una utilización más eficaz de los fondos disponibles, en particular en lo que se refiere a las subvenciones (México, por ejemplo, gasta ya casi el 1% del PIB en sub- venciones de electricidad mal orientadas). Desde el punto de vista normativo, es importante determinar si los hogares ca- recen de servicio porque éste no existe dentro de su comunidad o porque no es ase- quible o cómodo. La ampliación de la cobertura requiere intervenciones por parte de la oferta, pero las medidas relacionadas con la demanda pueden ser más adecuadas cuando se trata de lograr una mayor asequibilidad y accesibilidad. En Guatemala, aproximadamente el 60% de los hogares del decil de ingreso más bajo vive en comu- nidades con acceso a la electricidad. Por otro lado, sólo la mitad de estos hogares (el 30% de los hogares más pobres) tiene conexión con el servicio, lo que indica que los principales factores que impiden la conexión están relacionados con la asequibilidad y con la demanda en general (Estache, Foster y Wodon 2002). Las empresas privadas tienen poco incentivo en ampliar la cobertura a las zonas pobres o rurales. No es probable que las tarifas puedan sufragar el costo total de la prestación de servicios a los clientes pobres o de zonas rurales. La extensión de la infraestructura a zonas remotas o de difícil acceso es un objetivo que plantea dificul- tades técnicas y, por tanto, costoso. Además, los riesgos comerciales y los costos de facturación son más elevados para los clientes con limitada capacidad de pago. Por ejemplo, los ingresos por conexión serán probablemente más bajos debido a que los pobres suelen consumir menos (aunque, como ya se ha señalado, la correlación entre ingreso y consumo puede ser bastante débil en el caso del agua; ver Komives y otros 2005). Por otro lado, los incentivos para la ampliación pueden ser diferentes en el caso de proveedores consagrados y de los recién llegados, ya que éstos quizá tengan diferentes estructuras de costos y mayor necesidad de ampliar sus bases de clientes. Cuando las obligaciones de servicio y los objetivos de conexión están bien con- cebidos es posible conseguir que las empresas privadas amplíen la cobertura. Mu- chos gobiernos de América Latina y el Caribe incluyen las obligaciones de servicio universal en las concesiones y otros contratos. Pero estas obligaciones muchas veces se expresan en términos vagos o inviables. La limitada cobertura de la red puede determinar que sea físicamente imposible cumplir una obligación a corto plazo. E in- cluso en las comunidades conectadas con una red, las cargas de conexión son a veces tan inasequibles que carece de sentido ofrecer un servicio. Por eso, las obligaciones de servicio universal deben estar claramente definidas, y en ellas se debe especificar cómo se van a financiar cuando los consumidores no tengan medios suficientes para pagar. Los objetivos de conexión son con frecuencia más claros cuando tratan de determinar el número y los grupos de clientes a quienes se van a ofrecer los servicios. De todas formas, sólo podrán conseguirse si los clientes suscriben el servicio, lo que infra.indd 62 20/03/2007 05:15:21 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región no siempre ocurre debido a los altos costos de conexión o, por ejemplo, a que no valoran los beneficios sociales más amplios de la conexión con un sistema de alcan- tarillado. Puede ser también eficaz la ayuda basada en los resultados. Varios países de la región ofrecen subvenciones al sector privado para que amplíen las redes rurales. Las concesiones suelen adjudicarse mediante un procedimiento de licitación com- petitiva de la subvención mínima requerida por conexión, por debajo de un tope preestablecido. Habitualmente, la mayor parte de la subvención se paga únicamente después de que se han prestado los servicios. Esta forma de ayuda es imprescindible para establecer asociaciones entre el sector público y el privado que incrementen los servicios ofrecidos a los hogares pobres, sobre todo cuando van acompañadas de ga- rantías crediticias que cubran el riesgo de impago por los organismos gubernamen- tales. Chile ha utilizado este tipo de concesiones con subvenciones mínimas desde 1994 con el fin de ampliar el suministro de electricidad y los teléfonos públicos en las comunidades rurales. Perú tiene un programa semejante para los teléfonos públicos rurales, mientras que en Guatemala se ha aplicado en el sector de la electricidad. Fi- nalmente, en Paraguay una iniciativa reciente experimentó las subvenciones basadas en los resultados con el fin de ampliar los servicios de abastecimiento de agua en las zonas rurales y en las pequeñas ciudades del país (recuadro 3.1). La utilización de tecnologías más baratas y de una gama de niveles de servicios puede reducir los costos de la expansión de la red y hacer que los servicios sean más asequibles. En consecuencia, las instituciones reguladoras deben evitar la imposición de normas universales de calidad o de tecnologías específicas o la asignación de de- rechos de exclusividad al operador principal. En Chile y Paraguay las pequeñas em- presas de abastecimiento de agua que reciben subvenciones basadas en la producción gozan de cierta flexibilidad con respecto a la tecnología que utilizan. En Bolivia, la gran concesionaria de La Paz y El Alto recibió autorización para introducir una tec- nología de bajo costo que permitía ofrecer a los hogares de ingreso bajo conexiones más asequibles con los servicios de alcantarillado, utilizando mano de obra comuni- taria para instalar sus sistemas. Este planteamiento redujo el costo de instalación de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado en un 40%, lo que representó un ahorro de US$98, es decir, el 80% del ingreso mensual de los hogares de los ba- rrios pobres. Las subvenciones cruzadas destinadas a aumentar la asequibilidad muchas veces se han planteado erróneamente. Como se ha visto antes, los planes de subvenciones cruzadas utilizados por muchas empresas de servicios públicos en América Latina y el Caribe no suelen tener criterios adecuados de selectividad, ya que benefician a demasiadas personas que no son pobres y no favorecen suficientemente a quienes es- infra.indd 63 20/03/2007 05:15:21 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe Recuadro 3.1 Programa piloto de ayuda basada en la producción para ampliar la cobertura del abastecimiento de agua en Paraguay Los aguateros de Paraguay ­pequeñas compañías privadas de abastecimiento de agua­ prestan servicios al 9% de la población del país, es decir, el 17% de los que cuentan con agua corriente. En los 20 últimos años, estas compañías, que tienen un promedio de 300 conexiones pero que pueden llegar a tener hasta 3.000, han construido sistemas de agua corriente sin financiamiento estatal, sobre todo en las zonas periurbanas de Asunción. Un reciente programa piloto financiado por el Banco Mundial trata de atraer a los agua- teros y a las empresas de construcción de este sector hacia las zonas rurales y pequeñas ciudades sin servicio de abastecimiento de agua, ofreciendo subvenciones basadas en la producción, que se adjudican mediante licitación. En el marco de este programa, las comunidades (a través de asociaciones de usuarios del agua) contratan a empresas privadas para que construyan y gestionen sistemas de abastecimiento de agua en un régimen de permisos de 10 años de duración. Las ofertas de las empresas se basan en el cargo por conexión para los nuevos clientes. La subvención tiene un nivel fijo de US$150 por conexión, cifra muy inferior a la subvención necesaria para las nuevas conexiones rurales a la empresa estatal de abastecimiento de agua. El organismo gubernamental de abastecimiento de agua en las zonas rurales gestiona la fase de construcción, y hace de árbitro entre las comunidades y las empresas durante la fase operacional. En agosto de 2002, se ofreció a la empresa adjudicataria de la primera fase un contrato para la explotación de cuatro sistemas. En 2004, se inauguró una segunda fase de licitación para otras tres ciudades. Fuente: Adaptado de Drees, Schwartz y Bakallan 00. tán necesitados. De hecho, Komives y otros (2005) observan que las TBC o las tarifas basadas en el volumen (los dos tipos de subvenciones más frecuentes) y las subven- ciones a las empresas de servicios públicos, en general, suelen tener efectos regresivos no sólo en América Latina y el Caribe sino en todo el mundo. Y aunque estos planes deberían suponer para el Estado la ventaja de no requerir financiamiento estatal ­ya que los clientes en situación más desahogada deberían pagar tasas más altas para subvencionar a los pobres­, las tarifas promedio son tan bajas que normalmente se necesita considerable apoyo estatal. Estas iniciativas pueden también reducir el inte- rés de las empresas por ampliar la cobertura en las zonas pobres, si no pueden cobrar lo suficiente como para recuperar los costos. La modificación de la estructura de tarifas y de los grupos a las que se aplican puede ser el medio más indicado de llegar selectivamente a los pobres. La revisión de la estructura de tarifas (por ejemplo, reducción del primer bloque de una TBC) mejorará ligeramente la selectividad. Por otro lado, una distribución verdaderamen- infra.indd 64 20/03/2007 05:15:21 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región te progresiva sólo es posible cuando no se subvenciona a una parte significativa de los hogares, lo que obligaría a recortar drásticamente los umbrales de consumo por debajo de los cuales las empresas subvencionan los servicios públicos. Además, este cambio de estrategia se basa en el supuesto de que los grupos de ingreso bajo con- sumen menos, lo que no siempre es verdad. Un planteamiento más eficaz puede ser la introducción de procedimientos administrativos de selección en la asignación de subvenciones. Las subvenciones basadas en la comprobación del nivel de ingresos, como las utilizadas para los servicios de abastecimiento de agua en Chile y Paraguay, distribuyen los beneficios en forma progresiva. Lo mismo ocurre con la selectividad geográfica aplicada en Colombia, aunque en menor medida (Komives y otros 2005). Estos métodos son más complejos desde el punto de vista administrativo, y más cos- tosos. Por eso, debería hacerse lo posible por vincularlos con los sistemas basados en la comprobación del nivel de recursos, donde ya existan. La reestructuración o el abandono de las subvenciones al consumo suele trope- zar con dificultades políticas. Debido a que la mayor parte de las subvenciones a la electricidad y el agua benefician a demasiadas personas, los esfuerzos encaminados a su reorientación, reducción o eliminación representarán probablemente un aumento de la cuenta de gastos de una parte significativa de la población. Estas iniciativas son impopulares, a pesar de los posibles beneficios de las medidas para consolidar la situación financiera de las empresas de servicios públicos, entre ellos una mejor calidad del servicio y una menor presión fiscal. La subvención de las conexiones puede ser un medio más eficiente de ayudar a pobres, dado que las subvenciones al consumo no aportan beneficios a los hogares que no estén conectados. Por eso, podría ser preferible subvencionar las conexiones, sobre todo en las zonas donde existen servicios de abastecimiento de agua y electrici- dad pero donde la incorporación es lenta. Las subvenciones selectivas de la conexión ofrecidas a los hogares son raras en América Latina y el Caribe. En cambio, las sub- venciones ofrecidas a las empresas (en forma explícita o encubierta) reducen con fre- cuencia las cargas iniciales a niveles muy inferiores a los costos efectivos para todos los clientes, lo que tiene el mismo efecto pero representa un uso menos eficiente de los recursos en términos de bienestar social, ya que gran parte del beneficio recae sobre quienes no son pobres. Lo mismo que las subvenciones al consumo, los pro- cedimientos basados en la comprobación del nivel de recursos (y, en algunos casos, en criterios geográficos) mejoran la selectividad de la subvenciones a la conexión. Komives y cols. (2005) llegan a la conclusión de que los beneficios a largo plazo de la subvenciones a la conexión generalmente son superiores al costo de conexión, debido a que los servicios ofrecidos por las redes de abastecimiento de agua y, en particular, de electricidad suelen ser más baratos que las posibilidades alternativas. infra.indd 65 20/03/2007 05:15:21 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe Los mecanismos de financiamiento pueden ayudar también a los grupos de in- greso bajo a pagar más fácilmente las conexiones y los servicios. Muchos grupos de ingreso bajo carecen de ahorros para pagar las conexiones inicialmente y tienen li- mitado acceso al crédito. El ofrecimiento de servicios de crédito juntamente con los programas de expansión de la red, o la imposición a las empresas de la obligación de dividir las cargas en plazos, pueden hacer más asequible el pago de las conexiones. Colombia, por ejemplo, exige que los costos de conexión de los clientes pertenecientes a los grupos socioeconómicos más bajos se distribuyan a lo largo de tres años. Este sistema tiene la ventaja de reducir los costos de financiamiento, ya que el costo de ca- pital de las empresas será probablemente mucho más bajo que el de los clientes pobres. Además, la imposibilidad de muchos clientes de ingreso bajo de conseguir garantías no debe ser un obstáculo al endeudamiento, ya que las empresas de servicios públicos pueden utilizar la amenaza de desconexión del servicio para exigir el reembolso de los préstamos. De la misma manera, para los clientes pobres puede ser difícil pagar unas facturas considerables y ocasionales. La facturación más frecuente, los planes de pago flexibles y el prepago de los servicios (por ejemplo, mediante contadores de electrici- dad) son algunos de los medios que pueden facilitar la expansión de los servicios. Conseguir una mayor eficiencia del gasto público en infraestructura La descentralización y la planificación participativa pueden hacer que el gasto en infraestructura esté más en consonancia con las necesidades locales, pero sólo si se pone en práctica con gran esmero. Si se cuenta con las partes interesadas y los consu- midores para establecer las prioridades de las inversiones en infraestructura, se con- seguirá acomodar mejor la prestación de servicios a las necesidades de la comunidad y se alentará una mayor identificación con los proyectos. Los proyectos de caminos rurales de Perú son un ejemplo ilustrativo (recuadro 3.2). Por otro lado, si se aumenta el número de participantes pueden exacerbarse los conflictos de interés entre los dis- tintos niveles de gobierno, los consumidores y los contribuyentes, lo que puede dar lugar a gastos excesivos o a la asignación inadecuada de los recursos entre los dife- rentes distritos, y dificultar la rendición de cuentas. Por eso, las iniciativas eficaces de descentralización y de base comunitaria requieren un entorno institucional propicio. Eso presupone, entre otros elementos, un compromiso gubernamental y una clara rendición de cuentas de los dirigentes a las comunidades, lo que no es frecuente en los países en desarrollo.2 2. Estas son las conclusiones de Estache (2004) basadas en un examen de las publicaciones re- cientes sobre la descentralización y las iniciativas de base comunitaria. infra.indd 66 20/03/2007 05:15:21 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región Recuadro 3.2 Proyectos de caminos rurales en Perú Tres cuartas partes de la población rural peruana viven en la pobreza, y dos tercios de esas personas (es decir, la mitad de la población rural) se encuentran en situación de extrema pobreza. En las zonas rurales de las montañas andinas, la inexistencia o ineficiencia de la infraestructura de transportes limita el acceso a los mercados locales, las escuelas y los centros de salud. En 1995, las autoridades peruanas comenzaron a elaborar, y ahora están aplicando, un planteamiento innovador para la gestión vial en las zonas rurales más pobres, con ayuda del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. El segundo proyecto de caminos rurales (basado en un préstamo de US$50 millones del Banco Mundial, aprobado en 2001) ha aprovechado los logros del primero, y ha ampliado su alcance y sus reformas. Los dos proyectos han tratado de potenciar a la población rural pobre en el proceso de seleccionar los caminos rurales que debían ser objeto de rehabilitación. A través de talleres comunitarios, se han preparado unos 100 planes participativos de caminos pro- vinciales. Estos planes determinan cuáles son los segmentos viales de mayor importancia para atender las necesidades de los pobres y los que tienen mayores probabilidades de estimular actividades productivas. Los proyectos han considerado todas las modalidades principales de transporte de la población rural pobre: caminos, senderos peatonales e incluso el transporte fluvial para las comunidades que viven en las regiones amazónicas. Además, se creó un "servicio de desarrollo local" para ayudar a identificar actividades productivas que pudieran resultar viables si mejoraban los transportes. GraciasalasreformasdescentralizadorasdePerú,sehaidoconfiandoprogresivamente a los municipios provinciales la gestión de los caminos rurales, junto con los recursos pre- supuestarios y el personal técnico especializado. En total, se han creado 38 institutos viales provinciales,supervisadosporjuntasenlasqueparticipantodoslosalcaldesdelaprovincia. Los institutos contratan el mantenimiento vial a microempresas creadas por hombres y mujeresdelascomunidadesruralesmáspobres.Esteplanteamientohalogradounamayor eficiencia del mantenimiento vial, ha contribuido a desarrollar la capacidad empresarial y ha reducido la pobreza. Se han creado más de 500 microempresas que ofrecen 5.700 opor- tunidades de empleo a hombres y mujeres pobres (30% de los trabajadores son mujeres). Hasta 2005, se habían rehabilitado, y eran objeto de labores de mantenimiento, 13.000 km de caminos rurales en el contexto de estos proyectos. La tecnología utilizada para la rehabilitación (caminos de grava) cuesta sólo una tercera parte de otras alternativas (como las carreteras pavimentadas), y las comunidades consideran que se trata de una opción sostenible y eficaz en función de los costos. La evaluación intermedia del segundo proyecto de caminos rurales realizada en 2005 puso de manifiesto sus contribuciones a las mejoras en la situación del transporte, el acceso a las escuelas y los centros de salud, la productividadagrícolaylosingresosrurales.Lastendenciasdelosindicadoresdepobreza y pobreza extrema eran también mejores en las zonas de los proyectos, en relación con otras áreas no incluidas. Se preveía