IPP536 MARCO DE PLANIFICACIÓN PARA LOS PUEBLOS IND�GENAS PRESTAMO BIRF 7473 PROGRAMA DE GESTION DE ACTIVOS VIALES DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Diciembre 5, 2011 �ndice I. Presentación............................................................................................................... 1 II. Descripción del Programa ......................................................................................... 2 III. Potenciales impactos positivos y negativos sobre Pueblos Indígenas .............. 3 IV. Objetivo del Marco de Planificación de Pueblos Indígenas ................................ 4 V. Evaluación social........................................................................................................ 5 VI. Consultas previas, libres e informadas................................................................. 7 VII. Plan para Pueblos Indígenas ................................................................................. 9 ANEXO 1. Caracterización de los Pueblos Indígenas en Argentina......................... 11 ANEXO 2. Marco Jurídico e Institucional Nacional para Poblaciones Indígenas.... 26 ii MARCO DE PLANIFICACIÓN PARA LOS PUEBLOS IND�GENAS Diciembre 5, 2011 PRESTAMO BIRF 7473 PROGRAMA DE GESTION DE ACTIVOS VIALES DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Presentación 1. Este Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI) establece los procedimientos que serán utilizados para la preparación de Planes para Pueblos Indígenas (PPI) para proyectos del Programa de Gestión de Activos Viales (PGAV) de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Se prepararán PPI para todos los proyectos del PGAV que afecten (positiva o negativamente) a Pueblos Indígenas. 2. El MPPI es parte del Marco de Gestión Ambiental y Social del PGAV y se basa en (i) la legislación argentina sobre pueblos originarios, (ii) las normas aplicables de carácter internacional ratificadas por el gobierno argentino, y (iii) los principios de la Política Operacional 4.10 (OP 4.10) sobre Pueblos Indígenas del Banco Mundial. 3. El término “Pueblos Indígenas� se emplea en este MPPI en sentido genérico para hacer referencia a grupos vulnerables con una identidad social y cultural diferenciada que, en mayor o menor grado, presentan las siguientes características: (i) los miembros del grupo se auto-identifican como miembros de un grupo cultural distinto y ésta identidad es reconocida por otros; (ii) el grupo tiene un apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o territorios ancestrales en la zona de influencia de la obra o intervención del PGAV; (iii) las instituciones culturales, económicas, sociales o económicas del grupo son distintas que las de la sociedad y cultura dominantes, y (iv) el grupo posee un lengua propia. 4. El documento está organizado de la siguiente manera. La Sección II describe los tipos de obras e intervenciones que pueden ser propuestas como parte del PGAV. La sección III se refiere a los posibles impactos (positivos y negativos) de las obras o intervenciones. La sección IV especifica el objetivo del MPPI y las actividades a las que éste se aplica. La sección V explica en qué casos se debe realizar una evaluación social y los procedimientos que se seguirán para realizar tal evaluación. Esta sección VI describe los objetivos de las consultas y los procedimientos que se seguirán para realizarlas. La sección VII explica los objetivos de un PPI y describe los aspectos que deben ser cubiertos en dichos planes. 1 5. El Anexo 1 proporciona información sobre los Pueblos Indígenas en Argentina. El Anexo 2 resume el marco legal e institucional que se aplica a los Pueblos Indígenas. Descripción del Programa 6. El PGAV tiene como objetivo consolidar gradualmente una estrategia de gestión eficaz de la red vial, generando los recursos necesarios para preservar la red nacional en el largo plazo. Sus objetivos específicos son: (i) preservar la condición de activos viales de vital importancia, a través de la ampliación gradual de contratos por niveles de servicio para la rehabilitación y mantenimiento de la red pavimentada no concesionada; y (ii) fortalecer la gestión del sector vial a través de la ejecución de un programa de renovación de la DNV orientado a revitalizar su función en el sector. 7. El programa comprende cuatro componentes: (i) la rehabilitación y mantenimiento de 16.700 km de la red nacional pavimentada no concesionada; (ii) la rehabilitación y/o reconstrucción de las estructuras de puentes con alta prioridad en el sistema vial nacional; (iii)intervenciones de seguridad vial con el objetivo de reducir los costos de accidentes identificados en los corredores críticos y en los puntos de alta siniestralidad en la red vial nacional; y (iv) fortalecimiento de la capacidad institucional de la DNV a través de servicios de asistencia técnica, estudios, capacitación, acuerdos de cooperación y compra de equipos. 8. Los contenidos de este MPPI se relacionan específicamente con los componentes (i), (ii) y (iii) del Programa. 9. El Programa se inserta dentro de las políticas públicas que viene desarrollando el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, que actúa como organismo ejecutor, a través de la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de Obras Públicas. 10. El Prestatario del Programa será la República Argentina a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el cual recibirá los fondos provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Asimismo, la Nación contribuirá con los recursos de contrapartida local 2 que requiera el Programa. Los fondos del Programa serán administrados por la Dirección Nacional de Vialidad. Potenciales impactos positivos y negativos sobre Pueblos Indígenas 11. En general, las actividades que serán financiadas por el Programa (rehabilitación y mantenimiento de carreteras; rehabilitación y/o reconstrucción de puentes; e intervenciones para aumentar la seguridad vial) tienen impactos potenciales positivos. Las obras de rehabilitación y mantenimiento de carreteras (incluyendo la rehabilitación o reconstrucción de puentes) suelen generar importantes beneficios sociales y económicos a sus usuarios, incluyendo a poblaciones indígenas. Las carreteras en buen estado reducen los costos del transporte y facilitan el acceso a los mercados, lugares de trabajo, centros educativos y servicios de salud. Asimismo, las intervenciones que promueven la seguridad vial pueden reducir los costos humanos y económicos de los accidentes de tránsito. 12. Sin embargo, las labores de rehabilitación y mantenimiento también pueden tener impactos negativos, tanto en las comunidades cercanas como en el ambiente físico y natural. Entre los impactos potenciales negativos se pueden citar los siguientes: • Contaminación atmosférica causada por actividades de construcción (operación de maquinaria y equipo, explotación de áreas de préstamos o yacimientos de materiales, acarreo de material, etc.). • Contaminación de suelos y aguas causada por la disposición inadecuada de productos residuales de la maquinaria (filtros, neumáticos, etc.) o depósitos de aceite y basura. • Impacto por ruido y/o vibraciones: Elevación de los niveles de ruido y/o vibraciones causados por el uso de maquinaria y equipos durante la ejecución de las obras y la explotación de préstamos de material. Altos niveles de ruido pueden afectar a los trabajadores y en ciertos casos a pobladores ubicados a lo largo de las carreteras. • Contaminación visual: Disposición final de materiales de desecho en el derecho de vía, sin criterio ambiental y social. Estas malas prácticas pueden alterar el paisaje o bellezas escénicas existentes. • Afectación de áreas protegidas: La ejecución de obras en zonas declaradas bajo régimen de protección ambiental o en zonas de alta 3 sensibilidad del medio, sin un adecuado manejo ambiental del área, puede ocasionar efectos negativos a este tipo de áreas sensibles desde el punto de vista ambiental. • Pérdida de terrenos: La ejecución de obras de rehabilitación y mantenimiento de carreteras y puentes pueden requerir excepcionalmente ampliaciones o rectificaciones puntuales, las que generan la necesidad de expropiar franjas de terrenos adyacentes. • Alteración del drenaje: Este impacto se puede producir como consecuencia la extracción o depósito de suelo u otros materiales. • Incremento de inseguridad: Las obras pueden aumentar la velocidad de circulación de los vehículos, lo cual puede aumentar los riesgos de accidente. • Afectación temporal del recurso agua: La extracción de agua puede reducir la disponibilidad de agua en zonas donde hay escasez. 13. Los Pueblos Indígenas pueden ser particularmente vulnerables a los impactos descritos debido a su estrecha vinculación a la tierra, los bosques, el agua, la vida silvestre y demás recursos naturales. 14. Es importante tener en cuenta que la naturaleza de las obras contempladas en el Proyecto (rehabilitación y/o mantenimiento) hace prever que los impactos negativos, en caso de existir, serán mínimos y ocurrirán principalmente durante la realización de las obras de rehabilitación. Por otra parte, hay que anotar que los impactos descritos están contemplados en el MEGA II, 2007 (Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales), donde se establecen las medidas de mitigación correspondientes. Objetivo del Marco de Planificación de Pueblos Indígenas 15. El objetivo del MPPI es aclarar los procedimientos que se seguirán en los casos en que se determine que alguna obra que es parte del PGAV tiene impactos potenciales (positivos o negativos) sobre Pueblos Indígenas. Las disposiciones del MPPI guiarán (i) la preparación de evaluaciones sociales de los sub-proyectos, (ii) las consultas con las comunidades de Pueblos Indígenas afectadas, y (iii) la preparación y ejecución de Planes para Pueblos Indígenas (PPI). 4 Evaluación social 16. Se realizará una evaluación social en todos los casos en los que una obra o intervención impacte (positiva o negativamente) a Pueblos Indígenas con las características descritas en el párrafo 3. 17. Antes de decidir si es necesario realizar una evaluación social completa, se realizará una evaluación preliminar (screening) para determinar la presencia de Pueblos Indígenas en el área de influencia de las obras. Esta evaluación preliminar se basará en consultas con funcionarios de las agencias estatales del ámbito provincial dedicadas a la cuestión indígena, con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), o bien con expertos de universidades y otros centros de estudio provinciales o nacionales, en cuanto a la presencia de comunidades indígenas en el área de influencia de las obras. También se hará un reconocimiento en campo a través de: (i) observación directa y (ii) entrevistas a informantes clave y/o consulta con autoridades indígenas. 18. Un Pueblo Indígena se considerará impactado si sus miembros están presentes en el área de influencia del proyecto o tienen un apego colectivo a territorios dentro de dicha área. La información presentada en el Anexo y en la evaluación ambiental servirá de guía inicial para establecer si existen Pueblos Indígenas dentro del área de influencia de obras específicas. La información presentada en el Anexo servirá de guía inicial para establecer si las intervenciones para incrementar la seguridad vial benefician a Pueblos Indígenas. 19. La evaluación social determinará los posibles efectos positivos o negativos de la obra o intervención en los Pueblos Indígenas, y examinará obras o intervenciones alternativas cuando los impactos negativos sean importantes. El alcance, la profundidad y el tipo de análisis practicado en la evaluación social serán proporcionales a la naturaleza y dimensión de los posibles efectos del proyecto sobre los Pueblos Indígenas, ya sean efectos positivos o negativos. 20. La evaluación social incluirá los siguientes elementos, teniendo en cuenta el tipo de impacto esperado (véase párrafo 21 y siguientes): • Examen, de magnitud proporcional al proyecto, del marco jurídico e institucional aplicable a los Pueblos Indígenas afectados por la obra o 5 intervención (partiendo del examen general que se encuentra en el Anexo 2. • Recopilación de información inicial sobre las características demográficas, sociales, culturales y políticas de las comunidades indígenas afectadas, y sobre la tierra y los territorios que poseen tradicionalmente, o que usan u ocupan habitualmente, y los recursos naturales de los que dependen. • Identificación de los principales actores interesados (stakeholders) y descripción de la metodología utilizada para consultar a las comunidades de Pueblos Indígenas afectadas y a otros actores. • Un análisis de los posibles efectos negativos y positivos de la obra o intervención, basado en consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas (ver Sección VII). Para determinar los posibles efectos negativos es de capital importancia el análisis de la vulnerabilidad relativa de las comunidades indígenas afectadas y de los riesgos a los que pueden exponerse, dadas sus especiales circunstancias y los estrechos lazos que mantienen con la tierra y los recursos naturales, así como su falta de acceso a las oportunidades en comparación con otros grupos sociales de las comunidades, regiones o sociedades nacionales en las que habitan. • Identificación y evaluación, sobre la base de consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas, de las medidas necesarias para evitar efectos adversos —o, si las medidas no son factibles, la identificación de las medidas necesarias para reducir lo más posible, mitigar o compensar dichos efectos—, y para maximizar los potenciales beneficios de las obras, asegurando que éstos sean culturalmente adecuados. 