que este efecto en la pobreza fuera creciendo con el paso de los años. Fuente: Contribución de Nicolás Peltier, economista del Banco Mundial. infra.indd 67 20/03/2007 05:15:21 p.m. 8 Infraestructura en América Latina y el Caribe Los planteamientos regionales pueden ayudar a conseguir servicios más baratos y más fiables en los países pequeños. Los precios de la electricidad suelen ser más bajos en las grandes centrales de producción de energía (aunque el tamaño no es la única explicación de los precios), y las interconexiones pueden mejorar la fiabilidad tanto de la demanda como de la oferta. Esta fue la justificación que impulsó el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (Siepac), que creó un mercado de electricidad al por mayor y una red regional. Si bien la separación geográfica de las islas del Caribe hace inviable este sistema en esa zona, podrían aprovecharse otras economías de escala en la región. Una opción que se ha examinado es la de los or- ganismos regionales de adquisición, que tendrían una mayor capacidad negociadora (Jha 2005). Muchos países deberían gastar más en mantenimiento. En América Latina y el Caribe, como en otras regiones en desarrollo, el mantenimiento de la infraestructura existente ha ocupado un lugar secundario en relación con los proyectos nuevos y de gran visibilidad. Además de ser sumamente costoso, este planteamiento tiene efectos nocivos en la calidad de la red. Una nueva carretera no debería requerir la renovación de la superficie hasta pasados más de 10-15 años, pero la falta de mantenimiento pue- de provocar un grave deterioro, que quizá obligaría a renovar la superficie después de transcurridos sólo cinco años. Este es un fuerte argumento para que los países de la región intenten obtener recursos presupuestarios para el mantenimiento, por ejem- plo, mediante fondos viales financiados con impuestos específicamente asignados en ese fin, como ha ocurrido en El Salvador y en otros lugares. La transferencia de fondos de nuevos proyectos para asignarlos actividades de mantenimiento podría contribuir al crecimiento del PIB. Hay pruebas bastante só- lidas de que el mantenimiento tiene mayor rentabilidad económica que las nuevas inversiones públicas. En un análisis de siete grandes países de América Latina, Rioja (2003a) estima que, si se reasigna el 1% del PIB transfiriendo fondos del total de la inversión pública con el fin de duplicar el mantenimiento de la infraestructura, el PIB aumentaría un 1,9%.3 La previsibilidad de los flujos y las prácticas enérgicas de adquisición harían el gasto público mucho más eficiente. Los flujos de recursos poco fiables son un obstá- culo para el mantenimiento eficiente. Hacen también que las inversiones sean mucho más costosas, ya que el trastorno ocasionado en los pagos puede provocar la intermi- tencia de los programas de inversión. Además, los gobiernos normalmente terminan pagando más que el sector privado por los mismos bienes y servicios, incluida la 3. Esta cifra está basada en una estimación de Easterly y Rebelo (1993), según la cual la inver- sión pública en los siete países era de aproximadamente el 6% del PIB. infra.indd 68 20/03/2007 05:15:21 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región 9 infraestructura. Un organismo enérgico de adquisición o competencia que supervise los contratos gubernamentales con el sector privado puede reducir sustancialmente la connivencia entre los vendedores y la corrupción en general.4 Debería hacerse mayor uso de pequeños proveedores locales y de tecnologías más baratas. Los avances tecnológicos, por ejemplo, los sistemas poco costosos de abaste- cimiento de agua y los generadores de energía solar y electricidad, en general, facili- tan la prestación local en pequeña escala de algunos servicios. De la misma manera, se ha recurrido a las microempresas para "microprivatizar" los servicios, incluidos los de mantenimiento de carreteras, en Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua. Los proyectos de caminos rurales de Perú han rehabilitado algunos caminos utilizan- do grava en vez de superficies pavimentadas, más costosas, y han contratado para eso microempresas locales. En Nicaragua las carreteras se han recubierto utilizando blo- ques de hormigón, que son más baratos que la pavimentación pero al mismo tiempo duraderos y eficaces. Se han realizado proyectos semejantes en otros países Gestionar con mayor eficacia la privatización y otras formas de participación privada Para gestionar mejor la PPI, los gobiernos deberían escalonar adecuadamente las re- formas conexas, adoptar nuevos tipos de asociación entre el sector público y el pri- vado, mejorar el diseño de las concesiones y los procesos de adjudicación, reforzar la gestión y asignación de riesgos, fomentar la capacidad de los organismos reguladores y otras instituciones y elegir el régimen regulador más adecuado. Escalonar adecuadamente las reformas y la participación privada Muchas veces, la PPI no ha funcionado satisfactoriamente cuando se ha llevado a cabo antes de poner en marcha marcos jurídicos e institucionales adecuados. Se requiere tiempo para establecer la credibilidad normativa, que supone algo más que la simple creación de las instituciones necesarias. Por ejemplo, la reglamentación de Colom- bia no es mala, pero todavía hay muchas compañías ineficientes de abastecimiento de agua (y de otro tipo). La reglamentación es demasiado nueva para que inspire la 4. Las autoridades encargadas de la competencia pueden ayudar a evitar (o al menos a reducir) la connivencia en los procesos de licitación ­por ejemplo, en un proyecto de rehabilitación y mantenimiento de carreteras adjudicado al sector privado y financiado por el gobierno. Para ser eficaces, estas autoridades deben intervenir desde el primer momento en el proceso de licitación y tener los recursos y autoridad suficientes para acceder a la información necesaria para descubrir las posibles connivencias. infra.indd 69 20/03/2007 05:15:21 p.m. 0 Infraestructura en América Latina y el Caribe necesaria confianza, y las instituciones recientemente establecidas no han tenido to- davía tiempo para poder presentar un historial que acredite su independencia. La reestructuración del sector debería avanzar lo más posible antes de adjudicar las concesiones. De esa manera, se dispone de la oportunidad de transformar o reorgani- zar el sector, empresa que resulta mucho más difícil una vez que se han introducido los inversionistas privados y se han establecido los derechos de propiedad. Las leyes sectoriales pueden ser un procedimiento eficaz para establecer un marco coherente para el sector, en el que se asignen claramente las funciones y responsabilidades. Conviene aplicar las reformas más dolorosas mucho antes de la privatización. En muchos países de América Latina y el Caribe los incrementos de las tarifas, los recor- tes de las subvenciones y las pérdidas de empleo que acompañan a la reforma llegaron a identificarse, ante la opinión pública, con la propiedad privada. Para que la inter- vención privada goce de apoyo público, los gobiernos deben realizar estos cambios antes de las concesiones, y hacer ver que la PPI no es la causa de los efectos negativos, al mismo tiempo que se evita crear falsas expectativas. Adoptar nuevas formas de asociación entre el sector público y el privado En el modelo básico de asociación entre sector público y el privado, el gobierno con- cierta contratos con el sector privado para la prestación de servicios en su nombre.5 Después de la selección competitiva entre las diferentes propuestas, se establece una empresa privada para prestar esos servicios, que implican en muchos casos la crea- ción de nueva infraestructura. La empresa tiene que construir, explotar, mantener y financiar el activo y prestar el servicio a largo plazo (muchas veces entre 25 y 30 años) a cambio de pagos periódicos. Cuando vence el contrato, la gestión de ese activo vuelve de nuevo al sector público. Si bien este mecanismo puede conseguir resultados satisfactorios, las deficiencias fiscales y judiciales pueden ponerlo en peligro en algunos países de América Latina y el Caribe. Para que los efectos sean positivos, deben darse dos condiciones institu- cionales. En primer lugar, se necesitan mecanismos fiscales creíbles para garantizar que los pagos gubernamentales se realizarán a tiempo y en su integridad. En segun- do lugar, el sistema judicial y los mecanismos de solución de conflictos deben ser lo bastante fuertes como para disuadir comportamientos oportunistas de las partes contratantes una vez que se haya adjudicado el contrato. Es difícil que se den esas dos condiciones en la mayor parte de los países latinoamericanos. Los dispositivos 5. Esta sección está basada en una colaboración de Juan Benavides, especialista superior en infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo. infra.indd 70 20/03/2007 05:15:21 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región 1 fiscales son con frecuencia inestables. Los sistemas judiciales y jurídicos suelen ser débiles, lo que aumenta la probabilidad de que los concesionarios multipliquen los beneficios de los proyectos, incluso mediante conflictos jurídicos y renegociaciones con las autoridades encargadas de la concesión. Al mismo tiempo, un marco jurídico débil crea el riesgo de expropiación "larvada" de una empresa que haya realizado una determinada inversión no recuperable. Éste ha sido uno de los motivos de preocupa- ción frecuentes en la región. Para evitar estos problemas, se pueden utilizar diferentes tipos de asociación entre el sector público y el privado. Para elegir el más indicado habrá que tener en cuenta la situación fiscal del sector, el grado de observancia de los contratos y la rentabilidad autónoma de los proyectos. Entre las formas de asociación que pueden funcionar mejor que la versión básica se incluyen las siguientes: · Distribución de beneficios, si un proyecto es muy rentable pero no se puede contar con que los tribunales protejan los derechos de propiedad de las empresas privadas. Como los beneficios se comparten, el gobierno tiene menos incentivos para expropiar al inversionista. · Un plan de obras civiles, con inclusión de contratistas privados para la cons- trucción y otro tipo de obras, si la rentabilidad del proyecto y la observancia del contrato son débiles pero el espacio fiscal es amplio. · Concesiones complementadas por derechos exclusivos de uso de la tierra para proyectos viales, si no hay espacio fiscal y el proyecto es, por lo demás, poco rentable, pero los tribunales son creíbles. Mejorar el diseño de las concesiones y los procesos de adjudicación El mejor diseño de las concesiones desalentaría las renegociaciones innecesarias, mejoraría el desempeño del sector y permitiría identificar y asignar mejor los ries- gos.6 De todas formas, la renegociación puede ser inevitable en algunas ocasiones. No obstante, los contratos deberían indicar claramente los motivos que justificarían una renegociación, y contener orientaciones sobre el proceso y los resultados. En los contratos deberían especificarse también las circunstancias que darían lugar a ajustes de las tarifas y el alcance de esos ajustes (el tema de los riesgos se aborda en la siguiente sección). Las concesiones deberían adjudicarse mediante procesos transparentes y com- petitivos, basados en criterios de licitación atentamente elegidos. Si es posible, los 6. Esta sección está basada en gran parte en Guasch (2004). infra.indd 71 20/03/2007 05:15:22 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe gobiernos deberían evitar la adjudicación directa y las negociaciones bilaterales en la adjudicación de contratos. El recurso a un criterio único para determinar el adjudica- tario resulta preferible ya que el uso de criterios múltiples es menos transparente y se presta más a manipulación, corrupción e impugnación por parte de los perdedores. En la mayor parte de los contratos concertados en América Latina y el Caribe, en particular en el caso del abastecimiento de agua y las carreteras de peaje, el criterio de adjudicación ha sido la tarifa más baja propuesta o una combinación de la eva- luación técnica y la tarifa propuesta. Ambos planteamientos presentan deficiencias. Las tarifas no constituyen una base sólida para una concesión, ya que normalmente son objeto de ajustes periódicos. Asimismo, las propuestas técnicas probablemente dejarán de ser pertinentes conforme transcurran los años en una concesión a largo plazo, y su evaluación es algo subjetiva. Por eso, quizá sea preferible establecer tarifas por adelantado, junto con normas claras sobre su ajuste, y adjudicar las concesiones a licitantes calificados que estén dispuestos a efectuar los mayores pagos por la con- cesión o aceptar las subvenciones más bajas (cuando los servicios no sean rentables). La calificación previa puede ser un procedimiento útil para eliminar a los licitantes que carecen de experiencia o de propuestas técnicas adecuadas. En los contratos debería especificarse la información que los concesionarios ha- brán de facilitar periódicamente. Desde los últimos años setenta, la teoría económica ha considerado la relación entre los organismos de regulación y las empresas como un juego en que la información ­o, más bien, la asimetría de la información­ de- sempeña un papel fundamental.7 Inicialmente, los profesionales consideraban que la reglamentación del precio máximo les liberaría de la obligación de contar con la información facilitada por las compañías reguladas, pero esa opinión está desapare- ciendo rápidamente (véase infra). Una reglamentación eficaz requiere información fiable y estandarizada sobre las empresas reguladas, con inclusión de los costos, in- gresos, precios, inversiones e indicadores de desempeño y resultados. Con demasiada frecuencia, los contratos no han contenido indicaciones precisas sobre esas necesi- dades, y los datos generados han sido en demasiados casos de mala calidad, o se han presentado de forma incoherente. Un sistema claro de contabilidad normativa es imprescindible para obtener la información que los reguladores necesitan. En los contratos de concesión deberían definirse las normas de contabilidad normativa que se van a utilizar. Además, en esta contabilidad se deberían tener en cuenta las prácticas cuestionables, incluidos los esfuerzos por imponer tasas de gestión excesivas (muchas veces, el equivalente de la mitad de los beneficios netos de una empresa), contratar a filiales o compañías vin- 7. Véase un resumen de las teorías principales, en Rodríguez, Schlirf y Groom (2005). infra.indd 72 20/03/2007 05:15:22 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región culadas para prestar servicios o suministrar equipo a precios superiores a los de mer- cado, sobrevalorar los beneficios de la inversión, transferir los beneficios acumulados sobre el capital de otras zonas a la base de capital regulada y valorar los activos priva- tizados considerando el costo de sustitución. Ciertamente, resulta muy difícil acabar con estas distorsiones, incluso en los países de la OCDE. Guasch (2004) sostiene que la aplicación de una contabilidad normativa estricta a los resultados registrados de 1991 a 1992 elevaría la rentabilidad del capital desde el 9,7% al 22,5% en el caso de las distribuidoras de electricidad del Reino Unido y desde el 0,9% hasta 18,3% en el de las compañías de abastecimiento de agua. Gestionar y asignar mejor los riesgos El financiamiento mediante proyectos requiere generalmente instrumentos de pro- tección frente al riesgo para conseguir coeficientes de riesgo-rentabilidad que sean atractivos para los inversionistas.8 El financiamiento mediante proyectos es más arriesgado que otros tipos de inversión, ya que el financiamiento se ofrece con cargo a los flujos de efectivo previstos, con poco o ningún recurso a sus patrocinadores. Aunque los inversionistas en infraestructura de los países en desarrollo se han mos- trado dispuestos a aceptar riesgos más elevados a cambio de una posible rentabilidad también mayor, se han resistido a cargar con algunos tipos de riesgo que podrían ser de difícil gestión e implicar pérdidas considerables. Por otro lado, si bien las garan- tías pueden ser la condición necesaria para atraer a los inversionistas, los gobiernos deben tratar de no asumir muchos riesgos ni prometer indemnizaciones excesivas si hubiera que pagar las garantías. Los contratos deben asignar los riesgos con prudencia. Esta asignación tiene im- portantes repercusiones en los costos de capital y en los niveles de las tarifas. Debe estar basada en dos principios: a) debería cargar con el riesgo la parte que es respon- sable o tiene más control de un factor de riesgo; b) el riesgo debería asignarse a la parte que esté en mejores condiciones de soportarlo (tiene menos aversión al riesgo) (Guasch 2004). En el cuadro 3.1 se indican los principales riesgos de un proyecto típi- co de infraestructura, y se especifica quién suele cargar con ellos y qué instrumentos se han utilizado para su asignación. No obstante, los mecanismos cambian según los países y sectores. 