21. Para llevar a cabo la evaluación social, será necesario que la Dirección de Vialidad o bien disponga de personal especializado o bien contrate consultores calificados. 22. En relación a la Evaluación Social, ésta se debe realizar según el tipo de impactos de los proyectos. 23. Una vez que se constata la presencia de Pueblos Indígenas en el área de influencia del proyecto, se procederá a la evaluación social. En el caso de proyectos que no impliquen cambio de traza, ampliación del derecho de vía, o afectación de terrenos nuevos, ésta consistirá en una evaluación de los impactos previstos, junto con la identificación de medidas para evitar consecuencias negativas de las obras y maximizar sus beneficios. 6 24. Para las obras que comprenden cambio de traza, ampliación del derecho de vía, o afectación de terrenos nuevos, una vez constatada la presencia de Pueblos Indígenas en el área de influencia del proyecto, se lleva adelante una evaluación social más profunda y detallada, considerando los elementos relevantes descritos en el Anexo A de la OP 4.10. Consultas previas, libres e informadas 25. En todos los casos en que una obra de mantenimiento o rehabilitación afecte positiva o negativamente a un Pueblo Indígena, o cuando una intervención para fomentar la seguridad vial beneficie a un Pueblo Indígena, la DNV celebrará consultas previas, libres e informadas con dichos pueblos. Para asegurar el éxito de la consulta, la DNV: • Asegurará que los procedimientos de consulta favorezcan la inclusión intergeneracional y de género; • Creará oportunidades para que las comunidades indígenas afectadas puedan expresar sus preocupaciones relativa a las obras o intervenciones durante la preparación y ejecución de las mismas. • Facilitará la participación de organizaciones que representen a las comunidades afectadas en los procesos de consulta. • Empleará métodos de consulta adecuados a los valores sociales y culturales de las comunidades indígenas afectadas. • Facilitará a las comunidades indígenas afectadas toda la información pertinente sobre el proyecto durante su preparación y ejecución (incluyendo información sobre los posibles efectos negativos del proyecto en las comunidades indígenas afectadas) de una manera culturalmente apropiada. 26. Las consultas serán dirigidas por la División Obras del distrito y el Centro de Gestión Ambiental (CEGA) del distrito, con el apoyo y asesoramiento de la División Gestión Ambiental (DGA). 27. En el caso de obras que no suponen cambio de traza, ampliación del derecho de vía, o afectación de terrenos nuevos, se realizarán procedimientos de consulta sencillos y proporcionales a la severidad de los impactos. Estos procedimientos deben garantizar que la comunidad cuente con la información pertinente del proyecto y que esta información se presente en una forma culturalmente apropiada. 7 8 Plan para Pueblos Indígenas 28. La DNV preparará un PPI para cada obra de mantenimiento y rehabilitación que afecte a pueblos indígenas, positiva o negativamente, y para cada intervención que fomente la seguridad vial en áreas con comunidades de Pueblos Indígenas. Esto teniendo en cuenta que el objetivo del PPI es, por un lado, identificar los impactos positivos y negativos específicos sobre los Pueblos Indígenas y, por otro lado, establecer, en relación a cada uno de los impactos negativos, si estos están o no contemplados en las acciones propuestas en el MEGA II 2007 y, en caso de que no sea así, definir las acciones adicionales necesarias. 29. El PPI se preparará para asegurar que i) los pueblos indígenas afectados por el proyecto reciban beneficios sociales y económicos apropiados desde el punto de vista cultural, y ii) si se identifican posibles efectos adversos sobre los pueblos indígenas, dichos efectos se eviten, se reduzcan lo más posible, se mitiguen o se compensen. 30. El PPI puede incluir los siguientes elementos: • un resumen de la evaluación social; • un resumen de los resultados de las consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas que se hayan realizado durante la preparación del proyecto, y de las que resulte un amplio apoyo al proyecto por parte de estas comunidades; • procedimientos que aseguren que se lleven a cabo consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas durante la ejecución de la obra sobre temas no considerados en consultas anteriores o situaciones que surjan en esta etapa; • un plan de acción con las medidas necesarias para asegurar que se maximicen los beneficios de las obras para los Pueblos Indígenas y que tales beneficios sean culturalmente adecuados; • cuando se identifiquen posibles efectos negativos sobre los Pueblos Indígenas, un plan de acción con las medidas necesarias para evitar, reducir lo más posible, mitigar o compensar los efectos adversos; • estimaciones de costos y el plan de financiamiento del PPI; 9 • procedimientos accesibles adecuados al proyecto para resolver las quejas de las comunidades indígenas afectadas durante la ejecución del proyecto; • Mecanismos adecuados al proyecto para el seguimiento, la evaluación y la presentación de informes de ejecución del PPI. 31. El PPI será preparado por la División Gestión Ambiental (DGA) en colaboración con el Centro de Gestión Ambiental (CEGA) del distrito que corresponda. La divulgación del PPI será responsabilidad del distrito jurisdiccional a través del CEGA, con el apoyo de las áreas que correspondan. La ejecución estará a cargo del distrito jurisdiccional a través de la División Obras y el CEGA. En el caso de acciones relacionadas con la obra, éstas quedarán a cargo del contratista, supervisado por el distrito. 32. En cada uno de los PPI que se preparen, se describirán mecanismos de atención de reclamos y resolución de conflictos que respondan a la situación y necesidades específicas de las comunidades de Pueblos Indígenas afectadas. La DNV normalmente recibe reclamos en el obrador de la empresa contratista, la que debe informar inmediatamente al supervisor de la obra. La DNV adoptará procedimientos especiales atendiendo las circunstancias del caso. 10 ANEXO 1. Caracterización de los Pueblos Indígenas en Argentina1 En virtud de las diferencias en la denominación, a los fines del presente documento, se utilizará de manera genérica el vocablo Pueblos Indígenas. Se reserva el vocablo Pueblos Originarios para las denominaciones oficiales adoptadas por la República Argentina. En Argentina y otros Estados Latinoamericanos, los pueblos indígenas suelen denominarse “originarios� para subrayar su preexistencia a los Estados. Sin embargo, en lo jurídico se utiliza el vocablo ‘’índígenas’. La OP 4.10 del Banco Mundial adopta éste último, dado su adopción en la Primera Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, en la que se estableció este término como bandera de dignidad y para uso formal en leyes, tratados y relaciones con el Estado. La población indígena de la Argentina no está bien determinada en su número poblacional ni en su ubicación geográfica. La falta de criterios homogéneos en las estimaciones, encuestas y censos para la definición de quiénes forman parte de la población indígena, se traduce en cifras contradictorias o marcadamente diferentes según las fuentes consultadas.2 El Instituto Nacional de Indígenas (INAI) presenta la población indígena estimada por provincia, la cual alcanza un total de 858.500 habitantes. Por otra parte, según un estudio realizado para el PROINDER, la población indígena estimada por grupo étnico alcanza un total de 451.300 personas.3 La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el periodo 2004-2005, presenta una cifra de 600.329 personas que se reconocen pertenecientes y/o descendientes en primera generación de pueblos indígenas.4 1 La presente caracterización fue realizada en base a los siguientes documentos: Canet, V., “Análisis de experiencias de intervención pública y privada con pueblos indígenas�. Serie Estudios e Investigaciones PROINDER N° 24, Buenos Aires, 2010; Cervera Novo, P., “Estudio de actualización sobre la cuestión indígena argentina�. Serie Estudios e Investigaciones PROINDER N° 25, Buenos Aires, 2010; y Golluscio, L., “Los pueblos indígenas que viven en la Argentina. Informe de actualización del año 2002�. Serie Documentos de Capacitación PROINDER Nº 5, Buenos Aires, 2008. 2 Las razones de la inconsistencia de los estudios y censos realizados son diversas, siendo la principal la histórica “invisibilización� de los indígenas por parte del Estado. A esta podemos sumar las dificultades que puede presentar el criterio de auto-identificación, combinadas con la falta de un criterio censal unificado para la adscripción étnica voluntaria. 3 Cervera Novo, P. Estudio de actualización sobre la cuestión indígena argentina. Serie estudios e investigaciones PROINDER N° 25, Buenos Aires, 2010. 4 Es importante destacar que la población que se reconoce perteneciente a un pueblo indígena está clasificada sobre la base del criterio de auto reconocimiento, independientemente del hecho que la persona censada tenga ascendencia indígena o no. Pero también en el censo se efectúa la pregunta complementaria que indaga acerca de la descendencia que posee de población indígena. El 93,4% de la población que se reconoce perteneciente a un pueblo indígena desciende de ese pueblo indígena en primera generación por parte de padre y/o de madre (INDEC, 2004- 2005). 11 El Cuadro 1 presenta la distribución de la población indígena por grupo étnico según la ECPI del INDEC. Cuadro 1. Población por Pueblo Indígena. Años 2004 y 2005 Pueblo indígena Población Pueblo indígena Población Mapuche 113.680 Tupí guaraní 16.365 Kolla 70.505 Mocoví 15.837 Diaguita/calchaquí 31.753 Huarpe 14.633 Guaraní 22.059 Mbyá guaraní 8.223 Ava guaraní 21.807 Quechua 6.739 Comechingón 10.863 Tonocoté 4.779 Tehuelche 10.590 Querandí 736 Rankulche 10.149 Ona 696 Charrúa 4.511 Sanavirón 563 Pilagá 4.465 Chulupí 553 Chané 4.376 Tapiete 524 Aymara 4.104 Omaguaca 1.553 Atacama 3.044 Lule 854 Chorote 2.613 Otros (*) 3.864 No especificado Pampa 1.585 92.876 (**) Toba 69.452 Sin respuesta 9.371 Wichí 40.036 TOTAL 603.758 Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005 Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Referencias: (*) Incluye, entre otros, los casos registrados con las siguientes denominaciones: abaucán, abipón, ansilta, chaná, inca, maimará, minuán, ocloya, olongasta, pituil, pular, shagan, tape, tilcara, tilián y vilela. No se brindan datos por separado para cada denominación debido a que la escasa cantidad de casos muestrales no permite dar una estimación de cada total con la suficiente precisión. (**) Incluye los casos en que la respuesta relativa al pueblo indígena de pertenencia y/o ascendencia en primera generación fue “ignorado� u “otro pueblo indígena�. 12 Gráfica 1. Ubicación de los pueblos originarios reconocidos por el INAI en Argentina Fuente: RENACI - INAI 13 No hay una precisión sobre cuántos son los indígenas que habitan en Argentina ya que la cifra de los mismos surgen de un dinámico proceso de auto reconocimiento que viven actualmente los Pueblos Indígenas. En muchos lugares del país, hay personas que están recuperando su identidad como miembros de un pueblo indígena, a través de la memoria grupal. Incluso, han resurgido pueblos que se consideraban hasta hace poco "extinguidos" o casi extinguidos, como por ejemplo los Ona, los Huarpes, o los Diaguita, que se están organizando como comunidades. Por otro lado, en el caso de la población indígena rural y dispersa, existen un conjunto de factores históricos, sociales, políticos y económicos que dificultan que dicha población se identifique o perciba asimismo como indígena y que utilice alternativamente dicha identidad y/o la campesina de acuerdo a los diferentes contextos donde se encuentre a pesar de que un conjunto de características lingüísticas y culturales podrían permitir su definición como indígena. Según la ECPI entre un 2% y un 28% de personas de distintas etnias no se reconoce como perteneciente a su pueblo aún cuando sus padres se auto reconocen como tales. En Argentina algunos de los pueblos indígenas suelen conservar su lengua originaria en el ámbito familiar y comunitario, si bien la mayoría entiende y habla el español. Se mantienen al interior de las comunidades, por tradición oral, y no todas tienen su referencia escrita. Todos los pueblos auto reconocidos reivindican el derecho a la educación e información en su lengua y la necesidad de resguardarla como parte sustantiva de su patrimonio cultural e identidad. En cuanto a las características educativas, la tasa de analfabetismo para la población indígena de 10 años o más es del 9.1%, tres veces y media mayor que la nacional (2.6%). En el caso de las etnias Mbyá guaraní de Misiones y Wichí de Chaco, Formosa y Salta, las tasas de analfabetismo superan el 20% (29.4% y 23.4% respectivamente). Otro dato a tener en cuenta es que el 78.2% de la población indígena de 15 años y más tienen como máximo nivel de instrucción alcanzado el secundario incompleto, mientras que un tercio (33.1%) no completó la primaria o no tiene instrucción. Si estos indicadores son comparados con los de la población general, se advierten diferencias notables. En efecto el porcentaje de personas en todo el país que tienen como máximo nivel de instrucción alcanzado el secundario incompleto es de 66.8% y el 17.9% no completó la primaria o no tiene instrucción. En este sentido, los pueblos indígenas que se encuentran en una situación más crítica son: Mbyá guaraní de Misiones, Wichí de Chaco, Formosa y Salta, Chorote de Salta, Toba de Chaco , Formosa y Santa Fe y Pilagá de Formosa. En todos los casos, el porcentaje de población de 15 años y más que tiene como máximo nivel de instrucción alcanzado estudios primarios incompletos supera el 60% y la proporción de los que tienen hasta secundario incompleto supera el 90%. 