8. Esta sección está basada en Sirtaine (2005). infra.indd 73 20/03/2007 05:15:22 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe Cuadro 3.1 Principales riesgos de los proyectos de infraestructura en los mercados emergentes Normalmente recae Instrumento utilizado para Riesgo Descripción sobre su asignación Construcción Riesgo de costos excesivos o Sector privado Contrato del proyecto retraso de la construcción Operacional Riesgo de costos operaciona- Sector privado Contrato del proyecto les superiores a los previstos, desempeño de baja calidad, etc. Fuerza mayor Guerra, catástrofe natural u Sector privado Seguro, contrato del otra causa de daño o retraso proyecto que no dependan de la compañía Comercial Riesgo de demanda insufi- Sector privado (a Contrato del proyecto (a ciente, incumplimiento de los veces, gobierno veces, garantía de ingresos contratos con los proveedores anfitrión, en parte) mínimos) o compradores privados, etc. Financiero Riesgo de fluctuaciones de las Sector privado Contrato del proyecto, es- tasas de interés, riesgos de tructura de financiamiento financiamiento, etc. Político Riesgo de expropiación, cance- Gobierno anfitrión Garantía o seguro frente al lación de permisos, confisca- o terceros riesgo político ción de activos e imposibilidad de convertir o transferir las divisas, guerra, disturbios civiles, etc. Normativo Riesgo de cambios en las leyes Gobierno anfitrión Contrato del proyecto, y reglamentos, normas de fija- o terceros garantía parcial frente al ción de tarifas y sistema tribu- riesgo tario, y de incumplimiento de los contratos con proveedores o compradores públicos, etc. Cambiario Riesgo de devaluación o de- Gobierno anfitrión Contrato del proyecto, preciación de la moneda (a veces, sector garantía cambiaria o es- privado o terceros) tructura de financiamiento Fuente: Adaptado de Sirtaine 00. Los inversionistas y operadores financieros exigen cada vez más que los riesgos asociados con la reglamentación y el tipo de cambio recaigan sobre las terceras partes, además de sobre el gobierno anfitrión. Cuando un gobierno ofrece garantías u otras estructuras, los inversionistas están expuestos a su riesgo soberano y a la clasificación infra.indd 74 20/03/2007 05:15:22 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región crediticia. Eso puede resultar inaceptable para los inversionistas extranjeros e incluso nacionales, que quizá estén ya claramente expuestos al riesgo soberano ­como ocurre con muchas compañías de seguros y fondos de pensiones de América Latina, que invierten fundamentalmente en valores públicos. En tales casos, es probable que se necesiten garantías de terceros, con inclusión de instituciones multilaterales, para di- versificar la exposición al riesgo. Incluso en un país con buena calificación crediticia, como Chile, la mayor parte de las concesiones han necesitado seguros o garantías de terceros para cubrir los riesgos de determinados proyectos. Estas garantías pueden ofrecer también la ventaja de elevar la calificación crediticia del proyecto hasta nive- les superiores al tope del país. Mejorar la capacidad de los organismos reguladores y otras instituciones Una reglamentación sólida puede reducir la renegociación y mejorar el desempeño del sector.9 Cuando la capacidad reguladora es débil, quizá sean aconsejables con- tratos más detallados y más rígidos ­que requerirían renegociación más frecuente. Una reglamentación ineficaz puede tentar a los gobiernos o a las empresas privadas a comportarse en forma oportunista. En consecuencia, la reglamentación eficaz es condición imprescindible cuando las industrias, privadas o públicas, son monopolís- ticas y, por tanto, no están disciplinadas por la competencia. La reducción de la incertidumbre normativa puede disminuir el costo de capital de los concesionarios, que hace descender la rentabilidad exigida de las inversiones. Puede ofrecer también beneficios significativos para los gobiernos, ya que haría po- sible tarifas o subvenciones más bajas y elevaría los beneficios resultantes de la ad- judicación de concesiones. El establecimiento de la credibilidad normativa requiere no sólo reformas sino también tiempo para conseguir la confianza en los nuevos marcos. Los marcos normativos son más sólidos cuando están basados en medidas legis- lativas. Muchos gobiernos, en particular los recientemente instaurados, han tratado de modificar las concesiones y reglamentaciones existentes, muchas veces por razo- nes políticas más que técnicas. Argentina (abastecimiento de agua), Bolivia (varios sectores), Brasil (abastecimiento de agua, electricidad), Panamá (electricidad) y Perú (varios sectores) son algunos de los países donde se han dado esos resultados, con las consiguientes injerencias en los presupuestos, escalas salariales, etc. La posibilidad de esta injerencia eleva el riesgo normativo y, por tanto, la rentabilidad que las empresas deben generar (y muchas veces las tarifas que tratarán de cobrar). No obstante, los 9. Esta sección y la siguiente están basadas en gran parte en Guasch (2004). infra.indd 75 20/03/2007 05:15:22 p.m. Infraestructura en América Latina y el Caribe marcos y organismos reguladores son mucho más difíciles de cambiar si se instauran a través de leyes, en vez de decretos, contratos o procedimientos administrativos. Los organismos reguladores deben ser independientes. Para garantizar la auto- nomía de la toma de decisiones ­libres de la influencia de las empresas, grupos de consumidores y organismos públicos­, las instituciones reguladoras deben estar oficialmente separadas de sus ministerios correspondientes y contar con recursos financieros suficientes. Sus presupuestos de explotación no deben formar parte de los presupuestos públicos generales, y deben proceder más bien de los gravámenes cargados a las industrias reguladas, que normalmente oscilan entre el 0,5% y el 2% de los ingresos brutos de las compañías. Finalmente, sus mandatos no deben coin- cidir con los ciclos electorales, y deberán ser depuestos únicamente por situaciones comprobadas de incuria, incumplimiento, conflicto de interés o comportamientos contrarios a la ética. La rendición de cuentas es también fundamental. Para eso se requieren transpa- rencia, incluida una toma de decisiones abierta, la publicación de las decisiones y su justificación. La información pública periódica debería incluir datos sobre las apela- ciones de las decisiones adoptadas por los organismos de reglamentación, el examen del desempeño por oficinas de auditoría pública y la supervisión presupuestaria por el organismo legislativo estatal. La institucionalización de las audiencias públicas y los procesos de consulta es también un medio de promover la rendición de cuentas. Las instituciones reguladoras necesitan personal competente. Los miembros de las juntas de regulación deben tener la especialización técnica necesaria, y no realizar actividades que representen conflictos de interés. Los salarios deben ser lo bastante elevados como para atraer a profesionales de gran valía, aun cuando para ello haya que ofrece remuneraciones superiores a las previstas en las habituales escalas de pago del sector público. Los países pequeños pueden beneficiarse adoptando planteamientos regionales de la reglamentación y estrechando la colaboración en términos más generales, con el fin de atraer a empresas privadas de mayor magnitud. La Autoridad de Reglamen- tación de las Telecomunicaciones del Caribe Oriental (Ectel), que regula las teleco- municaciones en cinco Estados de esa región, es un buen ejemplo de cómo promo- ver la regulación eficaz a pesar de la limitada capacidad nacional (Jha 2005). Este modelo podría aplicarse al abastecimiento de agua y la electricidad. Hay grandes posibilidades de intercambio de información y establecimiento de puntos de refe- rencia en los diferentes puertos, aeropuertos y servicios de abastecimiento de agua y electricidad del Caribe. Algunos de estos esfuerzos podrían estar coordinados por la Organización de Instituciones de Regulación de los Servicios Públicos del Caribe (Banco Mundial 2005b). En general, una mayor colaboración y armonización entre infra.indd 76 20/03/2007 05:15:22 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región las instituciones sectoriales de diferentes islas podría facilitar la inversión en varios países, que podría ser de escala lo suficientemente considerable como para atraer a grandes empresas internacionales. Lo mismo que Cable & Wireless mantiene servi- cios de telecomunicaciones en gran parte del Caribe, podrían establecerse también, por ejemplo, operaciones regionales de abastecimiento de agua (Jha 2005). Muchos países deben reforzar la capacidad de los ministerios y gobiernos locales. Los ministerios deben ser capaces de formular políticas sectoriales así como de com- prender, configurar y supervisar los aspectos jurídicos, financieros y técnicos de las concesiones, incluida la gestión de riesgos. Así ocurre especialmente en el caso de las autoridades regionales y municipales, que controlan una parte cada vez mayor de la infraestructura como consecuencia del progreso de la descentralización, pero tienen menos recursos y menos capacidad institucional que los gobiernos nacionales. Es también imprescindible reforzar los organismos de competencia y antimonopolio en muchos países. La importancia de contar con instituciones públicas sólidas ha aumentado debido al desarrollo de las concesiones y (especialmente) las asociaciones entre el sector pú- blico y el privado. Además de otorgar a los gobiernos más responsabilidad, control e influencia que las ventas de activos, las concesiones y las asociaciones entre el sector público y el privado requieren una función reguladora de mayor alcance. Eso se debe a la mayor amplitud de las condiciones y obligaciones implicadas, que hacen todavía más importante la disponibilidad de un marco institucional adecuado. Elegir el régimen regulador adecuado La reglamentación de los precios máximos, con el fin de incentivar la prestación efi- ciente de servicios, es un procedimiento ampliamente utilizado en América Latina y el Caribe. Del total de más de 1.000 concesiones vigentes en la región en 1985- 2000, el 56% estaba sometido a un régimen de regulación de los precios máximos, el 20% a un mecanismo de regulación de los rendimientos y el 24% a sistemas híbridos (Guasch 2004). En los planteamientos tradicionales, los organismos reguladores tra- tan de limitar los beneficios de las empresas monopolísticas, fundamentalmente con sistemas relacionados con la rentabilidad. Estos fijan precios basados en los gastos de explotación y costos de capital de las empresas. Además de ofrecer pocos incentivos para un buen desempeño, estos sistemas dependen de la exactitud de los datos conta- bles de las empresas y están expuestos a la manipulación de dichos datos. Los precios máximos, por el contrario, limitan los precios que las empresas pueden cobrar pero no sus beneficios, aunque el nivel puede fijarse de manera que se genere una rentabi- lidad razonable para una compañía eficiente modelo. infra.indd 77 20/03/2007 05:15:22 p.m. 8 Infraestructura en América Latina y el Caribe La elección del régimen repercute significativamente en el desempeño, y los pre- cios máximos son los que conceden los mejores resultados. Estache y Rossi (2000) observan que el tipo de regulación repercutió de manera considerable en la produc- tividad laboral de los distribuidores privados de electricidad de América Latina entre 1994 y 2001. Los que funcionaban en un marco de un sistema de precios máximos o híbrido utilizaban el 55% y el 25% menos de mano de obra, respectivamente, para conseguir la misma producción que las empresas públicas, con el mismo insumo de capital. Los distribuidores inscritos en un marco de regulación de la rentabilidad conseguían aproximadamente los mismos resultados que las empresas públicas. Por otro lado, los regímenes de precios máximos han presentado mayor riesgo para los concesionarios, debido a que los beneficios no están garantizados, lo que da lugar a un mayor costo de capital, y en muchos casos ha habido renegociaciones. Cuando los sistemas se han renegociado, normalmente han sido sustituidos por me- canismos híbridos. Los nuevos diseños reconocen con frecuencia que algunos tipos de costos se transmiten automáticamente a los usuarios. La parte de los costos que puede acogerse a este mecanismo de transmisión automática (y la mayor o menor medida en que debilita los incentivos a la eficiencia) varía de acuerdo con el sector, pero está dominada por las actividades sometidas a riesgos cambiarios (como los insumos importados y el servicio de la deuda externa), o a mecanismos negociados a largo plazo (como los contratos laborales). Además, los precios máximos no han alcanzado los mejores resultados para los consumidores. La mayor parte del aumento de la eficiencia ha sido aprovechada por el Estado o las empresas, y no se ha compartido con los consumidores en forma de tarifas más bajas. De hecho, los consumidores se han visto doblemente penalizados con relación a los regímenes de rentabilidad, debido a que el costo más elevado del capital se traduce en tarifas más altas. Además, la renegociación suele redundar en perjuicio de los consumidores, debido a los niveles de inversión más bajos y a las tarifas más altas concertadas en muchos casos. Dado que la reglamentación de los precios máximos no ha conseguido un gran éxito en la región, quizá sean preferibles los regímenes híbridos ­o, en algunos casos, los basados en la rentabilidad. Establecer nuevas fuentes de financiamiento El financiamiento de la infraestructura puede aumentarse ajustando las cargas que recaen sobre los usuarios, mejorando la cobertura de riesgo para atraer a inversionis- tas privados, recurriendo a los mercados de capital locales, ampliando la inversión pública y reforzando el acceso de los gobiernos locales al financiamiento. infra.indd 78 20/03/2007 05:15:22 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región 9 Reconocer la posibilidad de ampliar el financiamiento mediante las cargas impuestas a los usuarios Las posibilidades de recuperación de costos varían según el sector y subsector.10 Las cargas impuestas a los usuarios no son un mecanismo de financiamiento viable cuan- do se trata de infraestructuras que presentan las características de un bien público, como los caminos rurales. Sólo en el sector de las comunicaciones la recuperación completa de costos a través de las cargas a los usuarios es no sólo posible, sino que constituye de hecho la norma en América Latina. Eso explica en gran parte por qué ha sido más fácil atraer inversión privada a las telecomunicaciones y por qué los go- biernos se han resistido en algunos casos a privatizar compañías muy rentables de ese sector. Aunque la recuperación de costos es técnicamente viable y económicamente atractiva en los servicios de abastecimiento de agua y electricidad, presenta dificulta- des tanto políticas como prácticas. La asequibilidad no es un problema grave en la mayor parte de los países de Amé- rica Latina y el Caribe, lo que indica que las tarifas podrían elevarse para alcanzar niveles que permitan la recuperación de costos. Foster y Yepes (2005) calculan que el valor de recuperación de costos de los servicios básicos de abastecimiento de agua varía entre US$6 al mes para atender las necesidades más básicas y US$13 al mes para un nivel más representativo de un consumo urbano modesto; en el caso de la electricidad, la escala se sitúa entre US$4 y US$11. Los autores examinan también la proporción de hogares para los cuales los distintos niveles de facturas de abasteci- miento de agua o de electricidad representarían en cada caso más de 5% del ingreso ­cifra considerada normalmente como parte del ingreso que podría gastarse razo- nablemente en agua y electricidad.11 Observan que sólo en países de ingreso bajo, como Bolivia, Honduras y Paraguay, las tarifas de recuperación de costos crearían un problema significativo de asequibilidad (gráfico 3.1). En los países de ingreso me- diano-alto, como México y Venezuela, menos del 10% de esos hogares tendrían ver- daderos problemas de asequibilidad en cualquiera de los niveles considerados. Este problema de asequibilidad es todavía menor si se utiliza como criterio la paridad del poder adquisitivo (método más adecuado si la estructura de costos de los servicios públicos depende sobre todo de los costos locales, más que de los internacionales): 10. Esta sección está basada en Foster y Yepes (2005). 11. Este umbral se utiliza con frecuencia para determinar la asequibilidad del agua en América Latina, y las encuestas de hogares indican que el quintil más pobre de los hogares pocas veces gasta más de ese nivel. No existe ningún punto de referencia comparable para la electricidad, pero las encuestas de hogares revelan que el quintil más pobre pocas veces gasta más del 6%- 8% de sus ingresos en electricidad. infra.indd 79 20/03/2007 05:15:22 p.m. 80 Infraestructura en América Latina y el Caribe facturas de servicios públicos de hasta US$15 serían asequibles para más del 90% de la población en todos los países de la muestra, con excepción de los más pobres (Bolivia, Honduras y Paraguay). Gráfico 3.1 Hogares urbanos con problemas de asequibilidad, con diferentes niveles de costos mensuales, desglosados por país Fuente: Foster y Yepes 00. Los problemas de asequibilidad son mucho más limitados en América Latina que en otras regiones más pobres. Foster y Yepes calculan también las cifras regionales de América Latina, Asia oriental, África e India. Observan que, mientras que sólo el 10% de los hogares de América Latina tendría problemas para poder pagar fac- turas de bienes públicos de US$10 al mes, aproximadamente el 35% de los hogares de Asia oriental y el 55% de los de India y África subsahariana tendrían dificultades de ese tipo con facturas de ese nivel. El alcance de los problemas de asequibilidad y las diferencias entre las regiones se reducen cuando se realizan los mismos cálculos utilizando como unidad la paridad del poder adquisitivo (PPA). El incremento de las tarifas hasta alcanzar niveles de recuperación de costos tendría un efecto notable en la incidencia de la pobreza sólo en algunos países de la región. Al elevar el costo de los servicios esenciales, los incrementoss de las tarifas reducen de infra.indd 80 20/03/2007 05:15:23 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región 81 hecho el ingreso real, con lo que situarían a un mayor número de personas por debajo del umbral de pobreza o agravarían la pobreza existente. No obstante, el análisis del ingreso de los hogares realizado por Foster y Yepes (2005) revela que la duplicación de la factura de servicios públicos, de manera que pasara de US$3 a US$6 o de US$6 a US$12 ­dos escenarios plausibles en América Latina­ no tiene grandes repercusiones en los índices de pobreza de la región (índice de recuento, brecha de pobreza o índice FGT).12 Las excepciones son los países como Bolivia y Guatemala, donde el índice de recuento de la pobreza podría aumentar nada menos que 2 puntos porcentuales. Ampliar la cobertura de riesgos para recuperar a los inversionistas privados Para atraer a los inversionistas y operadores privados habrá que cambiar las estruc- turas y financiamiento de los proyectos tradicionales con el fin de ofrecer mayor pro- tección frente a los riesgos.13 Como ya se ha observado, las crisis recientes de los mercados emergentes y el historial no siempre positivo de los proyectos de infraes- tructura en América Latina y el Caribe han aumentado la aversión al riesgo entre los inversionistas privados internacionales. La mayoría de ellos están aplicando criterios de inversión más estrictos (mayores primas de riesgo-país y menores concentracio- nes de inversión en los países) y tratando de reducir su exposición a los riesgos cam- biarios y relacionados con el Estado. Probablemente, van a exigir también cada vez más que las empresas gubernamentales estén respaldadas por organismos multilate- rales u otros terceros. La cobertura de riesgo necesaria para atraer a los inversionistas institucionales dependerá de las circunstancias de cada país y de las características de cada proyecto. Cuanto mayor sea la incertidumbre política, más débil sea la regla- mentación y más inestable la moneda, mayor será la necesidad de protección política, normativa y cambiaria, respectivamente. No obstante, los gobiernos deberían abste- nerse de cubrir riesgos que escapen de su control. La mejor manera de hacer frente al riesgo cambiario es garantizar el financia- miento procedente de fuentes internas. Los ingresos de los proyectos de infraestruc- tura suelen percibirse en moneda local, mientras que el financiamiento privado debe 12. El coeficiente de recuento mide el porcentaje de la población que vive por debajo del umbral de pobreza. La brecha de pobreza mide la desviación porcentual media del ingreso (gasto) de quienes se encuentran por debajo del umbral de pobreza con respecto al nivel representado por ese umbral. El índice de Foster, Greer y Thorbecke (o índice FGT) mide el cuadrado de la desviación media porcentual del ingreso (gasto) de quienes se encuentran por debajo del umbral de pobreza con respecto al nivel representado por ese umbral. 