14 La situación socio-sanitaria de los pueblos indígenas del país cuenta con indicadores alarmantes con relación a las tasas de mortalidad infantil, desnutrición, enfermedades infecto-contagiosas (VIH-SIDA, TBC, Chagas, cólera, etc.), entre otras. La inaccesibilidad a servicios básicos de salud por parte de los pueblos indígenas, se ve agravada por la precariedad de la infraestructura y los servicios básicos en las comunidades de origen, y la falta o escasez de insumos para la atención básica de la salud. A esto se suma la discriminación y estigmatización (marco ideológico de los agentes de salud) por parte de los equipos médicos hacia la población de referencia. La población indígena a ser atendida por el proyecto responde a dos situaciones típicas: a) grupos con integración a las pautas culturales de la población criolla que comparten con ella similares problemas y grado de vulnerabilidad; y b) grupos que mantienen pautas culturales diferenciadas que se traducen en una mayor dependencia de los recursosnaturales y una escasa o nula adopción de las prácticas productivas comunes al resto de los agricultores familiares. Se pueden distinguir 3 grandes regiones con sus propias características prototípicas: región del Gran Chaco (Formosa, Chaco, parte de Salta y Jujuy, Santiago del Estero, y Santa Fe), región Norandina (parte de Jujuy y Salta, Tucumán y Catamarca) y región Patagónica (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz). Por otra parte, existen las provincias que registran población indígena pero que no conforman una región más allá de cada provincia especifica, las cuales conforman un cuarto grupo, siendo Misiones la más importante respecto del tamaño relativo de la población indígena. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) creó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI) con el objetivo de lograr la inscripción unificada de todas las comunidades del país, ya que existen comunidades registradas a nivel provincial y/o nacional, con distintas modalidades jurídicas de asociación (comunidad, centro vecinal, cooperativa, etc.). Los datos unificados entre el ReNaCI y los registros provinciales indican la existencia de 1.079 comunidades en todo el país (Cuadros 2 y 3). 15 Cuadro 2. Comunidades indígenas por provincia Provincias No. de Provincias No. de Comunidades Comunidades Buenos Aires 30 Neuquen 55 Catamarca 4 Río Negro 20 Chaco 95 Salta 364 Chubut 43 San Juan 3 Córdoba 5 San Luis 1 Entre Ríos 2 Santa Cruz 2 Formosa 142 Santa Fe 33 Santiago del Jujuy 217 40 Estero Tierra del La Pampa 11 1 Fuego La Rioja 2 Tucumán 19 Mendoza 15 TOTAL 1178 Misiones 74 Fuente: RENACI Cuadro 3. Comunidades indígenas por pueblo de pertenencia No. de No. de Pueblo Comunidades Pueblo Comunidades Atacama 11 Omaguaca 33 Ava Guaraní 19 Pilagá 20 Chané 5 Ranquel 11 Charrúa 2 Tastil 3 Chorote 17 Tehuelche 4 Comechingón 5 Tilián 4 Diaguita 42 Toba 128 Guaraní 75 Tonokoté 24 Tupí 9 Huarpe 16 Guaraní Kolla 233 Vilela 3 Lule 7 Wichí 216 Mapuche 105 Otros 82 Mbya Guaraní 75 TOTAL 1178 Mocoví 29 Fuente: RENACI Se presenta a continuación una descripción de las actividades productivas de los diferentes pueblos indígenas en las tres grandes regiones mencionadas y otras provincias seleccionadas y un resumen de los principales problemas sociales y económicos que enfrentan las distintas comunidades. 16 Región Gran Chaco En esta Región se asienta el porcentaje más grande y diverso de la población indígena del país, y presenta un ambiente relativamente homogéneo ( 17 Cuadro 4 18 Cuadro 4). 19 Cuadro 4. Población indígena región Chaqueña. Años 2004-2005 Pueblo Provincia Población Ava Guarani Salta y Jujuy 17.592 Chane Salta 2.099 Chorote Salta 2.147 Chulupí Salta y Formosa 440 Guarani Salta y Jujuy 6.758 Mocoví Chaco y Santa Fe 12.145 Pilagá Formosa 3.948 Tapiete Salta 484 Toba Chaco , Formosa y Santa Fe 47.591 Tupí guaraní Salta y Jujuy 6.444 Wichi Salta, Formosa y Chaco 36.149 TOTAL 135.797 Fuente: Cervera Novo (2010) en base al ECPI- INDEC. Las actividades productivas principales de las comunidades en esta región son la pesca, recolección de frutos, mieles y leña, caza de pequeños animales, artesanía, empleo estacional y/o trabajo asalariado, empleo estatal y agricultura doméstica y comunitaria. De todas estas actividades, solo la agricultura comunitaria se desarrolla en el lugar de residencia. En lo que al trabajo estacional respecta, se desarrolla generalmente en las plantaciones agrícolas linderas a la Ruta 14 (en el caso de las comunidades del Chaco Salteño), en las plantaciones de algodón (en el caso de las comunidades del Chaco Formoseño) o en plantaciones hortícolas (en el caso de las comunidades del interior de Jujuy). Los principales problemas sociales y económicos de los pueblos indígenas identificados en esta gran región son los siguientes: - Falta de regularización dominial y entrega de título de propiedad comunitaria. En los casos de entrega de tierras en forma de tenencia o usufructo, han sido en tierras improductivas e insuficientes. - Avance de la frontera agrícola que trae aparejado: reducción de las tierras de usufructo comunal y extracomunal; revalorización de la tierra; renovado interés de agroindustrias y desalojos y desmontes a gran escala. - Falta de consulta en la elaboración y diseño de los proyectos que se aplican. - Destrucción y contaminación de recursos naturales dado el avance de la explotación gasífera y petrolífera, la tala de monte, la extracción de madera y el tendido de alambrados. Región Norandina La 20 Cuadro 5 21 Cuadro 5 muestra la distribución por pueblo y provincias de la población indígena en la Región Andina del Norte. 