13. Esta sección está basada en Sirtaine (2005), con aportes de Ellis Juan, gerente y Jamal Saghir, director, ambos del Banco Mundial. infra.indd 81 20/03/2007 05:15:23 p.m. 8 Infraestructura en América Latina y el Caribe efectuarse muchas veces en dólares u otra moneda extranjera, y esa divergencia crea un riesgo notable. La solución obvia es establecer mercados de capital e instrumentos de deuda internos, para crear más fuentes de financiamiento (véase infra). Aunque este proceso está avanzando en América Latina y el Caribe, la capacidad de financia- miento local continuó siendo limitada, sobre todo en relación con las necesidades de los grandes proyectos de infraestructura. Las instituciones multilaterales ofrecen en cierta medida financiamiento en mo- neda local para hacer frente al riesgo cambiario en las inversiones en infraestruc- tura. La Corporación Financiera Internacional (IFC) ofrece préstamos y productos de cobertura de riesgos en monedas locales a inversionistas privados de los merca- dos en desarrollo, al mismo tiempo que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) ofrece a los gobiernos préstamos en varias monedas de países en desarrollo cuando existen asociaciones entre el sector público y el privado. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofrece también préstamos en monedas locales a los gobiernos de la región, en particular a México (2004) y Colombia (2005). No obs- tante, el financiamiento local de las instituciones financieras internacionales requiere mercados consolidados de canje de monedas. La paradoja está en que, donde éstos existen, como en Brasil, Chile y México, es menor la probabilidad de que se necesiten intervenciones de instituciones financieras internacionales. Las estructuras de financiamiento pueden representar también una protección frente a los riesgos cambiarios, pero todavía no es fácil encontrar instrumentos efica- ces en América Latina y el Caribe. En los lugares donde la capacidad del financiamien- to local es insuficiente ­es decir, donde los mercados son demasiado pequeños o están insuficientemente desarrollados, como en Bolivia, Paraguay y Uruguay, o donde un proyecto es particularmente ambicioso, como Camisea en Perú (para la explotación y transporte de gas natural)­, pueden utilizarse instrumentos que permitan mitigar el riesgo cambiario de los financiadores y patrocinadores privados. Pero son pocos los instrumentos de este tipo utilizados, y los bancos internacionales de desarrollo po- drían hacer más para desarrollarlos. Un ejemplo interesante es el Servicio de liquidez establecido por la Sociedad de Inversiones Privadas Extranjeras (OPIC) en 2001, con el fin de proteger a los titulares de bonos frente a los riesgos cambiarios en un proyecto de distribución de energía en Brasil (recuadro 3.3). Esa estructura, que no ha vuelto a utilizarse, presenta algunas deficiencias. En particular, es posible que no funcione en casos de crisis cambiarias extremas. No obstante, el ofrecimiento de liquidez a la com- pañía responsable de un proyecto resultaría enormemente útil, ya que permitiría la continuidad de las operaciones, aunque, si las tarifas no acaban ajustándose al nuevo tipo de cambio, la empresa del proyecto no podría reembolsar sus préstamos. Por otro lado, parece que este servicio se concibió pensado únicamente en ese caso concreto. infra.indd 82 20/03/2007 05:15:23 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región 8 Recuadro 3.3 Servicio de liquidez de la OPIC para proteger los bonos de Brasil frente al riesgo cambiario En 2001, la OPIC estableció un Servicio de liquidez como garantía frente a los riesgos cambiarios en el proyecto AES Tietê de Brasil. Este servicio ofrece una línea de crédito renovable a la que se puede recurrir si la depreciación de la moneda brasileña (el real) impide a la compañía del proyecto cumplir sus obligaciones de servicio de la deuda. El servicio de liquidez cambiaria, de US$30 millones, respalda US$300 millones de finan- ciamiento. La cobertura establece de hecho un mínimo en dólares estadounidenses para los in- gresos de la compañía, que se realizan en la moneda nacional. Se efectúan pagos cuando los ingresos caen por debajo del valor mínimo, momento en el cual serían insuficientes para pagar el servicio de la deuda programado. La cobertura se estructura con el fin de aislar los riesgos cambiarios de los riesgos operacionales. Las reclamaciones se cubren en forma de préstamo subordinado únicamente a los prestamistas prioritarios del proyecto, con un interés que refleje el carácter subordinado de la reclamación. Los prestamistas prioritarios continúan estando expuestos a todos los riesgos operacionales (se realiza un cálculo pro forma para determinar hasta qué punto el déficit de ingresos se debe a los movimientos cambiarios, que justifican una reclamación en el marco de la cobertura de devaluación, y no a los resultados operacionales negativos, que no la justifican). Este servicio fue bien aceptado por los organismos de clasificación y los inversionistas institucionales. AES Tietê se convirtió en el primer proyecto de electricidad que consiguió una calificación aceptable para la inversión en un país que no reunía esa condición; su emisión de bonos se colocó con el plazo más largo jamás conseguido por una empresa emisora de Brasil, y se fijó a un precio que representaría 237 puntos básicos menos que la deuda soberana brasileña. El hecho de que recibiera una calificación más favorable y se colocara con un rendimiento más bajo que los instrumentos soberanos indica que se consideraba que el bono presentaba menos peligro que otras inversiones en el país ­señal de que los analistas crediticios estimaban que el proyecto estaba en gran parte protegido frente al riesgo macroeconómico de Brasil. Fuente: Sirtaine 00. Apesardesusinconvenientes,lasestructurasdefinanciamientodeestetipopodrían ofrecer considerables beneficios. En primer lugar, mejoran el perfil crediticio de la com- pañía del proyecto, ya que reducen significativamente el riesgo de incumplimiento o renegociación del contrato del proyecto. En segundo lugar, la clasificación crediticia del proyecto no se ve limitada por el tope soberano, que puede permitir el financiamiento del proyecto a más largo plazo con menor costo. En tercer lugar, la vinculación de los precios de los productos del proyecto a la inflación local, más que al tipo de cambio del dólar estadounidense, evita a los consumidores las crisis de precios de los servicios bá- infra.indd 83 20/03/2007 05:15:23 p.m. 8 Infraestructura en América Latina y el Caribe sicos ofrecidos por los proyectos de infraestructura y aumenta la estabilidad del sector a largo plazo. En cuarto lugar, la situación financiera y la calificación en moneda local del comprador del producto no se ven perjudicadas por compromisos contractuales de comprar el producto del proyecto a precios vinculados al dólar. Finalmente, el servicio cambiario cuesta mucho menos que un swap de monedas (en los casos raros en que puede recurrirse a estos swaps durante un plazo suficientemente largo). Las garantías parciales contra riesgos ofrecidas por instituciones multilaterales pueden proteger a los prestamistas y titulares de bonos frente a otros riesgos percibi- dos, lo que representaría la mejora crediticia que las compañías de los proyectos ne- cesitan para recaudar financiamiento suficiente. Un ejemplo es la garantía otorgada por la IFC para una emisión de bonos de 2003 por Triple A de Colombia (recuadro 3.4). La IFC y el BID han utilizado ampliamente las garantías parciales de crédito en apoyo de los bonos en monedas a largo plazo en América Latina y el Caribe. Estas ga- rantías reducen notoriamente el costo de la deuda de los proyectos de infraestructura y permiten plazos más largos, ya que hacen posible una mejora de las calificaciones crediticias, que a su vez abren los mercados de capital locales, y una mayor diversidad de inversionistas, a las compañías que realizan proyectos de infraestructura. Recuadro 3.4 Garantía parcial de riesgos de la IFC para la emisión de bonos de Triple A, Colombia En 1993, se adjudicó a la Sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A) una concesión de 20 años (posteriormente prolongada hasta 2033) para el abastecimiento de los servicios de agua, alcantarillado y desechos sólidos a la Ciudad de Barranquilla,lacuartamayordeColombia.Laconcesiónexigíaalacompañíaqueamplia- ra los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado al sudoeste de la ciudad, a fin de conectar a 350.000 habitantes de ingreso bajo a la red. Estas inversiones se financiaron inicialmente mediante deuda a corto plazo y en moneda extranjera, lo que creó graves desajustes de plazos y monedas en el balance de la compañía del proyecto En 2003, Triple A quiso reforzar y estabilizar su situación financiera, por lo que so- licitó una recalificación crediticia de la IFC para mejorar la calificación de una inversión de bonos prevista y autorizar un plazo de vencimiento de los fondos de hasta 10 años en el mercado de capital local. La mejora adoptó la forma de garantía de riesgo de capi- tal de hasta el 25% del principal del bono emitido, equivalente a US$63 millones. Los bonos recibieron tanto de Duff y Phelps de Colombia como de BRC Investor Services la calificación AAA, de acuerdo con la escala nacional ­lo que supuso una subida de tres peldaños en la calificación de la empresa. La emisión fue totalmente suscrita por más de 15 inversionistas institucionales nacionales. Fue la primera emisión de bonos de una empresa colombiana cuyo riesgo fue calificado por debajo de AA y contribuyó al desarrollo de los mercados de capital internos. infra.indd 84 20/03/2007 05:15:23 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región 8 Los gobiernos pueden facilitar el acceso de los inversionistas privados en infraes- tructura a las garantías parciales frente a riesgos, estableciendo servicios en gran es- cala para estos instrumentos. Un ejemplo innovador es el Servicio de garantía parcial frente a riesgos (PRGF) establecido en abril de 2005 para otorgar GPR del Banco Mun- dial, en apoyo de un ambicioso programa de concesiones de infraestructura en Perú. Este servicio trata de incrementar el atractivo de los proyectos de infraestructura para los inversionistas privados, protegiendo la deuda de los proyectos (tanto bonos como préstamos) frente al riesgo político y normativo y respaldando las obligaciones gubernamentales en el marco de las asociaciones entre el sector público y el privado, reduciendo así las contribuciones públicas necesarias para tales proyectos. Las garan- tías del Banco Mundial emitidas a través de ese servicio tratan de conseguir que el financiamiento para las compañías de infraestructura sea menos costoso, a más largo plazo y de base más amplia (en lo que respecta a su fuente). Al alentar la emisión de bonos y ampliar la diversidad de inversiones de alta calidad disponibles para los inversionistas institucionales, el PRGF deberá contribuir también al desarrollo de los mercados de capital locales. Recurrir más a los mercados de capital locales La mayor parte de la inversión privada en infraestructura en América Latina y el Ca- ribe ha llegado desde el exterior. Cuando se ha deseado la participación privada, los gobiernos de la región se han centrado en los inversionistas extranjeros, sobre todo porque los mercados de capital internos no han podido generar el considerable capi- tal a largo plazo que requieren los grandes proyectos de infraestructura. No obstante, dada la resistencia de los inversionistas extranjeros a iniciar o prolongar su interven- ción en la infraestructura de la región, los gobiernos deben buscar otras fuentes de financiamiento. Ello resulta especialmente importante para los proyectos pequeños ­incluidos muchos administrados por Estados insulares o por autoridades locales de grandes países­ que pocas veces merecen el interés de las compañías internacionales. Como ya se ha observado, el financiamiento local puede ser también preferible debi- do a que evita el riesgo cambiario que incrementa notablemente el costo del capital de los proyectos de infraestructura. Los mercados de capital locales podrían aportar un volumen mucho mayor de fi- nanciamiento, sobre todo canalizando los recursos de los fondos de pensiones. Estos mercados continúan siendo pequeños en la mayor parte de los países de América La- tina y el Caribe. Además, las tasas nacionales de ahorro son bajas, sobre todo con res- pecto a los competidores de Asia oriental. De todas formas, el crecimiento reciente de los fondos de pensiones privados ­así como de las compañías de seguros, fondos de infra.indd 85 20/03/2007 05:15:24 p.m. 8 Infraestructura en América Latina y el Caribe inversión y otros inversionistas institucionales­ en el conjunto de la región ha creado un acervo de recursos que los proyectos de infraestructura podrían aprovechar en mayor grado. Muchos inversionistas institucionales de la región tienen niveles eleva- dos de liquidez y considerables tenencias de deuda pública y valores extranjeros, lo que se debe en parte a la escasez de alternativas de inversión local atractivas. Muchos inversionistas institucionales internos desearían diversificar sus carteras, reduciendo el riesgo soberano, pero tienen perfiles de inversión de bajo riesgo. Los proyectos de infraestructura pueden resultar atractivos para aquéllos si los riesgos están de- bidamente mitigados, por ejemplo, mediante las garantías multilaterales antes exa- minadas, y el riesgo soberano se transfiere a terceros. Si pueden ampliar la gama de opciones atractivas de inversión interna, los proyectos de infraestructura ofrecen a los países un medio de reducir el ahorro extranjero (fuga de capitales), que representa un grave problema en la región. Deben realizarse esfuerzos más decididos por desarrollar los instrumentos y mer- cados necesarios, con el fin de encauzar el ahorro local hacia inversiones en infra- estructura. Deben introducirse bonos de infraestructura que, si es posible, ofrezcan largos plazos, estén denominados en moneda local, tengan tasas de interés nominal fijo y recurran sólo en forma limitada a los patrocinadores. Instrumentos como los servicios de garantía pueden hacer que los bonos locales resulten más negociables, como se ha examinado antes. El establecimiento de productos derivados cambiarios (swaps y productos a plazo) facilitará también el financiamiento desde el exterior. Las emisiones de bonos, en particular si son nacionales, han desempeñado un papel secundario pero creciente en el financiamiento de proyectos en América Latina y el Caribe. La mayor parte de la deuda asociada con el financiamiento de proyectos procede de préstamos bancarios ofrecidos mediante consorcios, a pesar de algunas ventajas de las ventas de deuda a través de los mercados de capital. Los bonos de infra- estructura emitidos en mercados emergentes alcanzaron un promedio de US$5.000 millones anuales entre 1996 y 2001, es decir, poco más del 6% de las emisiones totales en infraestructura. No obstante, el valor de estas emisiones de los mercados emer- gentes tuvo una tasa de crecimiento compuesto anual del 38% durante ese período, frente al 45% registrado en los mercados desarrollados. No obstante, de los 45 nuevos emisores entre las compañías de infraestructura de mercados emergentes durante ese período, sólo 13 eran de América Latina. Chile ha sido la excepción, y sus concesiones de infraestructura han recurrido a los mercados de deuda locales para atender una gran parte de sus necesidades de financiamiento. Entre 1996 y 2003, los bonos de infraestructura emitidos en Chile al- canzaron un promedio aproximado de US$1.000 millones al año ­más de la mitad de las emisiones totales del país. Por otro lado, la mayoría de los bonos fueron emitidos infra.indd 86 20/03/2007 05:15:24 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región 8 por compañías de energía consolidadas, y pocos procedían de compañías asociadas con proyectos. Cuando éstas han atraído una participación significativa del mercado de capital, en general se han beneficiado de las garantías públicas de los ingresos y, en algunos casos, de las garantías cambiarias. Además, en casi todos los casos los riesgos políticos y normativos han estado asegurados por una institución multilateral (como el BID), o una compañía privada de seguros (MBIA). Muchos de los recursos moviliza- dos han procedido de fondos de pensiones locales (recuadro 3.5). Razones en favor de una mayor inversión pública en infraestructura Las necesidades de recursos varían de acuerdo con el objetivo, pero continúan siendo significativas. Aproximadamente el 1,3% del PIB debería bastar para responder a la demanda prevista de servicios de infraestructura tanto por parte de los individuos como de las empresas (suponiendo un crecimiento moderado del PIB). En cuanto a los objetivos sociales, el servicio universal de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad podría alcanzarse en 10 años con un modesto 0,24% del PIB anual. El mantenimiento de los actuales activos de infraestructura requeriría un 1% adicional del PIB. En otras palabras, una inversión anual de aproximadamente el 2,5% del PIB bastaría para dar respuesta a la demanda prevista, conseguir la prestación universal de servicios y mantener los activos existentes. En el Apéndice B se examinan las ne- cesidades de gasto con mayor detalle. Para mantenerse a la altura de China o alcanzar a Corea habría que duplicar o triplicar los niveles actuales de inversión. Como se ha mencionado antes, los países de América Latina tendrían que invertir entre el 2,4% y el 4,7% del PIB durante 20 años para alcanzar un nivel de infraestructura por trabajador equivalente al de Corea. Si se agregan el mantenimiento y la prestación universal de servicios, la necesidad de financiamiento anual sería entre el 4% y el 7% del PIB al año. Esta cifra, si bien considerable, no es disparatada: Corea y China consiguieron aumentos semejantes durante largos períodos de tiempo. Aun cuando aumenten las cargas de los usuarios y se consiga atraer de nuevo al sector privado, continuará siendo necesaria la inversión pública en infraestructu- ra. Como se ha señalado antes, lo que se puede recaudar mediante las cargas de los usuarios tiene un límite, sobre todo en el abastecimiento de agua, en la mayor parte de las carreteras y, en menor medida, en la electricidad. El financiamiento público continuará siendo necesario, aun contando con la participación y financiamiento del sector privado. Por otro lado, la inversión privada es muy inferior a las necesidades: En 1998, año en que la inversión en infraestructura alcanzó su nivel máximo, el valor infra.indd 87 20/03/2007 05:15:24 p.m. 88 Infraestructura en América Latina y el Caribe Recuadro 3.5 Recurrir a los fondos de pensiones para el financiamiento de la infraestructura en Chile En los primeros años noventa, con el fin de aumentar la inversión en infraestructura, el gobiernodeChileintrodujounprogramadeconcesionesparaatraercapitalprivadohacia el sector del transporte, en particular, hacia los caminos, carreteras, puentes, túneles y aeropuertos. El programa ha atraído más de US$3.600 millones de inversión privada. Chile fue el primer país de América Latina que permitió a los fondos de pensiones invertir en proyectos de infraestructura. En 1981, Chile sustituyó su sistema de jubilación, basado en un mecanismo de reparto, entonces en quiebra, por un régimen financiado con fondos propios de cuentas de jubilación individuales administradas por el sec- tor privado. Ya en 2001, más del 95% de los trabajadores del país se había adherido al sistema y los fondos de pensiones habían acumulado US$36.000 millones en activos y una rentabilidad real media de casi el 11% al añoa. Inicialmente, la legislación prohibía que los fondos de pensiones invirtieran en proyectos de infraestructura. Otro obstáculo era la falta de bonos de calidad suficiente como para la inversión y otros instrumentos financieros emitidos por las compañías de las concesiones. Para facilitar las inversiones de los fondos de pensiones y compañías de seguros, en 1995-1996 se introdujeron cambios jurídicos en los reglamentos financieros y de infraestructura. Entre otras cosas, las reformas permitieron a esos fondos y compañías invertir en nuevas emisiones de bonos. En consecuencia, se creó un nuevo instrumento financiero a largo plazo, el bono de infraestructura. Este es normalmente un bono de tasa fija a 20 años denominado en Unidades de Fomentos (UF), unidad contable utilizada en Chile, ajustada en función de la inflación, que goza de una calificación local AAA y un seguro monolínea. Los bonos se venden exclusivamente a inversionistas privados locales, incluidos los fondos de pensiones, y en cada una de las ofertas se han suscrito con creces. De las 16 concesiones de carreteras de peaje del país, 11 se han financiado con bonos de infraestructura (3 se han financiado con préstamos bancarios y 2 no han decidido todavía su estructura de financiamiento). El desarrollo del mercado de bonos de infraestructura se vio favorecido por el hecho de que, en 1995, Chile consiguió la calificación crediticia A-, que ofreció una oportunidad de seguro monolínea de las emisiones de bonos. En 1998, el consorcio que manejaba el mejoramiento del tramo Talca-Chilan de la principal vía de comunicación de la nación, la Ruta 5, emitió los primeros US$150 millones de bonos de infraestructura. Hasta me- diados de 2002, se habían emitido US$963 millones de bonos de infraestructura en cinco ofertas. El programa de concesiones se está ampliando ahora para financiar la inversión privada en instituciones penitenciarias e infraestructura urbana. Fuente: Jha 00b. a. Mayor información estadística puede encontrarse en http//www.safp.cl. de los proyectos que contaron con participación privada (incluidos los compromisos públicos) sólo representó el 1,7% del PIB. En 2003, la proporción era del 0,9%. infra.indd 88 20/03/2007 05:15:24 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región 89 Es imprescindible crear un espacio fiscal para dicha inversión. Varios países de América Latina y el Caribe deben cargar con una gran deuda, y el resto no se decide a adoptar políticas expansionistas por temor a recaer en la inestabilidad fiscal y finan- ciera. Además, las rigideces del gasto dejan a los países poco margen de maniobra para hacer frente a las crisis cíclicas o ampliar la inversión. En Brasil, más del 90% del gasto federal es no discrecional (incluidos los salarios, transferencias a los gobiernos regionales, pago de intereses, pensiones y gastos en otros programas de protección social; las rigideces son también considerables en el plano subnacional. El recorte drástico de la inversión no es una manera eficiente de controlar el gasto, aunque políticamente resulte más fácil. La reducción de las inversiones tiene efectos a largo plazo en el crecimiento y, por tanto, repercute en la solvencia a largo plazo ya que reduce los ingresos fiscales futuros de los gobiernos. Por eso, no conviene aplicar las mismas normas de la deuda a los gastos productivos y a los improductivos (Servén 2005). Naturalmente, no todas las inversiones son productivas (ni todos los gastos corrientes son improductivos), pero las normas fiscales que aplican los mis- mos principios a las inversiones y a otros gastos sólo contribuyen a reforzar el sesgo natural favorable a recortar las inversiones, en vez de otros gastos políticamente más delicados, como las pensiones y los salarios. Las propuestas de aumentar el espacio fiscal incluyen el uso de normas alternati- vas, opción que ha sido rechazada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre las normas fiscales alternativas figura la "regla de oro", aplicada en el Reino Unido y en virtud de la cual, a lo largo del ciclo económico, el gobierno debe endeudarse úni- camente para financiar los gastos de capital, no los gastos corrientes. Otro ejemplo, utilizado en Nueva Zelanda, es el valor neto actualizado de la contabilidad patrimo- nial, que considera la solvencia de todo el sector público en general. Pero ninguna de esas dos soluciones es la panacea universal: la primera puede alentar la contabilidad creativa, y la segunda es de difícil aplicación.14 Otras opciones son la autorización de exenciones para inversiones concretas, aun- que probablemente éstas nunca llegarán a ser significativas. Una posibilidad es ex- cluir de las cuentas fiscales a las empresas públicas gestionadas con criterios comer- ciales para liberarlas de los topes de endeudamiento. En América Latina se comprobó que con ello se reduciría de hecho el espacio fiscal, dado que las empresas públicas rentables normalmente se utilizan como fuente de ingresos fiscales. Otra opción con- siste en mejorar el trato dado a las asociaciones entre el sector público y el privado para incluirlas en las cuentas públicas o excluirlas de ellas, según convenga. También, en este caso, un análisis más detenido de la situación en América Latina revela que 14. Los autores desean agradecer a Luis Servén sus observaciones sobre este tema. infra.indd 89 20/03/2007 05:15:24 p.m. 90 Infraestructura en América Latina y el Caribe una mejor contabilidad de estas asociaciones daría lugar a una reducción del espacio fiscal, ya que se descubrirían no menos sino más pasivos contingentes. Otra idea es introducir una exención, al calcular los topes fiscales, para los proyectos financiados por instituciones multilaterales, de acuerdo con el argumento de que es más probable que éstas den lugar a inversiones productivas. Si bien este argumento puede tener cierta base, los flujos multilaterales hacia América Latina y el Caribe representan menos del 1% del PIB y la mayoría de ellos no se destinan a la infraestructura, por lo que no es probable que resuelvan el problema del espacio fiscal. El debate continúa, ya que los gobiernos de la región tienen que aumentar las in- versiones. A más largo plazo, algunos países (por ejemplo, los de Centroamérica) con impuestos bajos, en relación con el PIB, quizá tengan la opción de elevar los ingresos, pero otros deben abordar el problema de la rigidez de los gastos. En Brasil, donde los impuestos representan nada menos que el 35% del PIB, un análisis de las normas fiscales alternativas para el financiamiento de la infraestructura revela que el impacto negativo del aumento de los impuestos contrarrestaría los beneficios en el crecimien- to y el bienestar social de una mayor inversión en infraestructura. El escenario de mayor crecimiento y bienestar social es el de la reasignación de los gastos de consu- mo en favor de las inversiones (Ferreira y Nascimento 2005). Además, el FMI y otras instituciones están haciendo más hincapié en la calidad del ajuste fiscal. A más corto plazo, puede conseguirse cierto espacio fiscal con inversiones públicas más eficientes. No obstante, en definitiva los gobiernos deben tomar decisiones políticamente difíci- les sobre la asignación de los gastos. Aumentar el acceso de los gobiernos locales al financiamiento El acceso de los gobiernos locales al capital privado depende de su solvencia.15 Nin- guna mejora de la calificación crediticia ni medida de ingeniería financiera puede sustituir a un marco fiscal intergubernamental sólido. Los factores que reducen con frecuencia la solvencia de los organismos locales son un marco inadecuado de con- tabilidad y gestión de riesgos para la gestión de activos-pasivos, la falta de autonomía para establecer con realismo impuestos y tarifas o cargas a los usuarios por los servi- cios básicos que ofrecen y la inflexibilidad de las estructuras salariales y las políticas de empleo. En el recuadro 3.6 puede verse una enumeración de las mejores y peores prácticas de gestión financiera para los organismos subsoberanos, que puede servir 15. Esta sección está basada en una contribución de Abhas Jha, con aportes adicionales de Sir- taine (2005). infra.indd 90 20/03/2007 05:15:24 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región 91 como útil lista de comprobación de la reforma de la gestión financiera para los go- biernos locales. Recuadro 3.6 Mejores y peores prácticas con valor significativo de clasificación para la gestión financiera de los gobiernos locales Mejores prácticas Peores prácticas Política de reserva en efectivo/reservas de capital de Contabilidad en valores de caja explotación/protección presupuestaria Previsión financiera plurianual Dictamen de auditoría con reservas acerca de deficiencias significativas Información y supervisión financiera mensual o Financiamiento con déficit presupues- trimestral tario en dos de los cinco últimos años Políticas de planificación para casos de emergencia Ritmo de rescate de la deuda Política sobre ingresos no recurrentes Pasivo acumulado de las pensiones y financiamiento previsto Depreciación de los activos fijos Crecimiento significativamente más rápido del endeudamiento a corto plazo que del gasto anual Exámenes y políticas de asequibilidad de la deuda Reprogramación de la deuda que pospone una pequeña proporción del servicio de la deuda corriente Políticas de financiamiento de capital en régimen de Dependencia excesiva de ingresos no reparto recurrentes Ritmo de rescate de la deuda Política agresiva de inversión para los fondos de explotación Plan quinquenal de mejora del capital con integración Aplazamiento de las aportaciones al de los costos de explotación fondo de pensiones en el ejercicio presupuestario en curso Paralización presupuestaria más allá de la fecha oficial de terminación Inexistencia de un plan de mejora- miento del capital Endeudamiento excesivo contraído con entidades conexas, sin capacidad de reembolso en el futuro próximo Fuente: Fitch Ratings 00. infra.indd 91 20/03/2007 05:15:24 p.m. 9 Infraestructura en América Latina y el Caribe El riesgo moral de un rescate del gobierno federal es un grave impedimento al desarrollo de los mercados crediticios nacionales. Pero la aplicación de una política creíble que renuncie a las operaciones de rescate es más fácil en la teoría que en la práctica. Inman (2003) observa que tuvieron que pasar unos setenta años ­y la nega- tiva a rescatar a ocho estados en mora, así como al territorio de Florida, en el dece- nio de 1840­ para que llegara a aceptarse en general el principio de las restricciones presupuestarias rigurosas para los estados y gobiernos locales de los Estados Unidos. México y Sudáfrica han formulado normas en virtud de las cuales el gobierno federal no garantiza la deuda subsoberana. En México, la ponderación del riesgo crediticio de los préstamos bancarios a los gobiernos locales está vinculada a las calificaciones crediticias locales. Sudáfrica ha establecido una Autoridad de Emergencia Financiera Municipal para la asistencia técnica, los recursos y los procedimientos legales a dis- posición de los gobiernos locales en dificultad (Weist 2002). Una cuestión jurídica conexa es la necesidad de procedimientos ordenados de quiebra y renegociación, así como un procedimiento de ejecución hipotecaria con límites cronológicos determi- nados. En 1995, Hungría introdujo un procedimiento inspirado en el "Capítulo 11", que se aplica en situaciones de quiebra en los Estados Unidos, para regular los proce- dimientos de liquidación de la deuda en los casos de impago por parte de los gobier- nos locales. Desde la introducción de esta ley, ocho pequeñas ciudades han utilizado el procedimiento y se encuentran ahora en situación financiera estable (Noel 2000). Los gobiernos locales y regionales se encuentran con obstáculos adicionales cuan- do tratan de acceder al financiamiento del mercado de capitales. Las deficiencias de la descentralización fiscal muchas veces limitan la autonomía de los gobiernos locales, ya que imponen considerables gastos y limitan la libertad de establecer el nivel de los impuestos. Las deficiencias del marco jurídico y normativo de las emisiones de bonos subnacionales, como las diferencias en la reglamentación y trato impositivo del financiamiento de los bancos subnacionales con relación a las emisiones de bo- nos, pueden dar lugar a arbitrariedades y distorsiones normativas en la competencia del mercado. De la misma manera, las líneas de crédito gestionadas (y normalmente subvencionadas) por los Estados pueden crear condiciones desiguales en el finan- ciamiento subnacional y obstaculizar la aparición de un mercado privado de bonos subnacionales. Finalmente, la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe no tienen instrumentos suficientes para promover los bonos subnacionales. Se necesitan reformas estructurales pero, al mismo tiempo, varios mecanismos pueden facilitar el acceso a los mercados de bonos para infraestructura y otras formas de financiamiento para las inversiones de los gobiernos locales en infraestructura. Los esfuerzos a largo plazo por garantizar que las entidades subnacionales tengan mayor acceso a los mercados financieros requieren medidas de fortalecimiento de infra.indd 92 20/03/2007 05:15:24 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región 9 la capacidad, asesoramiento sobre la gestión de gobierno y reformas normativas y jurídicas. Pero para contribuir al financiamiento en las condiciones actuales, las ins- tituciones multilaterales (como el BIRF) cuentan con instrumentos que permiten a los países endeudarse para luego otorgar préstamos a proyectos subnacionales de infraestructura, por ejemplo, en monedas locales. En este contexto se incluyen las op- ciones de conversión monetaria en préstamos con margen fijo, los swaps de monedas y los contratos a término. Otros instrumentos ­como el Fondo municipal del Ban- co Mundial, que ofrece financiamiento y crédito mejorado a las entidades públicas subnacionales­ pueden abrir alternativas de financiamiento para la infraestructura local, incluso sin apoyo soberano. El objetivo de ese fondo es mejorar la capacidad y aumentar la solvencia sin garantías del gobierno central. La distribución del riesgo crediticio de los gobiernos locales de pequeño y mediano tamaño ofrece grandes posibilidades de mejorar el acceso al financiamiento para la in- fraestructura. Un método frecuente de distribución de riesgos crediticios es establecer un banco de bonos que venda sus propios valores y represte los beneficios a los go- biernos locales. Una característica común de esos bancos es que los gobiernos munici- pales recurren a clientes para reembolsar la deuda emitida, pero ofrecen también una serie de mejoras crediticias para reducir el costo del endeudamiento. La deuda de los bancos de bonos de Dinamarca (KommuneKredit) y Suecia (Kommuninvest i Sverige Aktiebolag) se garantiza mediante la obligación de los municipios miembros de pagar la deuda, en caso de impago de uno de los miembros particulares. La Corporación de Financiamiento para Empresas Municipales, de Japón, el Norges Kommunalbank de Noruega y Municipality Finance Plc, de Finlandia, son también ejemplos de mecanis- mos de distribución de riesgos (Moody's Investor Services 2001). Los responsables de la formulación de políticas pueden contribuir en gran me- dida a reforzar los mercados municipales primarios y secundarios de bonos. Casi el 50% de las emisiones de bonos municipales de los Estados Unidos (el 75% de calidad BBB, A, o mejor) está cubierto por el seguro de bonos (El Daher 1997). Las autorida- des podrían considerar la posibilidad de establecer un servicio de seguro de bonos en el sector privado o público para facilitar el acceso de los pequeños emisores, conside- rados como menos solventes, a los mercados internos de deuda de alta calidad. Lei- gland (1997) presenta varios medios de promover el mercado secundario de deuda subsoberana. Entre las medidas directas, los países están examinando la manera de facilitar la cotización de bonos en las bolsas nacionales y alentar la publicación previa u otros sistemas municipales de información financiera, semejantes a los utilizados en los Estados Unidos para respaldar la función de colocación y ventas (como Blue List y Munifax). Entre las medidas indirectas, cabría señalar la eliminación de los requisitos mínimos de tenencia por los inversionistas institucionales en el caso de los infra.indd 93 20/03/2007 05:15:24 p.m. 9 Infraestructura en América Latina y el Caribe valores públicos, en particular los bonos municipales, que elimina el sesgo a favor de la colocación privada inevitable en este sistema y aumenta los incentivos de los inver- sionistas institucionales a la negociación. Los activos municipales son con frecuencia una opción infrautilizada y olvidada para incrementar los bonos municipales. Los municipios de China y Polonia han utilizado las tierras públicas como garantía para recaudar fondos, y luego han enajenado por completo los activos a precios más altos, una vez terminado el proyecto. Los resultados de los fondos de desarrollo municipales presentan signos contradic- torios. Más de sesenta países han creado fondos de desarrollo municipal o interme- diarios financieros especializados para recaudar capital, con el fin de represtarlo a los gobiernos subnacionales. Pocos de estos fondos han llegado a transformarse en pro- veedores de crédito orientados al mercado, capaces de movilizar el ahorro privado (Pe- terson 1996). Entre las características comunes de los fondos que han logrado algunos resultados ­como Mufis en la República Checa y Findeter en Colombia­ se incluyen la transferencia del riesgo crediticio al sector privado, la desagregación de funciones como la recaudación de los pagos y el análisis crediticio que se confiarían a empresas especia- lizadas del sector privado, la separación entre subvenciones y préstamos y la asistencia técnica y el fortalecimiento de la capacidad para la preparación de los proyectos. Un ejemplo positivo, aunque poco convencional, de fondo centrado en el fortalecimiento de la capacidad de los municipios es el de Paranacidade, en Brasil (recuadro 3.7). El mayor financiamiento en moneda local y la mejor mitigación de los riesgos cambiarios son factores importantes para mejorar el acceso de los gobiernos subna- cionales al capital. Estos gobiernos carecen con frecuencia de capacidad para gestio- nar y mitigar el riesgo cambiario. La fragilidad macroeconómica y la deuda externa pendiente desde los años noventa hacen que los ministerios se resistan a aceptar deu- da extranjera adicional, y mucho menos los títulos contingentes de deuda pública subnacional. La deuda en moneda local se caracteriza, en América Latina, por sus breves plazos de vencimiento, la inestabilidad de las tasas de interés y la ausencia de mercados secundarios de gran amplitud y liquidez. Los acontecimientos recientes han mejorado las perspectivas de acceso subnacio- nal al financiamiento. La maduración de los fondos de pensiones nacionales y otros inversionistas institucionales ha creado un núcleo de inversionistas sofisticados que buscan instrumentos de deuda en moneda local, dentro de toda la curva de rendi- mientos. Los gobiernos subnacionales ofrecen a esos inversionistas la oportunidad de diversificar su cartera. Varios países como México han mejorado su marco jurídico y normativo para la titularización, que reduce las tasas de interés y el riesgo crediticio, con lo que genera demanda por parte de inversionistas que anteriormente no tenían interés en las sencillas ofertas de deuda de los gobiernos subnacionales. Las mejoras infra.indd 94 20/03/2007 05:15:25 p.m. Principales desafíos de la infraestructura en la región 9 Recuadro 3.7 Paranacidade: Vinculación entre financiamiento municipal y fortalecimiento de la capacidad Paraná es uno de los estados del Brasil con un proceso de urbanización más acelerado: el 78% de sus 9 millones de habitantes vive en 399 municipalidades. Éstas se agrupan en 18 asociaciones regionales que son entidades jurídicas autónomas, cada una de las cuales elige un alcalde de entre las municipalidades integrantes. El estado ha gestionado el desarrollo urbano utilizando una estructura institucional innovadora conocida con el nombre de Paranacidade. Paranacidade se creó en 1996 como entidad de interés público, sin fines de lucro, que ofreceserviciosinstitucionalesytécnicosalasmunicipalidadesdeParanáyrecaudaeinvierte recursos financieros para el desarrollo urbano y regional del estado. Actúa en forma muy descentralizada; tiene una oficina central, cinco oficinas regionales y unos 100 empleados Paranacidade administra el Fondo de desarrollo urbano del estado, que otorga présta- mos a los municipios con plazos que oscilan entre 8 años, en el caso de la infraestructura urbana, y 10 años, en el de la infraestructura social. El fondo cobra una tasa inferior a la demercado,conunmargende3,5puntosporcentualesconrespectoasuscostosdefinan- ciamientoajustadosenfuncióndelainflación,yenelprocesoabsorbeelriesgocambiario. El Fondo tiene US$330 millones en activos. Su tasa de incumplimiento es nula debido a los estrictos criterios de capacidad de absorción de la deuda impuestos a los municipios por el gobierno federal, y a que las transferencias del impuesto sobre el valor agregado a los municipios se utilizan para garantizar los préstamos. Una de las principales razones del éxito de Paranacidade es que contribuye al for- talecimiento de la capacidad de las municipalidades. Ha ayudado a las asociaciones municipales a transformarse de organizaciones políticas en proveedores de servicios técnicos fundamentales para las municipalidades. Las asociaciones cuentan con el apoyo de un reducido personal técnico que ayuda a las municipalidades que no pueden con- tratar personal especializado debido a su pequeño tamaño o a la escasez de recursos. En consecuencia, las asociaciones pueden analizar proyectos por valor de hasta US$200.000, supervisar el proceso de licitación y realizar el seguimiento de las obras. Las asociaciones reciben una cuota por estos servicios. Se han formulado otros proyectos para ayudar a los municipios en actividades como la elaboración de los códigos tributarios, los catastros, los exámenes del plan de utilización de la tierra, la adquisición de equipo y programas informáticos y las bases de datos cartográficas. Paranacidade ofrece también actividades de capacitación municipal. El personal técnico de las asociaciones recibió capacitación en análisis de proyectos, procesos de licitación, supervisión de las obras, determinación de la capacidad de endeudamiento y sistema tributario. Las municipalidades que habían recibido bases de datos cartográficas pudieron también acogerse a actividades de capaci- tación sobre la manera de utilizarlas. Paranacidade ha establecido asimismo una unidad independiente de auditoría técnica para verificar la calidad de las obras y la exactitud de las mediciones, y para establecer un programa de seguimiento y supervisión. Todas las asociaciones están en línea, lo que permite conocer la situación de cualquier obra, servicio o producto adquirido en el contexto del programa urbano. Fuente: Dunin 000. infra.indd 95 20/03/2007 05:15:25 p.m. 9 Infraestructura en América Latina y el Caribe crediticias ofrecidas por las instituciones financieras internacionales, como las ga- rantías parciales de crédito en moneda local, contribuirán todavía más a reforzar los mercados de deuda en moneda local. En el recuadro 3.8 se presenta una estructura innovadora que se utiliza en México para financiar las necesidades de infraestructura de los gobiernos locales en moneda local, al mismo tiempo que se transmiten los riesgos cambiarios a los bancos. Recuadro 3.8 Financiamiento en moneda local de las necesidades de infraestructura subnacional de México El proyecto de reforma y desarrollo descentralizado de la infraestructura de México estableció un servicio ­utilizando US$108 millones de financiamiento del BIRF­ para financiar inversiones en infraestructura de los gobiernos locales en moneda nacional, al mismo tiempo que se transfería el riesgo cambiario a los bancos privados. Este servicio es semejante a una línea de crédito en dólares, cuyas extracciones, servicios y reembolsos se efectúan en pesos. La transacción tiene un plazo de vencimiento de 18 años, con un período de gracia de tres años, y se estructuró en la forma siguiente: · El BIRF presta dinero a dos bancos intermediarios locales, Banobras y Nafin, que lo represtan a los estados (la ley mexicana obliga a los estados a endeudarse en moneda local y hacerlo única y directamente con entidades locales). · Cuandoelgobiernomexicanopresentaunasolicitudderetiradadefondosconcargo al préstamo (para represtarlos a una provincia), el BIRF ejecuta, con una contraparte de mercado, un swap amortizable US$-peso mexicano con el mismo vencimiento que el préstamo. · Luego los pesos se desembolsan a México, que se encarga del servicio y reembolso de la cantidad retirada en pesos. El precio cobrado a México depende del conseguido por el BIRF en el mercado cuando se realiza cada swap; el riesgo cambiario es asumido por los agentes privados del mer- cado. Los fondos pueden ser utilizados por gobiernos locales solventes para financiar proyectos financieramente viables. Titulares Peso Peso de US$ BIRF Int. financ. Provincia bonos (Banobras/Nafin) US$ US$ US$ Peso Interm. de mercado (ABN-AMRO CITI, etc.) Fuente: Sirtaine 00. infra.indd 96 20/03/2007 05:15:25 p.m. Apéndice A Cobertura y calidad de la infraestructura en América Latina y el Caribe A continuación se examina la infraestructura en América Latina y el Caribe, des- glosada por sector. Normalmente se establecen comparaciones con todo el universo de 93 países de ingreso mediano (en que se incluye la mayoría de la región) y dos naciones de Asia: Corea, ahora país de ingreso alto pero cuyo ingreso per cápita era semejante al promedio de América Latina y el Caribe en 1985, y China, cuyo rápido crecimiento reciente representa quizás el mayor desafío competitivo para la región de América Latina y el Caribe. En cuanto a la calidad y la eficiencia, se incluye también, cuando es posible, un promedio de las prácticas óptimas de la OCDE. Los datos sobre el PIB de los comparadores se presentan al final del apéndice, junto con una lista de los países incluidos en los grupos regionales y de ingreso. Transporte En 1985, América Latina y el Caribe tenían más carreteras que Asia oriental y que el promedio de los países de ingreso mediano, pero posteriormente la situación se ha invertido. En 2001, la densidad vial, normalizada teniendo en cuenta el tamaño del país, apenas había aumentado, mientras que las de Corea y los países de ingreso mediano habían logrado aumentar. La red vial es particularmente extensa en un re- ducido número de países de menor tamaño, encabezados por Jamaica y Costa Rica. Estos son también los dos países con mayor expansión de sus redes viales durante el período incluido en el análisis. Por el contrario, El Salvador y Guatemala presentan ligeros descensos, quizá relacionados con los conflictos civiles que surgieron durante ese período. En cambio, si la red vial se mide en relación con la mano de obra, los líderes regionales son Costa Rica y Brasil. De acuerdo con este criterio alternativo, todos los países de América Latina y el Caribe experimentaron un descenso en el alcance de sus redes durante el período 1980-2001. Hoy, la densidad vial (carreteras pavimentadas y total de la red) es mucho más baja en América Latina y el Caribe que infra.indd 97 20/03/2007 05:15:25 p.m. 98 Infraestructura en América Latina y el Caribe en los países de ingreso mediano y en China, pero el índice de carreteras por trabaja- dor continúa siendo todavía más elevado en esta región que en China (cuadro A.1). Cuadro A.1 La densidad vial en América Latina y el Caribe es mucho menor que en los países de ingreso mediano o en China km/1.000 km2 por 10.000 trabajadores Total de carreteras América Latina y el Caribe 18 110 China 1 Países de ingreso mediano 180 180 Carreteras pavimentadas América Latina y el Caribe 0 China 1 Países de ingreso mediano 8 0 Fuente: Calderón y Servén 00b. Nota: Los datos corresponden al último año disponible (000 o 001). El PIB per cápita en dólares internacionales de PPA es ahora (00) US$.9 en China, US$.0 en los países de ingreso mediano y US$.90 en América Latina y el Caribe. En dólares corrientes, la diferencia es todavía mucho más pronunciada: US$1. en China, US$. en los países de ingreso mediano y US$.01 en América Latina y el Caribe. La calidad de las carreteras de América Latina es en general deficiente. Menos de un tercio de las redes viales nacionales se encuentra en buen estado en la mayor parte de los países sobre los que se dispone de datos (cuadro A.2). De hecho, sólo dos países se encuentran por encima de ese umbral: Argentina, con el 80%, y Guatemala, con el 75% (cifra que parece optimista, aunque el establecimiento de un fondo vial ha mejorado la situación de las carreteras). Las carreteras regionales en buen estado son todavía menos que las nacionales (excepto en Nicaragua). Si bien hay pocos datos disponibles sobre las carreteras rurales y locales que integran el resto de la red, pare- ce que la situación es todavía peor: sólo el 8% se encuentra en buen estado en Perú y el Ecuador, por ejemplo. Las tasas de pavimentación son también bajas: en 1999, en América Latina y el Caribe estaba pavimentado el 27% de las carreteras, frente al 54% en los países de ingreso mediano y el 75% en Corea. Esta proporción había au- mentado con mayor rapidez en América Latina y el Caribe desde 1990, año en que la proporción era del 22% en esta región, frente al 51% en los países de ingreso mediano y el 72% en Corea.1 1. International Road Federation, tomado de World Development Indicators Database, Banco Mundial. infra.indd 98 20/03/2007 05:15:25 p.m. Apéndice A. Cobertura y calidad de la infraestructura en América Latina y el Caribe 99 Cuadro A.2. Calidad de las carreteras en algunos países de América Latina y el Caribe, según evaluaciones gubernamentales Carreteras Carreteras Longitud to- Carreteras nacionales en Carreteras regionales en tal de la red nacionales buen estado regionales (% buen estado País vial (km) (% del total) (%) del total) (%) Argentina 0.000 ,0 80 0 8 Brasil 1.11.000 , 1 ­ Colombia 1. 10 9 0 ­ Ecuador .00 0 10 Guatemala .000 1 1 Haití .00 0 1 ,0 México 0.000 1 ­ Nicaragua 18.90 9, , Perú 8.00 18 1 Fuente: Datos del Banco Mundial. Nota: ­ datos no disponibles. Telecomunicaciones A pesar de los buenos resultados conseguidos por algunos países, desde 2002 los indicadores de cobertura de la telefonía de línea fija de la región han retrocedido con respecto a todos los comparadores. En 1985, la región estaba muy por delante de Chi- na y de los países de ingreso mediano en general, pero se encontraba ya por debajo de Corea (gráfico A.1). En 2003, la teledensidad de la región, 107 líneas por 1.000 perso- nas, era inferior a la de China (209) y al promedio de los países de ingreso mediano (178) y había caído muy por debajo de la de Corea (538). Las diferencias dentro de América Latina y el Caribe en 2003 iban desde 17 en Haití y 37 en Nicaragua hasta 251 en Costa Rica y 280 en Uruguay (en el cuadro A.3 pueden verse datos sobre los abonados de teléfonos fijos y celulares, desglosados por país). infra.indd 99 20/03/2007 05:15:25 p.m. 100 Infraestructura en América Latina y el Caribe Gráfico A.1 Líneas de telefonía fija, por 1.000 personas Fuente: International Telecommunication Union. La expansión del teléfono móvil ha compensado el lento crecimiento de la línea fija, aunque China está todavía por delante del número total de abonados telefónicos. En 2003, la penetración del teléfono celular era mayor en América, China y el Caribe ­246 por 1.000 personas­ que en los países de ingreso mediano (225) y China (215). Corea había avanzado todavía más: 701 por 1.000 personas (gráfico A.2). Dentro de América Latina y el Caribe los niveles más bajos correspondían a Cuba (2, en 2002), Haití (38) y Honduras (49). En cambio, los países que ocupaban los primeros puestos ­como Chile (511) y Jamaica (535, en 2002)­ tienen una densidad de teléfonos celu- lares comparable a la de algunos países mucho más adelantados, incluidos los Esta- dos Unidos (488 en 2002, 543 en 2003). Si se agrupan las líneas de teléfonos móviles y fijos (como parece lógico, ya que en parte se sustituyen mutuamente y el reciente crecimiento celular se ha producido a expensas de la expansión de la línea fija), la cifra regional de 416 es superior a la de los países de ingreso mediano (403), pero un poco inferior a la de China (424). La región tiene ahora un 45% más abonados celu- lares que de línea fija, margen superior al de China (3%), al de los países de ingreso mediano (27%) y al de Corea (30%). infra.indd 100 20/03/2007 05:15:26 p.m. Apéndice A. Cobertura y calidad de la infraestructura en América Latina y el Caribe 101 Cuadro A.3 Abonados al servicio telefónico en América Latina y el Caribe, por 1.000 personas 1985 2003 Líneas Líneas País fijas Móviles Total fijas Móviles Total Argentina 90 0 90 19* 18* 9 Bolivia 0 1 Brasil 0 8 Chile 0 1 11 Colombia 0 19 11 1 Costa Rica 9 0 9 1* 111* Cuba 0 ­ * ­ República Dominicana 0 11 1 8 Ecuador 0 0 0 1 189 1 El Salvador 19 0 19 11 1 9 Guatemala 1 0 1 1* 11* 0 Guyana 0 9* 99* 191 Haití 0 1 8 Honduras 11 0 11 8* 9* 9 Jamaica 0 10* * 0 México 0 0 0 18 91 9 Nicaragua 1 0 1 8 1 Panamá 8 0 8 1 8 90 Paraguay 1 0 1 99 Perú 1 0 1 10 1 Trinidad y Tobago 10 0 10 0* 8* 8 Uruguay 9 0 9 80* 19* Venezuela, R.B. de 1 0 1 111 8 Fuente: International Telecommunication Union (tomado de World Development Indicators Database, Banco Mun- dial). Nota: * datos de 00, ­ datos no disponibles. infra.indd 101 20/03/2007 05:15:26 p.m. 10 Infraestructura en América Latina y el Caribe Gráfico A.2. Teléfonos móviles, por 1.000 personas Fuente: International Telecommunication Union. La calidad de los servicios de telefonía fija ha mejorado en la región de forma to- davía más espectacular que en los países utilizados como comparadores. Entre 1992 y 2001, el número de averías registradas por cada 100 líneas bajó de 60 a 5 en América Latina y el Caribe, mientras que en los países de ingreso mediano descendió de 58 a 25 y en Corea de 13 a 1 (gráfico A.3). En los países de ingreso alto de la OCDE el descenso fue de 18 en 1992 a 6 en 1999, último año sobre el que se dispone de una cifra agregada. Si bien la región continuaba estando por debajo de Corea en 2001, ese año se registraron en la región menos averías que en algunos países de la OCDE, con inclusión de los Estados Unidos (12 por 100 líneas) y Australia (8). Asimismo, el tiempo de espera para la instalación de una nueva línea, que era de varios meses en 1985, había descendido a sólo algunos días. Gran parte de esta mejora se debe al progreso tecnológico. infra.indd 102 20/03/2007 05:15:26 p.m. Apéndice A. Cobertura y calidad de la infraestructura en América Latina y el Caribe 10 Gráfico A.3 Averías de teléfonos registradas, por 100 líneas Fuente: International Telecommunication Union. Gráfico A.4 Líneas fijas, por empleado de telecomunicaciones 350 300 250 200 empleado/ s fija 150 Líneas 100 50 0 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1991 1999 2000 2001 Corea, República de América Latina y el Caribe Países de ingreso mediano China Fuente: International Telecommunication Union. infra.indd 103 20/03/2007 05:15:27 p.m. 10 Infraestructura en América Latina y el Caribe Gráfico A.5 Usuarios de Internet, por 1.000 personas Fuente: International Telecommunication Union. La productividad de la mano de obra ha aumentado con rapidez en las