22 Cuadro 5. Población indígena región Norandina. Años 2004-2005 Pueblo Provincia Población Aimara Jujuy 4.104 Atacama Jujuy 2.805 Diaguita/ Salta, Jujuy, Tucumán, 16.810 calchaquí Catamarca y S. del Estero Kolla Salta y Jujuy 53.106 Maimara Jujuy 178 Omaguaca Jujuy 1.374 Quechua Salta y Jujuy 561 TOTAL 78.938 Fuente: Cervera Novo (2010) en base al ECPI- INDEC. En esta región se identificantres ambientes, muy diversos entre sí a partir de la amplitud de alturas y regímenes de precipitaciones de la zona: la Puna, la Quebrada de Humahuaca y los Valles de altura. La Puna corresponde a un gran altiplano con producción preponderante de la cría de ganado menor, seguido por la cría de camélidos, producción de papas andinas y hortalizas para el autoconsumo. La economía de los productores se generaliza en la combinación de producción de autosubsistencia con producción de diferentes productos para mercados locales y extralocales. Al mismo tiempo existe una fuerte dependencia en los ingresos extraprediales (cosecha de la zafra en ingenios azucareros, minería, cosecha de algodón, etc.). Existen en último lugar una serie de emprendimientos productivos surgidos en los últimos diez años gracias al financiamiento de distintas agencias estatales que incluyen: tallado de laja, telar rústico, tejidos regionales, gastronomía ancestral, alfarería, talla en madera, cuero crudo y curtido, instrumentos musicales, metales, asta y hueso, entre otros. En la zona de Quebrada se encuentra primordialmente un modelo productivo agropastoril, con mayor incidencia de una u otra actividad de acuerdo a la distancia a la Ruta Nacional N° 9 y a la altura sobre el nivel del mar, en la que se ubica cada área de cultivo. A pesar de haber sido desplazados durante mucho tiempo por la horticultura comercial, los cultivos andinos (papa y maíz) poseen un renovado interés, gracias a las oportunidades comerciales generadas recientemente. Los Valles de Altura presentan diferentes sistemas de acuerdo a la accesibilidad a cada zona. La producción preponderante es la cría de ganado mayor y menor y en la mayoría de las comunidades se producen cultivos andinos (papa, maíz y tubérculos microtérmicos, oca y papa lisa). En algunos valles como los de Iruya (Salta) existe una importante extensión destinada a la horticultura comercial de los cultivos de arveja y haba. La producción de papa andina y tubérculos 23 microtérmicos presenta en estos valles una importante actividad comercial. En los valles más aislados del departamento de Tilcara la producción de tubérculos andinos se destina fundamentalmente al autoconsumo, siendo su única actividad comercial la cría de ganado mayor. Los principales problemas económicos y sociales en esta región son: - Territorios en conflicto por estar titulados a nombre de particulares, en algunos casos deben pagar arriendos para seguir viviendo en sus tierras, o son desalojados sin poder ejercer ningún reconocimiento legal de la posesión comunitaria. - Contaminación ambiental y enfermedades por explotación de minas. - Superposición de títulos y otorgamiento fraudulento de los mismos que permiten: Expropiaciones, desalojos, acciones judiciales a familias; alambrados de campos, parcelas, ríos y caminos por parte de particulares; escasez de agua para riego, mecanismos de distribución de agua por cuota manejados por latifundistas; destrucción de sembradíos familiares; tala indiscriminada de montes (de algarroba); destrucción de sitios sagrados. - Procesos de revalorización de la tierra que generan conflictos y dificultades en la entrega de tierras. - Falta de consulta en la elaboración y diseño de los proyectos que se aplican. Región Patagónica El Cuadro Cuadro 6 Cuadro 6 presenta la distribución de los pueblos indígenas en la Región Patagónica. Cuadro 6. Población indígena región Patagónica, según pueblo y provincia. Años 2004-2005 Pueblo Provincia Población Mapuche Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y 78.534 La Pampa Tehuelche Chubut y Santa Cruz 4.351 Selk’Nam Tierra del Fuego 696 (Ona) TOTAL 83.581 Fuente: Cervera Novo (2010) en base al ECPI- INDEC. Los pobladores Mapuche y Tehuelche están distribuidos en terrenos de escaso valor para la actividad agropecuaria, en donde las unidades domésticas se han dedicado desde hace décadas a la crianza de animales menores (caprinos y ovinos) en forma extensiva, participando del mercado mediante la venta de pelo de caprino, lana de ovino, cueros y animales en pie. Los “frutos� de los mismos 24 (pelo y lana) son comercializados a partir de su vinculación con intermediarios itinerantes. En la actualidad, con la creciente importancia de la actividad turística, las áreas ocupadas por muchas de las comunidades mapuches de la región, de un alto valor paisajístico, adquirieron un renovado interés inmobiliario. Esto ha impactado diversificando las actividades productivas. Algunas unidades domésticas continúan con la crianza de animales menores en especial caprino y ovino, con trabajos temporarios en forestación y en la esquila en estancias y/o también como trabajadores de la construcción, o permanentes en escuelas, usinas, puestos sanitarios (todas instituciones al interior de las comunidades). Sin embargo, hay que destacar que en los últimos años, en especial a partir de las intervenciones institucionales, han comenzado nuevas prácticas agrícolas como los cultivos en invernadero (horticultura), fruta fina y forestación para la venta de productos en los circuitos turísticos (dulces, fruta, cosecha de hongos silvestres, plantas medicinales) y/o la prestación de servicios como cabalgatas guiadas. También se destacan las artesanías en madera, plata y tejidos (telares). Los principales problemas indígenas en esta Región son: - Falta de regularización dominial y entrega de título de propiedad comunitaria. En los casos de entrega de tierras en forma de tenencia o usufructo, han sido en tierras improductivas y sin contemplar las dinámicas estacionales de la actividad pastoril (tierras de invernada y veraneada). - Contaminación de aguas y napas subterráneas por empresas petroleras, actividad turística, cría de peces, etc. - Conflictos con diversos actores: Ejército Argentino, Administración de Parques Nacionales, empresas transnacionales (explotación maderera, minera, turística, represas hidroeléctricas). - Construcción de obras de infraestructura para turismo en los territorios demandados. - Conflictos en torno al acceso a los ríos y lagos. - Desalojos, relocalizaciones y otorgamiento de tierras a particulares sin respetar la posesión ancestral de la tierra. - Consecuencias de la exploración de minas de oro y plata, que distintas empresas están llevando a cabo y a quienes los gobiernos provinciales autorizan a desarrollar tareas contraviniendo las disposiciones legales. - Falta de consulta en la elaboración y diseño