telecomu- nicaciones fijas. Debido en gran parte a las mejoras tecnológicas en el sector de las telecomunicaciones, el número de líneas fijas por empleado de telecomunicaciones ha crecido rápidamente en la región y en todo el mundo durante los últimos años, y ahora se encuentra por encima del promedio de los países de ingreso mediano pero muy por debajo de Corea y del promedio de la OCDE (gráfico A.4). El uso de Internet se ha extendido con rapidez en la región, pero el crecimiento se ha frenado en relación con el de los países de ingreso mediano desde 2002. En 2003, había en América Latina y el Caribe 106 usuarios de Internet por 1.000 habitantes, frente a 116 en los países de ingreso mediano, 63 en China (gráfico A.5) y 610 en Corea (cifra no incluida en el gráfico debido a la falta de datos). Por otro lado, el crecimiento del uso de Internet en la región entre 2002 y 2003 fue mucho más lento (15%) que en China (37%) y que en el conjunto de los países de ingreso mediano (41%). Dentro de la región, las cifras iban desde 21 en Paraguay y 81 en Haití a 272 en Chile. Energía La cobertura de los servicios de electricidad es prácticamente completa en la mayor parte de las zonas urbanas, pero continúa siendo escasa en algunas zonas rurales. Más del 90% de los habitantes urbanos de América Latina y el Caribe tienen acceso a infra.indd 104 20/03/2007 05:15:27 p.m. Apéndice A. Cobertura y calidad de la infraestructura en América Latina y el Caribe 10 la electricidad, pero en la mayor parte de la región hay grandes lagunas en las zonas rurales (cuadro A.4). Dentro de los países sobre los que se dispone de datos, la máxi- ma divergencia entre zonas urbanas y rurales se observa en Perú. Cuadro A.4 Hogares con acceso a la electricidad (porcentaje) País Total Zonas urbanas Zonas rurales Argentina (00) ­ 100 ­ Brasil (00) 9 99 9 Costa Rica (00) 98 100 9 Guatemala (000) 9 Jamaica (000) 8 9 9 México (000) 9 ­ ­ Perú (000) 9 9 8 Fuente: Adaptado de los informes sobre países de Ernst & Young. Nota: ­ datos no disponibles. La desaceleración del crecimiento de la capacidad de generación ha hecho que la región se encuentre por debajo de los países de ingreso mediano en lo que respecta a esa capacidad. En términos generales, la región ha retrocedido por debajo de los paí- ses de ingreso mediano desde el decenio de 1990, mientras que la diferencia con Asia oriental se ha ampliado considerablemente (gráfico A.6). Hay una gran heterogenei- dad entre los distintos países de América Latina en lo que se refiere a la capacidad de generación de electricidad por trabajador, lo que se debe en parte a las características geográficas. En 2001, Paraguay se encontraba muy por delante, debido al enorme proyecto hidroeléctrico de Itaipú. Le seguían Venezuela y Argentina, mientras que el último lugar correspondía a Bolivia. En ese período, Nicaragua y Perú no registraron prácticamente ningún cambio en la capacidad de generación de electricidad por tra- bajador, mientras que el crecimiento más rápido correspondió a Paraguay, seguido de Chile. infra.indd 105 20/03/2007 05:15:27 p.m. 10 Infraestructura en América Latina y el Caribe Gráfico A.6 Capacidad de generación de electricidad, medianas desglosadas por región Fuente: Calderón y Servén 00. Nota: En la muestra se incluyen 19 países de América Latina, los siete tigres de Asia oriental (Hong Kong [China], Indonesia, Corea, Malasia, Singapur, Taiwán [China] y Tailandia), países de ingreso mediano y 1 economías industrializadas. Las pérdidas de transmisión y distribución de energía han aumentado en la región y son mucho más elevadas que en otros lugares. En 2002, el nivel de pérdidas era del 16%, casi tres veces superior al de los países de la OCDE (6%) y Corea (6%). Las pér- didas de la región son también muy superiores al promedio de los países de ingreso mediano, es decir, el 12% (gráfico A.7). Dentro de la región algunos países presentan pérdidas sumamente elevadas, lo que es síntoma de grave ineficiencia; entre ellos se encuentran Haití (51%), la República Dominicana (33%), Nicaragua (29%) y Vene- zuela (25%). Los mejores resultados correspondían a Paraguay (3%) y Trinidad y To- bago (5%). Además de estos dos países, sólo otros tres redujeron las pérdidas durante ese período: Chile, El Salvador y Jamaica. infra.indd 106 20/03/2007 05:15:27 p.m. Apéndice A. Cobertura y calidad de la infraestructura en América Latina y el Caribe 10 Gráfico A.7 Pérdidas de transmisión y distribución de energía eléctrica 18 16 14 12 (%) 10 Producción 8 6 4 2 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Corea, República de América Latina y el Caribe Países de ingreso mediano China OCDE Fuente: World Development Indicators Database. Abastecimiento de agua y saneamiento En lo que se refiere al acceso al agua potable, la región supera al promedio de los países de ingreso mediano (así como a China), y las naciones más pobres son las que consiguieron mayores progresos en el decenio de 1990. La región incrementó la cobertura del agua potable, que pasó del 82% de la población en 1990 al 89% en 2002 (gráfico A.8). La expansión registrada durante este período estaba en consonancia, en cifras porcentuales, con la de China y los países de ingreso mediano en general, pero a pesar de eso la cobertura continuaba siendo inferior a la de Corea.2 En Améri- ca Latina y el Caribe el grado de disparidad disminuyó al parecer durante el decenio de 1990, ya que los países con menor acceso se aproximaron al resto. El intervalo es todavía amplio: va desde el 71% en Haití al 98% en Uruguay (2002). En Paraguay el acceso pasó del 62% al 83% entre 1990 y 2002. Ecuador, El Salvador, Guatemala y 2. No se disponía de datos sobre 1990 para Corea, ni de información sobre el acceso a los servi- cios de saneamiento. infra.indd 107 20/03/2007 05:15:28 p.m. 108 Infraestructura en América Latina y el Caribe Haití incrementaron también sus niveles un 15% o más. El único país donde la co- bertura disminuyó durante este período fue Trinidad y Tobago, cuyo nivel descendió del 92% al 91% (cuadro A.5). Gráfico A.8 Población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, 2002 100 90 82 89 83 92 80 77 77 70 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 Año 2002 América Latina y el Caribe Países de ingreso mediano China Corea, República de 100 96 94 92 97 90 80 69 71 71 70 68 60 50 40 30 20 10 0 América Países de China Corea, Latina y el ingreso República de Caribe mediano Urbana Rural Fuente: World Development Indicators Database. Nota: Por acceso a fuente mejorada de abastecimiento de agua se entiende el acceso razonable a una cantidad suficiente de agua procedente de una fuente mejorada, por ejemplo, las conexiones en los hogares, las tomas de agua públicas, los pozos perforados, los pozos o fuentes protegidos y la recogida del agua de lluvia. Por acceso razonable se entiende la disponibilidad de al menos 0 litros por persona al día de una fuente situada a menos de 1 km de la vivienda. infra.indd 108 20/03/2007 05:15:28 p.m. Apéndice A. Cobertura y calidad de la infraestructura en América Latina y el Caribe 109 Cuadro A.5 Fuentes mejoradas de abastecimiento de agua en América Latina y el Caribe (% de la población con acceso) 1990 2002 Zonas Zonas Zonas Zonas País urbanas rurales Total urbanas rurales Total Argentina 9 9 9 ­ ­ Bolivia 91 8 9 8 8 Brasil 9 8 9 8 89 Chile 98 9 90 100 9 9 Colombia 98 8 9 99 1 9 Costa Rica 00 ­ ­ 100 9 9 Cuba 9 ­ ­ 9 8 91 Ecuador 81 9 9 8 El Salvador 88 91 8 8 Guatemala 88 9 99 9 9 Guyana ­ ­ ­ 8 8 8 Haití 91 9 1 Honduras 89 8 8 99 8 90 Jamaica 9 8 9 98 8 9 México 90 80 9 91 Nicaragua 9 9 9 81 Panamá 99 ­ ­ 99 9 91 Paraguay 80 100 8 Perú 88 8 81 República Dominicana 9 8 98 8 9 Trinidad y Tabago 9 89 9 9 88 91 Uruguay 98 ­ ­ 98 9 98 Venezuela, R.B. de ­ ­ ­ 8 0 8 Fuente: World Development Indicators Database. Nota: Véase el gráfico A.8. ­ datos no disponibles. La región está también bastante adelantada en lo que se refiere a la cobertura de los servicios de saneamiento, pero la explosión reciente ha sido relativamente lenta, y algunos países de América Latina y el Caribe tienen todavía un largo camino por recorrer. En conjunto, el acceso a los servicios mejorados de saneamiento subió del 68% en 1990 al 74% en 2002 (gráfico A.9). En 2002, mientras que el 100% de los ha- bitantes de Trinidad y Tobago y el 98% de los de Cuba tenían acceso a esos servicios, infra.indd 109 20/03/2007 05:15:28 p.m. 110 Infraestructura en América Latina y el Caribe la proporción era sólo del 34% en Haití, el 45% en Bolivia y el 57% en la República Dominicana (cuadro A.6). Gráfico A.9 Población con acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento, 2002 a. Por región o grupo de ingreso 100 90 80 74 70 68 61 60 48 centaje 50 44 Por 40 30 23 20 10 0 1990 2002 América Latina y el Caribe Países de ingreso mediano China b. Población urbana/rural 100 90 84 81 80 69 70 60 50 44 41 centaje 40 Por 29 30 20 10 0 América Latina y el Países de ingreso China Caribe mediano Urbana Rural Fuente: OMS y Unicef. Nota: Por acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento se entiende la disponibilidad de, al menos, instalaciones adecuadas (privadas o compartidas, pero no públicas) que puedan prevenir eficazmente el contacto de personas, animales e insectos con las excretas. Los servicios mejorados pueden ir desde letrinas de pozo sencillas pero protegidas hasta retretes con descarga conectados con la red de alcantarillado. Para que sean eficaces, las instalaciones deben estar correctamente construidas y debidamente mantenidas. infra.indd 110 20/03/2007 05:15:29 p.m. Apéndice A. Cobertura y calidad de la infraestructura en América Latina y el Caribe 111 Cuadro A.6 Instalaciones mejoradas de saneamiento en América Latina y el Caribe % de la población con acceso 1990 2002 Zonas Zonas Zonas Zonas País urbanas rurales Total urbanas rurales Total Argentina 8 8 ­ ­ ­ Brasil 8 0 8 Bolivia 9 1 8 Chile 91 8 9 9 Colombia 9 8 9 8 Costa Rica ­ 9 ­ 89 9 9 Cuba 99 9 98 99 9 98 Ecuador 80 9 El Salvador 0 1 8 0 Guatemala 1 0 1 Guyana ­ ­ ­ 8 0 0 Haití 11 1 Honduras 1 9 89 8 Jamaica 8 90 8 80 México 8 0 90 9 Nicaragua 8 1 Panamá ­ ­ ­ 89 1 Paraguay 1 8 9 8 8 Perú 8 1 República Dominicana 0 8 Trinidad y Tabago 100 100 100 100 100 100 Uruguay 9 ­ ­ 9 8 9 Venezuela, R.B. de ­ ­ ­ 1 8 8 Fuente: World Development Indicators. Nota: Véase el gráfico A.9. ­ datos no disponibles. infra.indd 111 20/03/2007 05:15:29 p.m. 11 Infraestructura en América Latina y el Caribe Cuadro A.7 PIB per cápita en PPA (US$ internacionales corrientes) País 1985 2003 China 8 .00 Corea, República de . 1.91 América Latina y el Caribe .0 .00 Países de ingreso mediano .80 .100 Países de ingreso alto (OCDE) 1.800 0.180 Fuente: World Development Indicators. Las zonas rurales se encuentran muy rezagadas tanto en lo que se refiere al abaste- cimiento de agua como al saneamiento, aunque la diferencia se ha reducido. Mientras que en 1990 sólo el 58% de los habitantes rurales de la región tenía acceso a agua potable y el 35% a servicios mejorados de saneamiento, estos niveles habían subido hasta el 69% y el 40% en 2002. En las zonas rurales, la subida fue más lenta: del 93% al 96% en el abastecimiento de agua y del 83% al 84% en el saneamiento. No obstante, en el año 2002, la diferencia porcentual entre zonas urbanas y rurales en lo que se refiere al acceso al agua potable era todavía mayor en América Latina y el Caribe que en los países comparadores (gráfico A.8), mientras que en el caso del saneamiento la diferencia era semejante a la de los países de ingreso mediano y de China (gráfico A.9). Las mayores diferencias entre zonas rurales y urbanas dentro de la región co- rresponden ahora a los países más grandes: en Brasil, el acceso al saneamiento es el 83% en las zonas urbanas y sólo el 35% en las rurales; en México, los niveles corres- pondientes son el 90% y el 39%. infra.indd 112 20/03/2007 05:15:29 p.m. Apéndice A. Cobertura y calidad de la infraestructura en América Latina y el Caribe 11 Cuadro A.8 Países incluidos en América Latina y el Caribe y en el grupo de países de ingreso mediano América Latina y el Caribe Países de ingreso mediano Antigua y Barbuda Albania Granada Perú Argentina Antigua y Barbuda Guatemala Polonia Barbados Arabia Saudita Guyana República Árabe Siria Belice Argelia Honduras República Checa Bolivia Argentina Hungría República Brasil Armenia Indonesia Dominicana Chile Azerbaiyán Irak República Eslovaca Colombia Barbados Irán, República Islámica Ribera Occidental y Costa Rica Bielorrusia del Gaza Cuba Belice Islas Marianas Rumania Dominica Bolivia septentrionales Saint Kitts y Nevis Ecuador Bosnia y Herzegovina Islas Marshall Samoa El Salvador Botsuana Jamaica Samoa Americana Granada Brasil Jordania San Vicente y las Guatemala Bulgaria Kazajstán Granadinas Guyana Cabo Verde Kiribati Santa Lucía Haití Chile Letonia Serbia y Montenegro Honduras China Líbano Seychelles Jamaica Colombia Libia Sri Lanka México Costa Rica Lituania Sudáfrica Nicaragua Croacia Macedonia, ERY Surinam Panamá Cuba Malasia Suazilandia Paraguay Djibuti Maldivas Tailandia Perú Dominica Marruecos Tonga República Dominicana Ecuador Mauricio Trinidad y Tobago Saint Kitts y Nevis Egipto, Rep. Árabe Mayote Túnez Santa Lucía El Salvador México Turkmenistán San Vicente y las Estonia Micronesia, Est. Fed. Turquía Granadinas Federación de Rusia Namibia Ucrania Surinam Fidji Omán Uruguay Trinidad y Tobago Filipinas Palau Vanuatu Uruguay Gabón Panamá Venezuela, R.B. de Venezuela, R.B. de Georgia Paraguay Nota: Se consideran economías de ingreso mediano las que en 00 tenían un ingreso nacional bruto per cápita situado entre US$ y US$9.8. infra.indd 113 20/03/2007 05:15:29 p.m. infra.indd 114 20/03/2007 05:15:29 p.m. Apéndice B Necesidades de inversión en infraestructura El volumen de las inversiones necesarias en infraestructura depende del objetivo establecido, que a su vez puede fijarse de varias maneras. La meta puede ser alcanzar un nivel determinado de cobertura o calidad de servicio que se considera deseable o asequible. Puede ser también el crecimiento de los ingresos o el aumento de la pro- ductividad. Por ello, no se puede hablar de "necesidad de inversión" sin plantearse al mismo tiempo la pregunta "¿para qué?". En el cuadro B.1 puede verse gráficamente este planteamiento, tomando como ejemplo el caso de México, donde se llevó a cabo una actividad de este tipo en el contexto de un examen del gasto público. Fijación del objetivo que servirá como orientación para determinar las necesidades de inversión Una primera opción es utilizar un sencillo proceso de formulación de puntos de referencia. Ello puede implicar la comparación de un país con sus semejantes (por ejemplo, desde el punto de vista del nivel de ingreso), o con un país que puede pro- ponerse como ejemplo prometedor (quizás un país recientemente industrializado, como Corea), para luego preguntarse cuánto costaría alcanzar la cobertura o calidad de servicio del país de referencia. La comparación puede basarse en la cobertura o la calidad o en el volumen de gastos. Hay también opciones mucho más complejas, basadas en modelos econométricos. Es lo que hacen Fay y Yepes (2003) cuando se preguntan cuánta inversión puede ser necesaria para atender la demanda de las empresas y los consumidores generada por el crecimiento previsto del PIB. Se puede hablar de puntos de referencia en la medida en que la relación entre el nivel de ingreso y la demanda de servicios de infraestruc- tura se establece a partir del comportamiento anterior observado en una muestra de países y extrapolado al futuro, utilizando el crecimiento previsto del ingreso. infra.indd 115 20/03/2007 05:15:29 p.m. 11 Infraestructura en América Latina y el Caribe Cuadro B.1 Diferentes planteamientos para estimar las necesidades de gasto en infraestructura: El ejemplo de México Establecimiento de puntos de referencia Fijar el objetivo Estimación de costos Ejemplo Ejemplo Volumen: ¿Cuánto costaría situar ¿Cuánto costaría a México alcanzar la toda la infraestructura de México cobertura universal de los servicios de (per cápita; por unidad de PIB; por abastecimiento de agua y saneamiento, km) en el mismo nivel del primer electricidad y acceso a carreteras a lo país de América Latina y el Caribe largo de todo el año? o en el de la mediana de Asia oriental? Flujo: ¿Cuáles son los gastos de México en infraestructura en com- paración con los de sus homólo- gos? Modelo Modelos econométricos: Modelos de ingeniería económica: Crecimiento: ¿Qué nivel de Se trata de objetivos "establecidos" cobertura de la infraestructura es en la medida en que el objetivo es un necesario para alcanzar un nivel de nivel determinado de cobertura y de crecimiento del x% y para reducir la calidad definido a través de modelos de desigualdad un z%? Podría utilizar- ingeniería económica. se con este fin el modelo elaborado Sector de la electricidad: Metodología por Calderón y Servén (00b). internacional bien definida, aplicada Demanda: ¿Qué nivel de cobertura por la CFE en México, que estima la de la infraestructura será exigido inversión necesaria para mantener la por las empresas y los consumido- integridad de la red y conseguir atender res, con determinadas proyecciones la expansión prevista de la demanda. de crecimiento? Este es el plantea- Agua/saneamiento: Modelo financiero miento adoptado en Fay y Yepes que estima la inversión necesaria para (00). conseguir los objetivos de cobertura fijados en el Plan Nacional Hidráulico. Carreteras: Metodología bien defini- da para los gastos de rehabilitación y mantenimiento; se compagina con la opinión de los expertos en el sector sobre la definición de los grandes corre- dores y necesidades de inversión para su terminación. Fuente: Elaborado por el autor. Los objetivos pueden establecerse también en forma arbitraria, por ejemplo, en función de su conveniencia social. Un caso ilustrativo es el de los objetivos de desarro- infra.indd 116 20/03/2007 05:15:29 p.m. Apéndice B. Necesidades de inversión en infraestructura 11 llo del milenio, basados en una combinación de conveniencia social y viabilidad.1 En México se optó por una fórmula alternativa: se intentó aclarar cuánto costaría alcanzar la cobertura universal del abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad. Los objetivos pueden estar basados en "normas" de ingeniería económica sobre las redes y su integridad. El sector de la electricidad tiene modelos sofisticados de ingenie- ría económica que estiman las inversiones necesarias para mantener la integridad de una red que experimenta una expansión de la demanda.2 En México, las necesidades de inversión en carreteras estaban basadas en el costo estimado de las necesidades de rehabilitación (conseguir que toda la red federal se encuentre en estado satisfactorio o aceptable) y en la terminación de lo que los expertos del sector definían como grandes corredores. Si bien no se trataba de un modelo formal, como en el caso de la electrici- dad, las necesidades de inversión se definieron sobre la base de la metodología recono- cida para definir los grandes corredores y los correspondientes objetivos de calidad. Además, en todo cálculo de las necesidades de gasto deben incluirse los costos de mantenimiento. Más que las necesidades de inversión, los países deberían examinar las necesidades globales de gasto, en las que se incluye el mantenimiento. Las normas relativas a los gastos de mantenimiento son bien conocidas y tienen como resultado desembolsos anuales previsibles cuando se distribuyen uniformemente en toda la red. Las normas pertinentes, pero nada generosas, son aproximadamente el 2% del costo de sustitución del costo de capital para la electricidad, carreteras y ferrocarriles, el 3% para el abastecimiento de agua y el saneamiento y aproximadamente el 8% para las líneas móviles y fijas. Cálculo del costo necesario para que América Latina y el Caribe alcancen un nivel de cobertura de la infraestructura productiva semejante al de Corea Para alcanzar niveles de cobertura de la infraestructura productiva semejantes a los de Corea, la región necesitaría inversiones anuales del 2%-5% del PIB anual durante 1. El único odm relacionado directamente con la infraestructura es el de "reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico". 