de los proyectos que se aplican. - Producción agrícola escasa y poco diversificada. Más allá de las diferencias que presentan las distintas regiones aquí tratadas, entre el conjunto de reivindicaciones más sostenidas por las distintas 25 organizaciones de pueblos indígenas y comunidades en el país, las siguientes son algunas de las demandas comunes que surgen como prioritarias: - La mejora en las condiciones y posibilidades de medios de subsistencia. - Acceso real a las tierras y territorios. - Los sistemas de energías alternativas. - El acceso a los caminos e infraestructura. - Recuperación y uso sustentable de suelo, agua, monte, fauna. - La mejora en el acceso a vías formales y no formales de educación. - Espacios de participación comunitaria e intercomunitaria. - Condiciones de acceso a los recursos de salud. - Acceso a medios de producción e infraestructura comunitaria. - Acceso recursos básicos como el agua. - Acceso a la cadena y red de comercialización de productos destinados al mercado. - Instrucción con relación a los derechos que es posible ejercer con relación a las demandas. Provincia de Misiones La parcialidad, Mbyá -Guaraní, habita actualmente el territorio de la provincia de Misiones, en lo que se denomina la “región Guaranítica�. Según la Dirección de Asuntos Guaraníes de dicha provincia, habitan alrededor de 1.200 familias agrupadas en 76 comunidades rurales o peri-urbanas, constituyendo una población total aproximada de 5.000 personas. Las viviendas y el acceso a la salud son precarios y en la mayoría de los casos no cuentan con infraestructura básica (agua potable, luz, etc.). En cuanto a la educación, en la provincia, se registran 19 escuelas y anexos con modalidad en educación intercultural y bilingüe (EIB). En los Departamentos de San Ignacio, Cainguás y Libertador General San Martín se concentra el 30% de la población. De ésta, el 45% se encuentra por debajo de los criterios que define el índice de NBI. Espacialmente se distibuyen en pequeños núcleos comunitarios conformados a partir de un mínimo de 6 familias y un máximo de 40 familias. El ciclo anual que garantiza la vida de los Mbyá se complementa, según el contexto de hábitat, entre una rudimentaria agricultura, caza y pesca, producción y venta de artesanías, ayuda social y prestaciones de servicio. En lo que respecta a la producción agrícola, las plantaciones son de poca envergadura5; cada familia extensa posee apenas 1/4 a 1/2 hectárea de terreno cultivado, por lo tanto no se puede considerar que cuenten con una agricultura de subsistencia, ya que ésta no satisface las necesidades alimentarias de la unidad doméstica, constituye sólo un complemento de otras actividades como la 5 Compuesta por cultivos de maíz, mandioca, batata, zapallo. 26 caza, la pesca, la producción y comercialización de artesanías, el trabajo transitorio en cosechas, servicios vinculados al turismo, etc. Actualmente, las principales fuentes de ingresos provienen de la venta de artesanías y la prestación de servicios. Sobre esta última, se da tanto de manera individual (como peón rural) y/o contratando la totalidad del grupo familiar. La contratación de mano de obra indígena se realiza por tareas cumplidas (trabajo a destajo). El ciclo anual de subsistencia se completa con Programas alimentarios provinciales y nacionales, comedores escolares y planes de empleo transitorio con contraprestación. Otra de las actividades en las que intervienen algunas comunidades es el turismo, principalmente aquellas comunidades asentadas en Reservas ecológicas y de turismo. También en la provincia hay 7 comunidades que explotan los recursos forestales con permiso de las autoridades. Las principales problemáticas de los pueblos indígenas en esta provincia son: - Falta de regularización dominial y entrega de título de propiedad comunitaria. - Conflictos con diversos actores: Administración de Parques Nacionales, empresas madereras, emprendimientos turísticos. - Tala indiscriminada de selva. - Expropiaciones, desalojos, relocalizaciones, acciones judiciales. - Falta de consulta en la elaboración y diseño de los proyectos que se aplican. Provincias de Mendoza, San Juan y San Luis La Cuadro 7 Cuadro 7 presenta la población indígena en estas provincias. Cuadro 7. Población indígena en Mendoza, San Juan y San Luis Pueblo indígena Población Huarpe 14.633 Fuente: Cervera Novo (2010) en base al ECPI- INDEC. La actividad de subsistencia principal de los puesteros es la crianza de cabras. En las épocas de lluvia (verano) cultivan verduras, hortalizas y frutas. Se destaca la dificultad para la comercialización de las producciones. Algunas de las problemáticas infraestructurales que no permiten la comercialización son: exigencias de las agencias de orden administrativo difíciles de cumplimentar por 27 parte de los productores, escasez y contaminación (arsénico) del agua, falta de infraestructura vial y de transporte, entre otras. Las principales problemáticas de los pueblos indígenas identificadas en estas provincias son: - Falta de regularización dominial y entrega de título de propiedad comunitaria. Títulos superpuestos. - Conflictos con diversos actores económicos: Empresas Mineras, etc. - Falta de infraestructura básica (vivienda, caminos, salud, etc.) y agua (riego y consumo) - Falta de consulta en la elaboración y diseño de los proyectos que se aplican. ANEXO 2. Marco Jurídico e Institucional Nacional para Poblaciones Indígenas En la República Argentina existe un cuerpo normativo que protege y garantiza la identidad y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, tanto en la Constitución Nacional como a través de Leyes Nacionales, Provinciales y Convenios Internacionales suscriptos por el Gobierno. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994, con la sanción del artículo 75, inciso 17, que incorpora los derechos de los pueblos indígenas, constituyó un significativo avance en la política de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Argentina. A partir del reconocimiento constitucional se ha configurado para los pueblos indígenas una situación de derecho específico y particular que consagra nuevos derechos de contenido esencial que, como mínimo, deben darse por aplicable siempre. Aún a falta de un desarrollo legislativo conlleva la obligación de readecuar el marco del Estado y sus instituciones en función del reconocimiento de su pluralidad étnica y cultural. En el año 2000 la Argentina ratifica el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su artículo 6 manifiesta el derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas en las cuestiones que los atañen directamente, y establece que las consultas deben hacerse mediante procedimientos apropiados, en particular, a través de sus instituciones representativas. Las principales disposiciones legales a nivel nacional sobre derechos de pueblos indígenas son las que siguen: • Ley Nº 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes. • Decreto Nº 155/89 Reglamentario de la Ley Nº 23.302 • Ley Nº 24.071 ratificatoria del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Este Convenio promueve el respeto por las culturas, las 28 formas de vida, las tradiciones y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y tribales. • Ley Nº 24.375 Convenio de diversidad Biológica • Resolución Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Nº 4811/96 que establece los requisitos para la inscripción de las Comunidades Indígenas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI). • Resolución INAI Nº 152/2004 y su modificatoria Nº 301/2004 que establece la conformación del Consejo de Participación Indígena (CPI) El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INAI) es la institución del Estado Nacional que tiene la responsabilidad de crear canales interculturales para la implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en la Constitución Nacional (Art. 75, Inc. 17). El Instituto fue creado a partir de la sanción de la Ley 23.302, en septiembre de 1985 como entidad descentralizada con participación indígena y reglamentada por el Decreto N° 155 en febrero de 1989. Sus principales funciones son: • Disponer la inscripción de las comunidades indígenas en el Registro Nacional= de Comunidades Indígenas (ReNaCI). Para ello coordina su acción con los gobiernos provinciales y presta el asesoramiento necesario a las comunidades mediante el desarrollo de talleres de capacitación a los efectos de facilitar los trámites. • Arbitrar todos los mecanismos disponibles para cumplir con el imperativo constitucional de “(…) reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan (...)� y regular, además, la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano (Art. 75, Inc. 17, de la Constitución Nacional). • Promover la participación indígena en la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo con identidad, dando el apoyo técnico y financiero necesario. • Coordinar programas de apoyo a la educación intercultural, pedagogías aborígenes, acciones de recuperación cultural y a investigaciones históricas protagonizadas por las comunidades. • Promover espacios de mediación y participación indígena en las temáticas afines a los intereses de las comunidades, como recursos naturales y biodiversidad, desarrollo sustentable, políticas de salud, comunicación y producción, gerenciamiento y comercialización de artesanías genuinas. La Ley Nacional Nº 23.302, sobre “Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes� establece en su artículo 5º que en el INAI se constituirá el Consejode Coordinación integrado por representantes de los ministerios nacionales, representantes de cada una de las Provincias que adhieran a la ley y los representantes elegidos por las Comunidades Indígenas cuyo número, requisitos y procedimientos electivos está determinado por la Resolución INAI Nº 152/2004. 29 Con el objetivo de hacer efectiva la representación indígena en el Consejo de Coordinación, el INAI ha dictado la Resolución Nº 152/2004 y su Modificatoria Nº 301/04 impulsando la conformación del Consejo de Participación Indígena (CPI), cuyas funciones son: • Asegurar la posterior participación indígena en el mencionado Consejo de Coordinación y determinar los mecanismos de designación de los representantes ante el mismo y, • las funciones señaladas en el artículo 7º del Decreto Nº 155/89, reglamentario de la ley Nº 23.302, de la adjudicación de las tierras. La elección de los representantes se efectúa a través de la convocatoria de asambleas comunitarias, las cuales, a través de los métodos tradicionales de cada comunidad, eligen un representante titular y uno suplente por pueblo y por provincia. Las funciones de los representantes titulares del Consejo de Participación Indígena son: 1. Acompañar a las Comunidades Indígenas de los Pueblos que representan en la formulación de proyectos participativos de desarrollo comunitario. 2. Fortalecer a las Comunidades Indígenas en la organización e inscripción de su Personería Jurídica. 3. Promover la Participación de las Comunidades Indígenas en el Programa Nacional de "Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas" (ejecución Ley Nº 26.160, Decreto 1.122) y en el proceso de regularización dominial del territorio que tradicionalmente ocupan. 4. Formular propuestas de Política Indígena ante los Delegados Indígenas del Consejo de Coordinación para su evaluación e impulso en dicho Consejo. 5. Articular las líneas de trabajo con su representante regional en el Consejo de Coordinación aportando, de esta manera, la información de su pueblo y provincia al indicado Consejo. Durante 2008/2009 se renovaron los mandatos de este Consejo, a través de 41 asambleas comunitarias realizadas en 17 provincias: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones y Río Negro. Durante el año 2008 se conformó el Consejo de Coordinación (CC) y se creó el Consejo Asesor, órgano consultor de este Instituto. El Consejo de Coordinación está presidido por el Presidente del INAI e integrado por treinta representantes indígenas (1 representante por pueblo y por región) pertenecientes a 25 pueblos presentes en las regiones Noroeste, Litoral, Centro y Sur de nuestro país, catorce representantes de los Estados Provinciales 30 adheridos a la Ley 23.302, y seis representantes del Estado Nacional (Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía, y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). La Gráfica 2 muestra la composición del Consejo. 31 Gráfica 2 Composición del Consejo de Coordinación del INAI Según las funciones establecidas en el Art. 15 del Decreto Reglamentario N 155/89 de la Ley 23.302, se constituyó el Consejo Asesor, que actúa como consultor del Presidente y puede solicitar opiniones a Universidades y crear o patrocinar grupos temporarios de investigación y estudios sobre aquellos temas en que hubiese sido consultado. El Consejo Asesor está compuesto por: - Un representante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. - Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. - Un representante del Ministerio de Economía y Producción - Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. - Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto. - Un representante de la Secretaría de Seguridad - Dirección A. T. de Fronteras - Comisión Nacional de Zonas de Seguridad Ex. Comisión Nacional de �rea de Frontera. 32 33