2. México utiliza el programa Wien para la planificación de sistemas automáticos (WASP IV), modelo ampliamente utilizado que analiza las opciones de expansión de los sistemas de gen- eración, fundamentalmente para determinar el medio de expansión menos costoso que per- mita atender adecuadamente la demanda de energía eléctrica, con sujeción a las limitaciones establecidas por el usuario. Otros modelos semejantes son Super/Olade/BID y Mpode, utili- zados por Colombia y Ecuador, por ejemplo. infra.indd 117 20/03/2007 05:15:29 p.m. 118 Infraestructura en América Latina y el Caribe los 20 próximos años (cuadro B.2). Utilizando los datos de Calderón y Servén (2004), consideramos la red vial (carreteras pavimentadas y total), la capacidad de genera- ción de electricidad y los teléfonos (fijos y celulares) necesarios para que los países de América Latina y el Caribe alcancen el nivel de cobertura que actualmente tiene Corea. En el caso de las carreteras, el objetivo es un tercio de la densidad vial de Co- rea. La densidad demográfica de este país es mucho más elevada que la de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, por lo que quizá no tenga sentido tratar de alcanzar la misma densidad vial. Suponemos también un escenario, más bien op- timista, de un 2,7% de crecimiento del PIB anual. Cuadro B.2 ¿Cuánto se necesitaría para que América Latina y el Caribe alcanzaran niveles de infraestructura por trabajador semejantes a los de Corea? (% PIB) Costo total de los teléfonos (fijos y celulares), capacidad de Costo anual si se distribuye a lo generación de electricidad, largo de 20 años incluidas las y todas las y las carreteras incluidas todas carreteras País carreteras pavimentadas las carreteras pavimentadas Argentina 9, 91, 1, , Brasil 1,9 19, ,0 , Chile ,1 10,9 1, ,9 Colombia 1, 00, , 8,0 Costa Rica , ,8 1, 1, México ,8 0, 1,1 1, Perú 1, 8, , 10,9 Venezuela, R.B. de ,1 1,9 1,0 , América Latina y el Caribe 56,8 121,0 2,4 4,7 Fuente: Cálculos propios basados en datos de Calderón y Servén (00b). Nota: El costo de la densidad vial (total de carreteras o carreteras pavimentadas) es el que debe realizarse para conseguir una densidad equivalente a un tercio de la de Corea. Ello se debe a que la densidad demográfica de Corea es mucho mayor que la de América Latina y el Caribe. Se supone un crecimiento promedio del PIB del ,% al año durante los próximos 0 años. En el cuadro B. puede encontrarse información más detallada sobre los resultados por países y sectores. Este objetivo es ambicioso pero no inalcanzable. Corea (lo mismo que China, In- donesia y Malasia) consiguió un crecimiento semejante durante los 20 años transcu- rridos entre los últimos setenta y noventa. De hecho, la situación de la infraestructura en Corea hace 25 años era peor que la de Argentina, Brasil o México en esas fechas. Si infra.indd 118 20/03/2007 05:15:30 p.m. Apéndice B. Necesidades de inversión en infraestructura 119 Calderón y Servén (2004b) están en lo cierto, los dividendos en forma de crecimiento y de reducción de la desigualdad serían considerables Cobertura universal de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad El logro del objetivo socialmente deseable de la cobertura universal del abastecimien- to de agua y electricidad para el año 2015 costaría a América Latina sólo el 0,24% del PIB (cuadro B.3). En esa cifra se incluye el 0,12% del PIB para la electricidad, el 0,04% del PIB para el abastecimiento de agua y el 0,08% para el saneamiento. Estas estima- ciones están basadas en proyecciones demográficas de las Naciones Unidas y un es- cenario de crecimiento del PIB del 2,7% al año. Por desgracia, es imposible estimar las necesidades de rehabilitación y mejoramiento ­probablemente, muy considerables­, sobre todo en lo que se refiere al abastecimiento de agua y el saneamiento, dadas las deficiencias generales de mantenimiento en esos dos sectores. Cuadro B.3 Inversiones necesarias para alcanzar la cobertura universal de los servicios de abastecimiento de agua, electricidad y saneamiento en América Latina para el año 2015 (% PIB) Agua Total de agua Total de agua, sanea- País potable Saneamiento y saneamiento Electricidad miento y electricidad Argentina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 Brasil 0,0 0,09 0,1 0,11 0, Chile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 Colombia 0,0 0,1 0,19 0,0 0,9 Costa Rica 0,0 0,0 0,08 0,11 0,19 México 0,0 0,0 0,08 0,0 0,1 Perú 0,08 0,1 0, 0,8 0, Venezuela, R.B. de 0,0 0,09 0,1 0,08 0,1 América Latina y el Caribe 0,04 0,08 0,12 0,12 0,24 Fuente: Cálculos propios basados en datos de World Development Indicators. Nota: Véase la muestra completa en el cuadro B.. Estas estimaciones son bajas debido en parte a que están basadas en tecnologías alternativas en los casos en que el precio de la conexión a la red resultaría prohibiti- vo. En el sector de la electricidad, las estimaciones suponen un precio promedio de US$1.000 por nueva conexión (y para los costos asociados de la red), lo que significa infra.indd 119 20/03/2007 05:15:30 p.m. 10 Infraestructura en América Latina y el Caribe que los hogares demasiado alejados de una red existente que deberían conectarse con un precio inferior o igual a US$1.000 se conectarían con tecnologías alternativas fuera de la red.3 En el abastecimiento de agua y el saneamiento, en las estimaciones se supone que los hogares de las zonas de baja densidad no tendrían acceso a conexio- nes con la red de alcantarillado y dispondrían más bien de sistemas de saneamiento alternativos (como letrinas), y que una parte de los hogares tendría acceso al abaste- cimiento de agua pero no necesariamente conexión dentro del hogar. Atención de la demanda de servicios de infraestructura de empresas y particulares Para atender la demanda derivada de las empresas y particulares se necesitaría una cifra más modesta: el 1,3% del PIB al año (cuadro B.4). Si se añaden los gastos de man- tenimiento, las necesidades anuales de recursos ascenderían a aproximadamente el 2,4% del PIB al año. En el planteamiento de Fay y Yepes (2003) antes descrito se esta- blece un modelo econométrico que estima la relación entre diversas variables econó- micas (ingresos per cápita, urbanización y composición sectorial del PIB) y cobertura de los servicios de electricidad, teléfono, carreteras y ferrocarril. Éste se utiliza luego Cuadro B.4 Inversión necesaria en 2005-15 para atender la demanda de las empresas y los particulares (% PIB) Teléfonos Electrici- (fijos y Agua Sanea- dad celulares) Carreteras Ferrocarril potable miento Total Inversiones 0, 0, 0, 0,0 0,1 0,1 1, Mantenimiento 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,1 1,1 Total 1,1 0, 0, 0,0 0,1 0,1 , Fuente: Cálculos propios basados en la metodología de Fay y Yepes (00), con datos de World Development Indicators excepto para el abastecimiento de agua y el saneamiento, en cuyo caso el objetivo es el establecido en los ODM (reducir a la mitad, para el año 01, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable y saneamiento). Nota: Se supone un crecimiento anual del PIB del ,%. 3. Como todavía hay algunos hogares pendientes de conexión que están relativamente próxi- mos a las redes existentes y podrían conectarse con precios más bajos (por ejemplo, aproxi- madamente US$500), el precio que determina la adopción de tecnologías alternativas fuera de la red podría ser algo superior a los US$1.000. No obstante, lo cierto es que un precio medio de US$1.000 por conexión no permitiría la conexión universal a una red. infra.indd 120 20/03/2007 05:15:30 p.m. Apéndice B. Necesidades de inversión en infraestructura 11 en combinación con las proyecciones del Banco Mundial y la Naciones Unidas sobre el crecimiento de la población, y del PIB para estimar la demanda derivada de servi- cios de infraestructura, a la que a su vez se fija un precio. La suma total Un gasto anual de aproximadamente el 3% del PIB bastaría para dar respuesta al cre- cimiento previsto de la demanda de empresas y particulares, mantener la infraestruc- tura existente y conseguir la cobertura universal en los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad durante 10 años. Se ha llegado a esa cifra agregando las proyecciones de Fay y Yepes (1,4% del PIB) al mantenimiento (1%) y al costo es- timado de la cobertura universal (0,24%). Téngase en cuenta que no se incluyen el costo de la rehabilitación, ni el transporte urbano, los puertos y aeropuertos. Se necesitaría una cifra mucho mayor (4%-6% del PIB) para que América Latina y el Caribe alcanzaran el nivel de cobertura de Corea a lo largo de 20 años y financiar un mantenimiento adecuado. Esta cifra está basada en el costo estimado necesario para situar a la región en un nivel semejante al de Corea (2,4%-4,7% del PIB), al que se suman el costo estimado de mantenimiento (aproximadamente el 1% del PIB anual) y la cobertura universal (0,24% del PIB). Como en el caso anterior, tampoco se incluye el costo de la rehabilitación. infra.indd 121 20/03/2007 05:15:30 p.m. infra.indd 122 Cuadro B.5 Costo de las inversiones necesarias para que América Latina y el Caribe alcancen niveles de cobertura 1 de la infraestructura por trabajador semejantes a los de Corea (% PIB) Inversión total anual (ex- cluidos los ferrocarriles) Total (excluidos si se distribuye a lo largo los ferrocarriles) de 20 añosb Líneas Capacidad Carre- de te- Telé- de gene- teras lefonía fonos ración de Total de pavimen- Ferroca- Todas las Carreteras Todas las Carreteras País fija móviles electricidad carreterasa tadasa rrilesa carreteras pavimentadas carreteras pavimentadas Argentina 1 8 8 0 91 1, , Bahamas 0 0 1 1 0, 0, Barbados 0 11 0 0 0 1 1 0, 0, Belice 1 1 0 10 ,1 9, Bolivia 1 18 99 1. 1 8 1.1 , , Brasil 8 8 1 19 ,0 , Infraestructura Chile 1 8 9 1 10 1, ,9 Colombia 1 0 118 1 00 , 8,0 Costa Rica 1 19 0 8 1 1, 1, Ecuador 1 8 10 1 11 19 ,0 ,8 en El Salvador 10 0 8 0 8 91 ,8 ,1 América Guatemala 11 9 1 8 99 1 , , Guyana 1 11 1.1 .1 1.08 .8 8, 10, Latina Haití 91 1 8 1 11 ,0 , Honduras 1 1 11 1 1 9, 1,8 yel Caribe 20/03/2007 (Continúa en la página siguiente) 05:15:30 p.m. infra.indd 123 (Continuación cuadro B.5) Apéndice Inversión total anual (ex- cluidos los ferrocarriles) Total (excluidos si se distribuye a lo largo B. los ferrocarriles) de 20 añosb Necesidades Líneas Capacidad Carre- de te- Telé- de gene- teras lefonía fonos ración de Total de pavimen- Ferroca- Todas las Carreteras Todas las Carreteras País fija móviles electricidad carreterasa tadasa rrilesa carreteras pavimentadas carreteras pavimentadas de inversión Jamaica 8 0 0 0 9 9 , , México 1 1 1 0 1,1 1, en Nicaragua 18 18 0 1 08 08 1, 0, infraestructura Panamá 1 9 1,8 ,9 Paraguay 10 1 0 19 10 18 8,0 19,8 Perú 11 8 10 1 8 , 10,9 República Dominicana 9 1 0 1 9 , , Surinam 8 0 8 1.81 8 8 1.8 0, , Trinidad y Tobago 1 0 0 0 1 0 0 0, 0, Uruguay 1 1 8 8 1 8 ,0 , Venezuela, R.B. de 0 1 1,0 , América Latina y el 3 5 25 23 88 14 57 121 2,4 4,7 Caribe 20/03/2007 Fuente: Cálculos propios basados en datos tomados de Calderón y Servén (00a). a. El costo del total de carreteras, carreteras pavimentadas y ferrocarriles es el necesario para alcanzar una densidad de carreteras/carreteras pavimentadas/ferrocarriles equivalente a un tercio de la de Corea. Ello se debe a que la densidad demográfica de Corea es mucho más elevada que la de América Latina y el Caribe (18 personas 1 05:15:31 por km frente a ), y la diferencia es todavía mayor cuando se utiliza como criterio la mano de obra en vez de la población ( frente a 11). p.m. 1 Infraestructura en América Latina y el Caribe Cuadro B.6 Inversión anual estimada necesaria para alcanzar el acceso universal al abastecimiento de agua, el saneamiento y la electricidad en América Latina y el Caribe para el año 2015 (% PIB) Total de Total de agua, Agua agua y saneamiento País potable Saneamiento saneamiento Electricidad y electricidad Argentina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 Belice 0,0 0,1 0,1 ­ ­ Bolivia 0,0 0, 0, 0,9 1,9 Brasil 0,0 0,09 0,1 0,11 0, Chile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 Colombia 0,0 0,1 0,19 0,0 0,9 Costa Rica 0,0 0,0 0,08 0,11 0,19 Ecuador 0,11 0, 0,8 0, 0,8 El Salvador 0,10 0,1 0, 0,1 0, Guatemala 0,1 0, 0, 0, 0,80 Guyana 0,0 0,18 0, ­ ­ Haití 0,8 1, ,0 ,0 ,0 Honduras 0,18 0, 0,1 0,89 1,0 Jamaica 0,0 0,09 0,1 0,10 0, México 0,0 0,0 0,08 0,0 0,1 Panamá 0,0 0,0 0,08 0,1 0, Paraguay 0,18 0, 0,1 0,0 1,01 Perú 0,08 0,1 0, 0,8 0, República Dominicana 0,0 0,09 0,1 0,9 0,1 Trinidad y Tobago 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uruguay 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 Venezuela, R.B. de 0,0 0,09 0,1 0,08 0,1 América Latina y el Caribe 0,04 0,08 0,12 0,12 0,24 Fuente: Cálculos propios basados en datos de World Development Indicators. Nota: ­ datos no disponibles. infra.indd 124 20/03/2007 05:15:31 p.m. infra.indd 125 Apéndice Apéndice C C. Cuadro C.1 Inversión en infraestructura en América Latina, 1980-2001 (% PIB) Inversión Telecomunicaciones Electricidad Transporte terrestrea Total de infraestructurab en infraestructura País Período Total Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privada Argentina 1980-198 0, 0, 0,00 1, 1, 0,00 0,8 0,8 0,00 ,9 ,9 0,00 199-001 0, 0,00 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,1 0,1 1, 0, 1, Variación 0,0 ­0, 0, ­1,18 ­1, 0, ­0,1 ­0,9 0,1 ­1,1 ­, 1, en Brasil 1980-198 0,9 0, 0, , , 0,9 0,8 0, 0, ,1 , 1, América 199-001 1,1 0,0 0,8 0, 0, 0,9 0,1 0,0 0,10 ,9 1,0 1, Variación 0, ­0,01 0,9 ­, ­,1 ­0,0 ­0,0 ­0, ­0, ­,8 ­, ­0,1 Latina, Chile 1980-198 0,1 0,1 0,00 1,9 1,9 0,00 1,01 1,01 0,00 , , 0,00 199-001 1, 0,00 1, 1,8 0, 1, 1,9 1,00 0,9 ,8 1, ,8 1980-2001 Variación 1,01 ­0,1 1, 0,0 ­1, 1, 0,9 ­0,01 0,9 , ­1, ,8 Colombia 1980-198 0, 0, 0,00 , , 0,00 0,99 0,99 0,00 ,8 ,8 0,00 199-001 1, 0,8 0, , 1,91 1,1 0,89 0,9 0,1 , ,8 ,8 Variación 0,89 0, 0, 1,00 ­0,1 1,1 ­0,09 ­0,0 0,1 1,91 ­0, ,8 México 1980-198 0, 0, 0,00 0,9 0,9 0,00 1, 1, 0,00 , , 0,00 199-001 0, 0,0 0,0 0,11 0,11 0,00 0, 0,08 0, 1, 0, 0,98 Variación 0,9 ­0,1 0,0 ­0,8 ­0,8 0,00 ­1,19 ­1, 0, ­1,1 ­,18 0,98 Perú 1980-198 0,1 0,1 0,00 1,9 1,8 0,01 0, 0,0 0,0 1,98 1,9 0,0 199-001 1,0 0, 0,8 0,9 0, 0, 0, 0,1 0,1 ,8 0,8 1,0 20/03/2007 Variación 0, ­0,0 0,8 ­0, ­0,9 0,1 ­0,08 ­0,19 0,11 0,0 ­1, 1, 1 05:15:31 (Continúa en la página siguiente) p.m. infra.indd 126 (Continuación cuadro C.1) 1 Telecomunicaciones Electricidad Transporte terrestrea Total de infraestructurab País Período Total Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privada Bolivia 1980-198 0,89 0,0 0,19 1,90 1, 0,1 ,81 ,0 0,1 ,9 ,0 0, 199-001 1, 0,00 1, 1, 0, 1, ,8 ,1 0,1 ,8 ,9 , Variación 0,8 ­0,0 1, ­0,1 ­1, 1,9 ­0,0 0,1 ­0, 1,9 ­,11 ,0 Promedio pondera- do (por el PIB) 1980-1985 0,45 0,30 0,15 1,95 1,64 0,31 1,06 0,91 0,15 3,71 3,10 0,61 1996-2001 0,94 0,17 0,77 0,71 0,31 0,37 0,36 0,16 0,20 2,24 0,83 1,41 Variación 0,50 ­0,13 0,62 ­1,25 ­1,33 0,06 ­0,69 ­0,74 0,05 ­1,46 ­2,27 0,80 Fuente: Calderón y Servén 00a. a. En el transporte terrestre se incluye la inversión en carreteras y ferrocarriles. b. En la inversión total en infraestructura se incluyen las telecomunicaciones, la electricidad, las carreteras, los ferrocarriles y el abastecimiento de agua. En Argen- tina, se incluye también el sector del gas. Infraestructura en América Latina yel Caribe 20/03/2007 05:15:31 p.m. Referencias Aderasa (Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de América Latina). 2005. "Las tarifas de agua y alcantarillado en América Latina." Grupo Regio- nal de Trabajo Tarifas y Subsidios. Servicio de Asesoramiento para Infraestructura Pública y Privada (Ppiaf) y Banco Mundial, Washington, D.C. Disponible en http:// www.aderasa.org. Analistas Financieros Internacionales. 2004. "Investor Perceptions of Regulatory and Ins- titutional Risk in Latin America." En J. 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En Infraestructura en América Latina y el Caribe: Acontecimientos recientes y desafíos principales, se exploran las extraordinarias transformaciones que han dado forma a la infraestructura de la región en los últimos quince años. Se analiza en profundidad la necesidad de inversiones apropiadas y responsables en infraestructura. Se examina la función crucial que deben ejercer los gobiernos en la financiación, supervisión y provisión de servicios de infraestructura, y se estimulan los esfuerzos para vincular a ellos en forma apropiada al sector privado. Además, se hace énfasis en la necesidad de que las políticas encaminadas al mejoramiento de la infraestructura sean sensibles a los contex- tos social y político. Las recomendaciones que se hacen serán de interés especial para los diseña- dores de políticas, académicos y profesionales de servicios de infraestructura, así como también para los inversionistas. A través de la asistencia técnica y la difusión de conocimiento e innovaciones, el Ppiaf apoya los esfuerzos de los diseñadores de políticas, organizaciones no gubernamentales, instituciones de investigación y otras en el diseño e implementación de estrategias para el pleno potencial de la participación privada en la infraestructura. PPIAF: Servicio de Asesoramiento para Infraestructura Pública y Privada, ayuda a la reducción de la pobreza y la creación de desarrollo sostenible mediante asociaciones público-privadas para infra- estructura.